ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 28 de noviembre de 2016

"Golpe de Estado silencioso" (Revista Proceso, 27 de noviembre, 2016)

John M. Ackerman 

La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa que para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno. 

La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. 

Sin embargo, la propuesta del Diputado César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. 

Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país. 



Desde que Felipe Calderón sacó a los militares masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir al narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales. 

Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares. 

Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código de Justicia Militar como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales. 

Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y se expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información. 

Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”. 

En contraste, la nueva ley permitiría al Presidente de la República realizar de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión. 

Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento militar en los Estados Unidos. 

El Secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado Comandante de la Legión de Mérito del Gobierno de los Estados Unidos y tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del NORTHCOM, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México. 

Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas sino que nuestra información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo de Donald Trump. 

En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia el sur. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2091
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 13 de noviembre de 2016

"Una nueva era" (Revista Proceso, 13 de noviembre, 2016)

Enrique Peña Nieto da la bienvenida a Los Pinos al candidato Donald Trump
John M. Ackerman 

La derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos constituye el último clavo en el ataúd del centrismo “moderado” y “liberal” dominante en Europa y las Américas desde la caída del Muro de Berlin en 1989. La hipócrita “tercera vía” del capitalismo de cuates “con rostro humano” ha seguido los pasos del viejo comunismo burocrático realmente existente. Ambos sistemas incumplieron trágicamente con sus promesas de garantizar el bienestar y los derechos humanos de la población. Hay que empezar de nuevo. 

En 1992 Francis Fukuyama anunció el supuesto “fin de la historia” a raíz del derrumbe del comunismo en Rusia y Europa del Este. Hoy somos testigos de lo que podríamos llamar “el fin del fin de la historia”. De nuevo se configuran dos polos en disputa, pero esta vez la batalla no será entre los países del “primer” y el “segundo” mundo, sino entre los de arriba y los de abajo al interior de todos los países del planeta. 

Los Estados Unidos llega tarde a la ola mundial de repudio a un sistema plutocrático que cada vez genera más desigualdad y aleja el ciudadano común de la política. La rebelión empezó en Sudamérica con una serie de históricas victorias populares de la izquierda en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Posteriormente, hubo réplicas fallidas en el Medio Oriente con la “Primavera Árabe” y en los Estados Unidos con Occupy Wall Street. Y en los años recientes la ola de repudio al statu quo ha encontrado una causa electoral en movimientos como el de Syriza en Grecia, Podemos en España y los fenómenos de Jeremy Corbyn en Reino Unido y Bernie Sanders en EU. 
Protestas anti-Trump en Estados Unidos
La reacción de la derecha más retrógrada a esta ola de movilización popular a favor de una justicia verdadera y la democracia auténtica no se ha hecho esperar. Michel Temer, Mauricio Macri, Marine Le Pen, Henry Ramos Allup y Donald Trump son las caras más visibles de un sistema de privilegio oligárquico que se niega a morir. Frente a la amenaza que implica los movimientos a favor de la democracia popular, los dueños del mundo han decidido despojarse de sus hipócritas máscaras de “demócratas liberales” para entrar directamente en la lucha desencarnada en defensa de sus intereses. 

Trump constituye, desde luego, una amenaza seria para el mundo entero, y para México y los mexicanos en particular. A lo largo de su campaña electoral Trump nunca dudó en demonizar al pueblo mexicano con insultos racistas y epítetos culturalistas, así como amenazar con deportaciones masivas de mexicanos, la construcción de un muro en la frontera y una guerra económica en contra del país. Tal como lo ha comentado Rafael Barajas “El Fisgón”, los mexicanos cumplimos la misma función para Trump que los judíos cumplían en su momento para Adolfo Hitler. Somos los chivos expiatorios para los graves problemas económicos y geopolíticos que hoy sufren los estadounidenses. 

Pero las diferencias entre Trump y Clinton son más de forma que de fondo. El Partido Demócrata y el Partido Republicano constituyen dos caras de la misma moneda de dominación oligárquica e imperial. Lo que se celebró el pasado martes, 8 de noviembre en los Estados Unidos en realidad no fue más una elección interna dentro del partido de Estado dominante para decidir a quien le tocaría representar la derecha en la Casa Blanca. 

