ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 19 de marzo de 2017

"Trump en el banquillo" (Revista Proceso, 19 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El pasado miércoles 15, un amplio grupo de ciudadanos libres de México y Estados Unidos acompañamos a Andrés Manuel López Obrador en la entrega de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncia el carácter racista y violatorio de derechos humanos de las "órdenes ejecutivas” emitidas por Donald Trump el pasado 25 de enero. También solicitamos que la CIDH emita inmediatamente medidas cautelares para docenas de casos específicos de migrantes que hoy se encuentran bajo riesgo inminente de perder su libertad, su seguridad y su patrimonio por las acciones antimigrantes del gobierno estadounidense. 

Las órdenes ejecutivas mandatan la construcción de un muro fronterizo y abren la puerta para la expulsión masiva e indiscriminada de migrantes indocumentados. Estas acciones de Trump son el equivalente a una declaración de guerra en contra de México y los mexicanos. De la noche a la mañana, todos los mexicanos de ambos lados del río Bravo se han convertido en personas sospechosas e indeseables por el simple hecho de haber nacido en este país. 

La condición de estar indocumentado en un país extranjero de ninguna manera cancela la vigencia de los derechos humanos. Tal como el abogado redactor de la denuncia, Netzaí Sandoval, explica en la petición, las autoridades de Estados Unidos están obligadas por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 a respetar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho al asilo y las protecciones especiales para los niños, entre otros.

Las naciones tienen el derecho a regular sus fronteras, pero una vez que alguien se encuentra dentro del territorio nacional, no deben permitirse detenciones generalizadas y arbitrarias basadas en la simple sospecha de que alguno de los capturados pudiera carecer de documentos migratorios en regla. Este tipo de redadas son particularmente graves cuando están dirigidas intencionalmente en contra de un grupo étnico, racial o nacional, como es el caso actual con los mexicanos. 

El autor con AMLO en el Club Nacional de Periodistas en Washington, D.C.
Y aun cuando las autoridades hayan identificado claramente a una persona indocumentada, todavía hace falta que un juez que goce de autonomía e independencia autorice la reclusión y, en su caso, la expulsión. Ello es particularmente importante en los casos en que se pudiera poner en peligro la vida de la persona deportada o si la deportación pudiera afectar gravemente los derechos de los familiares de la persona procesada, como los niños, por ejemplo.

La misma CIDH ya se ha pronunciado respecto del carácter violatorio de los derechos humanos de las órdenes ejecutivas de Trump. 

En un comunicado de prensa del pasado 1 de febrero, la comisión expresó que "la aplicación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de circulación, entre otros. En particular, a la comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltas a los países de los cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas” (véase: oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/008.asp).

Frente a esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha tomado ninguna acción más allá de pronunciar un par de discursos vacíos, "dar la bienvenida” personalmente a un grupo de deportados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y anunciar que los consulados ahora sí prestarán el apoyo a los migrantes mexicanos que tendrían que haber estado dando desde el principio. 

Como Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México podría presentar una querella formal a este organismo, pero por alguna extraña razón a Luis Videgaray le ha temblado la mano. En contraste, López Obrador ha anunciado que llevará el caso formalmente a la ONU desde el inicio de su eventual mandato presidencial en 2018.

Si cualquier otro país del mundo tomara acciones similares a las de Trump en contra de los ciudadanos de Estados Unidos, el gobierno de aquella nación sería el primero en impugnar estas acciones discriminatorias en todas las instancias y los tribunales internacionales posibles.

Y si un gobierno distanciado de Washington, como Cuba, Venezuela o Rusia, aprobara "acciones ejecutivas” similares a las de Trump, la comunidad internacional inmediatamente las condenaría como ejemplos de un autoritarismo imperdonable. 
El abogado Netzaí Sandoval entrega la denuncia de AMLO en la CIDH
Pero Peña Nieto prefiere mantenerse calladito en espera de que su actitud servil pudiera generar alguna recompensa económica o política para él, sus amigos o sus cómplices en el corto plazo, así como impunidad y protección después de que salga de Los Pinos en diciembre de 2018.