Obama nunca fue un “amigo” de los mexicanos. Deportó más mexicanos, casi 2 millones, que cualquier otro presidente estadounidense en la historia y fortaleció de manera significativa la “seguridad” de la frontera entre México y los Estados Unidos. Hoy ya existe una barrera de acero a lo largo de grandes extensiones de la línea fronteriza. 

Obama y Clinton juntos también han impulsado con gran fervor el desmantelamiento de nuestra economía nacional, la privatización del petróleo, el saqueo de los recursos naturales y la violación generalizada de los derechos humanos por medio de la militarización de la seguridad pública. Su apoyo para las administraciones fraudulentas, asesinas y corruptas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido irrestricto. 

Así que no será culpa de la elección de Trump el agravamiento de la crisis económica en la cual ya nos encontrábamos inmersos o el renovado ataque a los derechos humanos de los connacionales en los Estados Unidos. La responsabilidad la tenemos nosotros, los mexicanos, por no haber sido capaces de generar un gobierno digno que defienda tanto la soberanía nacional como la diáspora mexicana al otro lado de la frontera norte. 

Pero la buena noticia es precisamente que, a pesar de todo, México sigue siendo un país independiente y su destino no depende de quien despache en la Oficina Oval sino de las decisiones que tomemos los mexicanos. Y tenemos una larga tradición de dos siglos de luchas populares y revolucionarias desde abajo que hoy nos será más útil que nunca. Si Cuba ha sido capaz de resistir durante casi sesenta años a los brutales y constantes ataques desde el imperio, México también podrá aguantar el actual invierno Trumpista. 

En esta lucha contaremos con grandes aliados en el norte. Habría que recordar que si bien Trump se impuso por medio del voto indirecto del Colegio Electoral, en realidad perdió la votación popular. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses repudian a su nuevo presidente y los jóvenes, sobre todo mexicanos, latinoamericanos y afroamericanos, ya se movilizan en su contra. 

La lucha común en contra de “Enrique Trump”, dos personajes que desprecian profundamente la cultura y la historia mexicanas, tendrá que unir los pueblos de Norteamérica en una gran batalla regional por la justicia, la paz y una democracia verdadera de ambos lados de la frontera. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2089
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

lunes, 31 de octubre de 2016

"¿Quién 'jode' a México?" (Revista Proceso, 30 de octubre, 2016)

Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y Javier Duarte
John M. Ackerman

“La enorme empatía entre nuestro futuro presidente de la República y el gobernador del estado augura tiempos promisorios para Veracruz". Son las palabras del entonces Presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pronunciadas unos días después de la elección presidencial de 2012 en una visita a Veracruz. Después de regalarle un efusivo abrazo a Javier Duarte, el futuro Secretario de Energía de Enrique Peña Nieto continuó señalando que el veracruzano “es un joven gobernador priísta que…ha mostrado excelentes destrezas para gobernar, convicciones sociales inquebrantables y una actitud de puntual responsabilidad que el PRI nacional hoy viene a su propia casa a reconocer”. 

No era para menos. Unos seis meses antes, el viernes 27 de enero, la PGR había detenido a dos colaboradores del Gobernador de Veracruz transportando en un avión oficial dos maletas con un total de 25 millones de pesos en amplios fajos de billetes sin poder acreditar ni su origen o destino. El gobierno de Duarte luego “aclararía” que el dinero supuestamente era para “la contratación de artistas y materiales de promoción” para la Cumbre Tajín y que no hicieron el depósito via transferencia bancaria porque “les habían agarrado las prisas”. Solamente el Instituto Federal Electoral (IFE), en su eterna complicidad y compromiso con la impunidad, les compró el cuento. Todos los demás tuvimos perfectamente claro que el destino de este dinero muy probablemente era para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto. 

Recordemos que quien antecedió a Coldwell como Presidente del PRI, Humberto Moreira, recientemente fue detenido en España por acusaciones de lavado de dinero remitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Moreira, cercano a Elba Esther Gordillo, presidía el PRI cuando este instituto político decidió que Peña Nieto sería su abanderado presidencial. 

La renuncia anticipada y fuga sorpresiva de Duarte evidentemente fue pactada directamente con su amigo Peña Nieto. El gobernador de Veracruz tenía miedo de que su otrora aliado y también cercano colaborador de Gordillo, Miguel Angel Yunes, lo apresaría en el momento que terminara su mandato. Coreografiaron muy cuidadosamente la fuga del mandatario estatal para que la orden de aprensión llegara justo unas horas después de que Duarte y su familia se hubieran desaparecido del mapa.

Fue un operativo muy similar a lo ocurrió en el caso del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aguirre también pidió licencia con el fin de negociar la impunidad por las acusaciones en su contra por desvíos millonarios del erario estatal así como su evidente protección del Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Jesús Murillo Karam también hoy camina libre por las calles, aún después de su papel tan lamentable y encubridor desde la PGR en el mismo caso.

Hace un año, a Joaquín “El Chapo” Guzmán también lo dejaron escapar de Almoloya por medio de un túnel construido con la evidente complicidad de las autoridades gubernamentales. Y desde hace años, los ex-gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se encuentran prófugos de la justicia acusados de tener fuertes vínculos con el crimen organizado. 

A veces el sistema político ve la necesidad de reaparecer y detener temporalmente a los delincuentes para dar la impresión de su supuesta voluntad de combatir al crimen. Por ejemplo, la semana pasada, el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, apareció como por arte de magia después de dos años de estar supuestamente “buscado” por la justicia. No lo encontraron en la India, en Hawai o siquiera en Madrid, sino en Iguala en su propia casa después de haber visitado a su esposa. Al Chapo Guzmán también le llamaron de regreso a la cárcel a principios del año después de dejarlo divertirse un rato con Sean Penn y Kate del Castillo en las montañas del “Triángulo dorado”. Con el actual gobierno, el encubrimiento de la delincuencia organizada se ha convertido en una política de Estado. 

Ahora, en agradecimiento por su servicio al narcogobierno, la ahora ex-procuradora Arely Gómez ha sido enviada a la Secretaría de la Función Pública para desde ahí consolidar la simulación autoritaria. Y en su lugar en la PGR, Peña Nieto ha colocado a uno de los abogados más leales al PRI en todo el país, Raúl Cervantes, quien no tendrá otro encargo que esconder todas las fechorías del sexenio antes de que termine el gobierno para asegurar una plena impunidad transexenal. Estos movimientos burocráticos serían risibles si no fueran tan indignantes y deleznables.

Peña Nieto nos ha pedido el beneficio de la duda. Señala que el Presidente de la República no se levanta todas mañana planeando como “joder a México” sino que estaría haciendo su mejor esfuerzo por sacar adelante el país en condiciones difíciles.

Miente el ocupante de Los Pinos. Cada día más mexicanos nos damos cuenta de que Peña Nieto no busca ayudar o defender a México sino que tiene la clara intención de destruir nuestra historia, cultura y recursos naturales con el fin de convertir el país en una colonia más de los Estados Unidos, sin dignidad ni orgullo. Peña Nieto no es un hombre inocente de buenas intenciones, sino el capitán de un barco totalmente podrido y a la deriva decidido a hundirnos a todos en un enorme pantano de sangre, impunidad y corrupción. 

Sin embargo, a pesar de todo, la sociedad mexicana mantiene su frente en alto e insiste con enorme valentía en la posibilidad de construir un nuevo régimen democrático y honesto. Así como David derrotó a Goliath, también lo podemos hacer armados con las hondas de la esperanza.


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 17 de octubre de 2016

"Los presos políticos de Mancera" (Revista Proceso, 16 de octubre, 2016)

John M. Ackerman

Desde el 1 de diciembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Ángel Mancera han buscado desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social. Durante el proceso de aprobación de las “reformas estructurales” energética, educativa, de telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos.

El objetivo era infundir miedo y zozobra entre la población, sobre todo entre los jóvenes indignados, quienes ya habían demostrado su gran capacidad de acción y de convocatoria durante el movimiento #YoSoy132. La violencia y las detenciones arbitrarias, ambas fomentadas desde el gobierno, tenían la función de desalentar la movilización social masiva en contra de la consolidación autoritaria en la capital del país.

Pero los aires de la política capitalina empiezan a cambiar. Las contundentes victorias electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015 y 2016 marcan el inicio de una nueva hegemonía política en la Ciudad de México. Ahora, ocasionalmente se permite a las marchas entrar a la plancha del Zócalo y desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se promueve una importante Ley de Amnistía. Esta ley, que ya fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, permitiría sacar de la cárcel a los cuatro presos políticos que aún se encuentran encerrados (Luis Fernando Sotelo, Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés), así como limpiar totalmente el historial de cientos de otras personas, la mayoría jóvenes, que han sido injustamente acusadas o encarceladas por el gobierno represor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2012.