Frente al total abandono del gobierno de Peña Nieto de sus responsabilidades públicas e internacionales, los ciudadanos tenemos la obligación moral e histórica de actuar. Ya más de 12 mil ciudadanos se han sumado a esta acción ciudadana convocada por López Obrador (véase: http://ow.ly/K0rx309ZbDz). Asimismo, se han adherido docenas de distinguidos abogados, activistas y escritores de Estados Unidos y México, incluyendo Nestora Salgado, Elena Poniatowska, Greg Grandin, Alejandro Solalinde, Genaro Góngora, Miguel Tinker-Salas, Enrique Dussel, Epigmenio Ibarra, Mark Weisbrot, José Luis Caballero y Manuel Becerra, entre muchos otros.

En lugar de interrumpir los discursos y agredir injustamente al tabasqueño, los ciudadanos libres deberíamos acompañarlo y respaldarlo como una parte esencial de nuestra lucha común a favor de la justicia, la paz y la democracia. Sólo unidos y organizados tendremos alguna posibilidad tanto de determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como de generar un nuevo régimen donde no haya ni un solo desaparecido más. 

El triunfo sólo será posible si sabemos identificar bien a nuestros adversarios. Hagamos votos para que los luchadores sociales de buena fe no vuelvan a caer en las trampas y las provocaciones del poder. E insistamos en que López Obrador cada día cumpla con mayor firmeza con su compromiso público de defender enérgicamente los derechos humanos de todos los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2107
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 6 de marzo de 2017

"Como parar el fraude de 2018" (Revista Proceso, 5 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El régimen autoritario prepara un enorme fraude para imponer en Los Pinos a quien resulte ser el candidato de la continuidad en 2018. Los capitanes del poder económico y político del país ya se dieron cuenta de que ninguno de sus candidatos logrará reunir suficientes votos para ganar limpiamente en las próximas elecciones presidenciales. La indignación ciudadana ha crecido tanto y la ineptitud gubernamental ha llegado a un extremo tan intolerable que la mayoría de los votos libres inevitablemente apoyará al único candidato antisistema viable: Andrés Manuel López Obrador. 

Este desenlace es inaceptable para quienes manejan las redes de impunidad y de saqueo. Quien no sabe "aceptar la derrota” no es el tabasqueño, sino el sistema de corrupción y violencia institucionalizada que ha malgobernado desde hace 71 años, a partir de la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. La llegada a Los Pinos de alguien honesto, digno y cercano al pueblo implicaría la pérdida de enormes negocios, e incluso posible responsabilidad penal, para una gran cantidad de individuos que hoy viven como simples parásitos del sistema. 

Las estrategias para la defraudación de la voluntad popular se modernizan y actualizan con cada elección presidencial. En 1988, simplemente "se cayó el sistema” y se reacomodaron las cifras desde la Secretaría de Gobernación para garantizar el "triunfo” de Carlos Salinas, con 51% de la votación. Posteriormente, la flamante alianza entre el PRI y el PAN, articulada por medio de la voz de Diego Fernández de Cevallos, ordenaría la destrucción de las boletas electorales para evitar cualquier cuestionamiento futuro de la legitimidad de Salinas. 

En 2006, el instituto electoral supuestamente "autónomo” utilizó técnicas un poco más sutiles de manipulación informativa para hacer lo mismo que Gobernación en 1988. Todos recordamos cómo el entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, quien había llegado a su puesto gracias a su cercanía con Elba Esther Gordillo, ordenó a los consejos distritales del instituto limitar al máximo el recuento de los votos. Posteriormente, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se negaron a permitir el escrutinio ciudadano de las boletas electorales y finalmente las mandaron destruir utilizando los mismos argumentos que en 1988. 

En 2012, se modernizó el sistema de fraude electoral complementando las viejas estrategias con algunas novedades. Nunca antes en la historia de México había fluido tanto dinero irregular en una campaña electoral. La Comisión Especial Monex, de la Cámara de Diputados, estimó que Peña Nieto había rebasado por lo menos 14 veces el tope de gastos establecido por la ley. En 2012 el enorme flujo de dinero ilegal desbordó todos los ríos, financiando cobertura mediática sesgada, encuestas cuchareadas, hackeo y manipulación digital, acarreos enormes a los actos de campaña del PRI y el operativo de compra y coacción de voto más grande en la historia de México. 

Estamos obligados a preguntarnos respecto de las fuentes de este insultante gasto electoral. El IFE jamás investigó, pero periodistas independientes, como Carmen Aristegui, han revelado que por lo menos una parte del financiamiento para las tarjetas Monex provino de otra empresa, Grupo Comercializador Cónclave, que es manejado por uno de los operadores financieros más importantes del Cártel de Juárez (véase: http://ow.ly/xaPa309wdYa). 