La aprobación de la Ley de Amnistía dejaría un precedente fundamental a escala nacional e internacional, ya que implicaría un reconocimiento oficial de la existencia de presos políticos en México. La prensa nacional e internacional, aliada con Washington, no duda ni un segundo en señalar y exigir hipócritamente la liberación de presos políticos en países como Venezuela, Rusia y Cuba, pero dan la espalda a los cientos de presos que tenemos aquí en casa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. Apenas hace unos 15 días, el gobierno perredista de Silvano Aureoles detuvo y encarceló arbitrariamente a 48 normalistas indígenas de Michoacán con el fin de diezmar su movimiento a favor de la educación pública, crítica y gratuita en el estado y todo el país.

Mancera ha recurrido a sus artimañas de siempre para torpedear la posible aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Morena. Por un lado, ha enviado a su consejero jurídico, Manuel Granados, a argumentar de manera espuria que la ley supuestamente violaría la Constitución al rebasar las competencias de la Asamblea Legislativa establecidas por el artículo 122 de la Carta Magna. El argumento es falso, ya que todos los cargos son por delitos del fuero común y a nivel local, los cuales se encuentran plenamente dentro del ámbito de acción del Poder Legislativo local.

Por otro lado, como por arte de magia, el miércoles pasado aparecieron de nuevo provocadores protagonizando desmanes en la avenida Insurgentes Sur en contra de un metrobús. Llama mucho la atención que este tipo de actos violentos, que buscan desprestigiar a los legítimos luchadores sociales, ocurran justo en el momento en que la Asamblea Legislativa se encuentra a punto de aprobar la Ley de Amnistía.

Pero la urgente libertad de Luis Fernando, Alejandro, Fernando y Abraham, así como la aprobación de una amnistía generalizada para todos los jóvenes y ciudadanos acusados falsamente por el gobierno de Mancera, es apenas el primer paso. Por ejemplo, la Coordinadora 1DMX (véase: http://ow.ly/GwMf3059biv) y la Liga de Abogados 1DMX exigen también la reparación integral del daño a todas las víctimas, una disculpa pública de parte de Mancera, un castigo ejemplar a los responsables de la violación sistemática a los derechos humanos en la capital y reformas legales para garantizar la no repetición de actos represivos.

Hasta la fecha, ni un solo policía, mando policiaco o alto mando ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa. Existe una impunidad absoluta tanto para los autores intelectuales como para los materiales de esta política de Estado de represión e intimidación en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Asimismo, los retrógrados delitos de “ultrajes a la autoridad”, “rebelión”, “ataques a la paz pública”, “sabotaje”, “motín” y “sedición”, así como los ordenamientos represivos incluidos en la Ley de Movilidad y el Protocolo de Contención de Multitudes, hoy se encuentran todavía plasmados en la norma, listos para aplicarse en cualquier momento en la siguiente protesta o marcha.

Para realmente alcanzar la justicia, la Asamblea Constituyente, actualmente en sesiones, tendría que establecer candados claros en la nueva Constitución de la Ciudad de México que garantizaran la derogación de todas estas figuras legales represivas. También habría que incluir un transitorio en la nueva Carta Magna que establezca una Comisión de la Verdad que llegue al fondo de los hechos represivos, repare el daño a las víctimas y castigue a los culpables, en todos los niveles, por la alta traición de Mancera en contra de los principios democráticos en la capital.

Publicado en Revista Proceso No.2085
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 2 de octubre de 2016

"Guerrero se levanta" (Revista Proceso, 2 de octubre, 2016)

Gonzalo Molina, preso político en Guerrero
John M. Ackerman

El estado de Guerrero siempre se ha caracterizado como un sitio de lucha, de dignidad y de conciencia particularmente transformador. Desde el siglo XIX, José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez protagonizaron batallas clave, primero en la lucha por la Independencia y después en la derrota de los imperialistas y conservadores. Durante la Revolución, el pueblo de Guerrero su sumó a la lucha de Emiliano Zapata y convirtió a la entidad en una zona rebelde y radical.

Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, las contundentes luchas estudiantiles, campesinas y guerrilleras en Guerrero pusieron en jaque al estado autoritario priista y pavimentaron el camino hacia la esperanza democrática en todo el país. Hoy los jóvenes de Ayotzinapa, los pueblos indígenas, los maestros democráticos y los policías comunitarios en el estado están dando una continuidad ejemplar a estos históricos combates.

Sin embargo, hoy como antes, las luchas populares han tenido que enfrentarse a un Estado represor que prefiere aliarse con los criminales y los caciques en lugar de apoyar las causas ciudadanas. La violencia, la represión y la criminalización de la protesta social han sido la norma a lo largo de la historia en esta combativa entidad.

La situación se agravó a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, en diciembre de 2012. Con el fin de generar las condiciones para la aprobación y aplicación de las “reformas estructurales” neoliberales del Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, desde sus respectivos gobiernos, simultáneamente agudizaron la represión en contra de los movimientos sociales en el país y dejaron sueltos a los delincuentes para infundir miedo en la población.
El historiador Enrique Krauze recibe galardón del Gobernador Héctor Astudillo
En Guerrero, las baterías se dirigieron con particular saña en contra de los tres grupos más conscientes y movilizados del estado: los estudiantes de las escuelas normales, los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La desaparición forzada de 43 alumnos y la ejecución de otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fue la consecuencia directa de la instauración de esta estrategia antimovimientos sociales en todo el país. El acoso constante a la CETEG, con múltiples órdenes de aprehensión contra sus líderes y la fatal golpiza de Claudio Castillo por la Policía Federal en Acapulco, en 2015, también forma parte de esta estrategia.

La criminalización de los policías comunitarios es particularmente escandalosa y cínica. En muchas comunidades estas organizaciones absolutamente legales, de acuerdo con la ley 701 del estado de Guerrero, constituyen la única herramienta de los pueblos para defenderse de los delincuentes coludidos con los aparatos de seguridad pública. El propio Xavier Olea, fiscal de Guerrero y exabogado de Raúl Salinas de Gortari, ha aceptado públicamente que tanto los policías municipales como su propia policía judicial están infiltrados hasta la médula por el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno represor prefiere seguir trabajando de la mano de la delincuencia a arriesgarse a permitir un empoderamiento social que podría poner en riesgo los grandes negocios transnacionales en la minería y la heroína.

La dirigente de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, recientemente fue liberada después de más de dos años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, con enorme cinismo, tanto la Fiscalía General del Estado de Guerrero como la Procuraduría General de la República han impugnado las sentencias y buscan volver a apresar a esta digna luchadora social. Mientras, grandes líderes sociales como Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez siguen desde hace tres años en la cárcel, acusados de delitos totalmente fabricados. Ninguno de los tres ha sido condenado por delito alguno, sino que se encuentran en “prisión preventiva”, como un castigo impuesto desde el poder por su osadía de no someterse al narcogobierno.

Gonzalo es un gran dirigente indígena de Tixtla con una cultura política y un análisis particularmente profundo de la coyuntura nacional. Lee, escribe y pinta constantemente en la cárcel. Su labor principal en la CRAC era la de filtrar el ingreso de nuevos elementos a la policía comunitaria. Evitaba así que la organización fuera invadida tanto por los delincuentes como por el gobierno. También participó en el desarme comunitario de la corrompida policía municipal de Tixtla. Su liderazgo había crecido tanto que el gobierno decidió detenerlo el 6 de noviembre de 2013, para evitar un empoderamiento más generalizado de la población en esta plaza estratégica para la delincuencia organizada.

Samuel tenía apenas 18 años cuando fue detenido por el Ejército en octubre de 2013, mientras participaba en un operativo para capturar a un grupo de delincuentes en la comunidad indígena de Metlatónoc, Guerrero. En lugar de perseguir a los delincuentes, el Ejército prefirió aprehender a Samuel, junto con 11 de sus compañeros, por “portación de armas”.

La semana pasada visitamos personalmente a Gonzalo y Samuel en el penal estatal de Chilpancingo para expresar nuestra solidaridad con su causa y exigir su libertad inmediata. Tuve el honor de acompañar a una comitiva organizada por el presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, en la cual también participaron diputados del mismo partido, como Guillermo Santiago, Ariel Juárez y Citlali Hernández. Contrasta este compromiso social de Morena con la actitud servil del académico Enrique Krauze, quien unos días antes había recibido la presea Sentimientos de la Nación de las manos del gobernador Héctor Astudillo sin hacer mención alguna a la injusta criminalización desde el Estado de quienes hoy siguen el legado y el ejemplo de Morelos.

Quienes tendrían que estar en la cárcel son las autoridades cómplices del crimen y los policías represores, no los luchadores sociales. México se encuentra de cabeza y nos toca a todos poner nuestra parte para ponerlo de pie. Exijamos juntos la libertad inmediata de Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, así como de todos los presos políticos y de conciencia de México.

Publicado en Revista Proceso No. 2083
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 18 de septiembre de 2016

"Recortes asesinos" (Revista Proceso, 18 de septiembre, 2016)

José Antonio Meade, flamante Secretario de Hacienda
John M. Ackerman 

Ya no alcanza el presupuesto para nuevas escuelas y hospitales, ni para la cultura o el combate a la corrupción, tampoco para invertir en la industria petrolera nacional. Pero sobra el dinero para pagar la deuda a los bancos, financiar la industria militar y contratar asesinos. Cada día caen más mártires en la lucha por la transformación del régimen mexicano. La semana pasada fueron ejecutados a tiros en Oaxaca tanto el joven fundador de Morena en la Mixteca, Agustín Pavía, como el dirigente magisterial de la Sección XXII, Jorge Vela. 

La brutalidad del Estado mexicano y el recorte presupuestal constituyen dos lados de la misma moneda. La crisis económica -- durante el segundo trimestre de 2016 la economía ya inició su camino hacia la recesión con una contracción de 0.3% -- y el abandono del gobierno a sus responsabilidades, cada día generan más indignación social. Los oligarcas se sienten amenazados y, en lugar de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que genere bienestar para todos, prefieren fugarse a sus mansiones en el extranjero y exigirle al gobierno mexicano que reprima cualquier expresión de descontento ciudadano. 

Es falso que el Estado neoliberal sea minimalista o débil. Al contrario, el neoliberalismo requiere de un Estado cada vez más “fuerte” y dispendioso, desde luego no como garante de derechos y proveedor de servicios al pueblo, sino como órgano represor y activo cliente de los mercados financieros. 

Agustín Pavía, dirigente de Morena ejecutado en Oaxaca
Por ejemplo, a la víspera de los cobardes asesinatos de Pavia y Vela en Oaxaca, Peña Nieto había transformado la celebración del Día de los Niños Héroes, 13 de septiembre, en una oportunidad más para ensalzar a las fuerzas militares. Flanqueado por los Secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, el ocupante de Los Pinos señaló que la mejor forma para “fortalecer la soberanía nacional” es con la fabricación de armas letales. 

Así que, en contraste con el colapso de la capacidad productiva de la economía nacional, resulta que la industria militar se encuentra en pleno auge. Como resultado del apoyo de los Estados Unidos y los aumentos sistemáticos al gasto militar, México ha renovado sus fábricas de armas. “Todavía hasta hace dos años existía mucha maquinaria obsoleta o antigua…hoy 80% de la maquinaria es moderna”, indica el General Fausto Lozano, Director General de Industria Militar (véase entrevista completa aquí: http://ow.ly/1waZ304fd3E). 

Lozano presume que hoy México produce 18 millones de cartuchos y 15 mil fusiles al año, “pero con la modernización en 2017 estaremos produciendo 30 mil, entre otras armas”. El reportaje también desliza la idea de que si bien estas armas son de uso exclusivo de las fuerzas militares “se planea que en el futuro se vendan a corporaciones policiacas” e incluso al extranjero. 

Mientras, México extraerá, refinará y exportará cada vez menos petróleo. De acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, PEMEX será recortada por la cantidad de 100 mil millones, más de 40% de la reducción presupuestal total, que alcanza 1.2% del PIB. Ello implicará el despido de miles de trabajadores petroleros y la reducción a cero la cantidad de pozos exploratorios. 

En 2017 las nuevas exploraciones y las contrataciones correrán exclusivamente a cargo de los oligarcas apátridos y las empresas petroleras transnacionales. Se consolida el saqueo a nuestro oro negro y se vuelve hoy más urgente que nunca tomar las riendas del poder en 2018 para parar la destrucción de la Nación. 

El flamante Secretario de Hacienda y encubrir profesional de las corruptelas de sus jefes, José Antonio Meade, también propone para 2017 un dramático recorte a la salud, la educación, la investigación científica, la cultura y el combate a la corrupción. 

Si los partidos del “Pacto por México” mantienen su lealtad al amigo de Donald Trump que despacha en Los Pinos, el próximo año la educación pública recibirá 10% menos que lo presupuestado en 2016, la salud pública será recortado por 10.8%, CONACYT sufrirá una reducción de 23.3% y la nueva Secretaría de la Cultura tendrá que reducir en 30% sus gastos. La Secretaria de la Función Pública también será recortado, por 5%, lo cual constituye una caída acumulada de 25% en relación al inicio del gobierno de Peña Nieto en 2012. 

En contraste, en 2017 los pagos realizados por el Estado mexicano a los bancos por concepto de servicio a la deuda pública se aumentarán en 18.9%, para alcanzar la cifra de 568 mil millones de pesos. Este monto que todos los mexicanos regalaremos a los organismos financieros es más de doble de la cantidad que gastará la Secretaría de Educación Pública, más de cinco veces el gasto en salud y casi diez veces más que el monto que se invertirá en las instituciones de educación superior federales, incluyendo la UNAM y el IPN. 

Los presupuestos transparentan los verdaderos intereses de los gobiernos. Más allá de la demagogia y los discursos, es en el presupuesto que se puede contar con pesos y centavos las prioridades y los proyectos oficiales. 

Para quien tuviera alguna duda al respecto, resulta que el gobierno actual no tiene absolutamente ningún interés en fortalecer la educación pública, enaltecer la cultura, fomentar la investigación, combatir la corrupción o desarrollar a la Nación. Lo único que le interesa a Peña Nieto es servir a Trump, Clinton y a todos los amos del norte, poniendo toda la fuerza del Estado mexicano a su servicio con el fin de terminar de avasallar al pueblo mexicano y violentar la dignidad nacional. ¿Lo permitiremos? 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2081
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 4 de septiembre de 2016

"Oaxaca vive" (Revista Proceso, 4 de septiembre, 2016)

John M. Ackerman

Desde tiempos inmemoriales Oaxaca ha sido un pueblo de lucha, de resistencia y de dignidad. Sus profundas raíces indígenas y arraigado sentido de comunalidad siempre han chocado con la lógica del saqueo y la corrupción impuesta desde la Colonia y vigente hasta la fecha bajo la égida del neoliberalismo. 

Frustrado por su incapacidad de someter a un pueblo tan fuerte y consciente, el poder ha respondido una y otra vez con violencia y represión. La masacre cometida por el Estado el pasado 19 de junio en Asunción Nochixtlán constituye la continuación de más de 500 años de ataques sistemáticos en contra de los pueblos de la Mixteca, una de las zonas más aguerridas del Estado y del país. Y la detención arbitraria de docenas de presos políticos ha sido práctica común a lo largo de la historia de Oaxaca con el fin de apaciguar el fuego de la rebelión de los de abajo. 

En 1996, el Presidente Ernesto Zedillo y el Gobernador Diódoro Carrasco detuvieron arbitrariamente y torturaron cientos de indígenas zapotecos de la comunidad de San Agustín Loxicha en Pochutla, Oaxaca con el fin de evitar una réplica del levantamiento social que había ocurrido dos años antes en Chiapas con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No importaba si los detenidos eran culpables o no de algún delito. El objetivo era asustar y escarmentar a toda la población. 
Los hijos del periodista César Mendoza exigen su libertad inmediata
Hoy, veinte años después, siguen presos seis grandes líderes sociales Loxichas por delitos que jamás cometieron. La supuesta “transición democrática” no les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. 

En el momento de su detención, Agustín Luna servía como Presidente Municipal Constitucional y Fortino Enríquez como Síndico Municipal. Ambos hoy purgan sus condenas en el penal de Ixcotel en la Ciudad de Oaxaca, junto con sus colegas Justino Hernández (quien tenía apenas 20 años cuando fue detenido), Abraham García y Álvaro Ramírez. Un sexto integrante del grupo, Zacarías García, se encuentra recluido en el penal federal de Miahuatlán. 

El pasado viernes, 26 de agosto acudimos una comisión de periodistas, académicos y legisladores al penal de Ixcotel para visitar a los presos políticos. Tuvimos la oportunidad de dialogar con los dirigentes sociales y recibir de sus manos cartas profundas y conmovedoras. En su misiva, Agustín Luna explica que “nuestro único delito es ser indígena zapoteco del sur, vivir en la marginación y pobreza extrema, trabajar de la mano con nuestros hermanos del pueblo, y pensar diferente a la clase en el poder” (texto completo disponible aquí: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/01/cartasloxichas.pdf).

También tuvimos el honor de encontrarnos en Ixcotel con la nueva generación de presos políticos, jóvenes héroes para quienes la supuesta “transición democrática” no es sólo un mito sino también una burla cruel. 

Adán Mejía, en pie de lucha
Por ejemplo, César León Mendoza es un fotoperiodista indígena de 34 años de edad con tres hijos, de 9, 7 y 2 años, y fundador de medios independientes, como “La Otra Oaxaca TV”. Fue detenido arbitrariamente y golpeado por policías vestidos de civil después de haber cubierto la movilización magisterial del 20 de noviembre de 2015. César también es responsable del área de comunicación de la Unión Campesina e Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO-EZ). 

Adán Mejía, de 35 años, detenido el 17 de enero de 2015, es un importante dirigente indígena, estudiantil y social quien formó parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y ha luchado más recientemente dentro del Colectivo Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha (UACOL). Esta organización busca conseguir espacios dignos de trabajo para artesanos y comerciantes oaxaqueños, sin el pago de “cuotas priistas” por lugares y sin la intermediación comercial de coyotes de las artesanías. 

Tanto César como Adán han acompañado las luchas de la Sección XXII de la CNTE y su detención constituye un esfuerzo del Estado por evitar la solidaridad con la lucha magisterial de parte de organizaciones sociales afines. Ninguno de los dos jóvenes ha sido condenado por delito alguno, sino que están apenas sujetos a proceso por delitos fabricados. Deberían ser puestos inmediatamente en libertad de acuerdo con las nuevas reglas del sistema penal acusatorio. 

Con respecto al magisterio oaxaqueño, si bien los dirigentes de la Sección XXII fueron liberados recientemente, siguen hoy recluidos un grupo de cinco maestros que fueron detenidos arbitrariamente por policías vestidos de civil, desaparecidos temporalmente y torturados el 17 de mayo de 2013. Leonel Manzano, Mario Olivera, Lauro Grijalva y Damián Gallardo se encuentran hoy recluidos en el penal de Puente Grande en Jalisco y Sara Altamirano en el CEFERESO de Cuernavaca, Morelos. Los cinco tampoco han sido condenados por delito alguno, sino que tienen tres años en prisión preventiva. 

Desde la cárcel, Mario Olivera escribe: “De lo que se me puede acusar es de pertenecer a la sección XXII de la CNTE y luchar siempre en comunión con los trabajadores en defensa de sus derechos laborales, sindicales y mejores condiciones de vida, en defensa de la educación pública, y por la democratización de nuestro gremio y estar del lado de los movimientos y causas sociales justas de nuestro pueblo”. 


Por su parte, Leonel Manzano escribe que irónicamente la cárcel le ha acercado a la poesía y comparte el siguiente verso: “Así lo entiendo, me queda claro. Puente Grande es el castigo por portar los gallardetes en pos de la libertad. Puente Grande es el espectro que apoltrona mis lluvias de consignas vueltas himnos del cantor. Puente Grande pretende ser el sedimento, el polvo del olvido arrojado a nuestra lucha. Y yo, terco, obstinado. Grito mi silencio y plasmo mi discurso carente de la estética apropiada.” (texto completo aquí: http://soberaniapopularmx.blogspot.mx/p/autobiografia-del-presos-politico.html

Quien tenga todavía dudas sobre la continuidad del régimen autoritario sólo tiene que visitar los penales del país para conocer los cientos de presos políticos que constituyen una enorme mancha en el supuesto Estado de derecho mexicano. Mientras los criminales de alta peligrosidad caminan a sus anchas por las calles y en los pasillos del poder, los luchadores sociales pasan sus noches en celdas frías e inhóspitas. Libertad y amnistía inmediatas para todos los presos políticos constituye la única solución. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2079
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