El régimen autoritario ya viene ensayando nuevas estrategias de fraude para complementar las ya utilizadas en 1988, 2006 y 2012, y así evitar tener que reconocer su inminente derrota en 2018. Uno de los mecanismos nuevos más importantes es la utilización de las redes sociales para sembrar pánico y miedo entre la población. 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones para gobernador de Veracruz, en 2016, circularon miles de mensajes apócrifos vía WhatsApp, SMS, Facebook y Twitter con "información” de posibles actos de violencia que pudieran ocurrir el día de las elecciones, con el fin de que los ciudadanos libres no salieran de sus casas para participar en los comicios. Simultáneamente, se protagonizaron algunos actos de violencia estériles —evidentemente provocados y que no "pondrían en riesgo la validez de las elecciones” desde un punto de vista legal— con el fin de generar notas periodísticas que validaran la histeria circulante vía redes sociales. 

Esta estrategia del miedo se perfeccionó en el contexto de las protestas contra el gasolinazo a principios del año en curso. Tal y como ya hemos documentado en estas páginas, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en América Latina han aplicado sistemáticamente estrategias de "guerra psicológica” por lo menos desde el golpe de Estado orquestado por Washington en Guatemala en 1954 (véase: proceso.com.mx/469711/saqueadores). 

¿Cómo derrotar la cuarta generación de fraude electoral que ya se viene preparando en los corrillos del poder? 

Con una enorme alegría popular y una masiva participación ciudadana que no solamente retaca las urnas con votos dignos sino que también llena los espacios públicos y las redes sociales con una gran celebración nacional a favor del inicio de un nuevo régimen. 

No podemos esperar que surja espontáneamente otro movimiento de dignidad juvenil, como el de #YoSoy132, en 2012, sino que tenemos que organizarlo e impulsarlo desde ahora. Y el día de las elecciones presidenciales no podemos limitarnos a solamente depositar nuestros votos, sino que también tenemos que reu­nirnos en todas las plazas públicas del país, pacíficamente y con gran alegría, para demostrar tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al régimen de oprobio que ha llegado la hora para que mande el pueblo. 

No podemos confiar en el INE, pero sí ha llegado la hora para confiar en nosotros mismos. Quienes se resisten al cambio son en realidad muy pocas personas, aunque cuentan con grandes recursos y buscarán infundir miedo y zozobra entre la población. Nosotros somos más y, si nos organizamos, podemos ahogar fácilmente el miedo y las mentiras con una enorme ola de alegría y participación ciudadana. Hasta la victoria, siempre. 

@JohnMAckerman 

Publicado en Revista Proceso No. 2105
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 20 de febrero de 2017

"Derecha dividida, izquierda unida" (Revista Proceso, 19 de febrero, 2017)


John M. Ackerman

Una de las grandes debilidades de la izquierda en el mundo, y en particular en México y América Latina, ha sido su tendencia a las divisiones y los pleitos internos. Las fuertes convicciones y la pluralidad ideológica de quienes militan en movimientos progresistas, combinado con las infiltraciones y las cooptaciones desde el poder, producen un caldo de cultivo para la generación de constantes debates y conflictos. Esta situación convierte este tipo de movimientos en sumamente vulnerables a los ataques electorales, sociales y represivos desde el Estado y los poderes fácticos. 

En contraste, la derecha suele caminar unida. El dinero y el negocio de la impunidad son sus grandes lubricantes. Entre personas sin principios pero con grandes ambiciones, no hay división ni berrinche que no se pueda resolver con un cañonazo de miles de dólares. Y la profunda red de complicidades entre los integrantes de la mafia no permite a nadie confrontar con demasiada fuerza a su adversario, so pena de ser expulsado del paraíso de la protección del poder. 

Sin embargo, actualmente en México nos encontramos de repente en una situación excepcional en que la izquierda camina unida mientras la derecha se deshace en mil partes. 

La fallida marcha de “Vibra México” constituyó un excelente botón de muestra de la descomposición de la derecha. En 2004, un grupo de convocantes muy similar al de “Vibra México” logró sacar docenas de miles de personas vestidos de blanco a las calles para protestar en contra del gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, y supuestamente también a favor de una mejor seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas de esas mismas convocantes, como María Elena Morera y Isabel Miranda de Wallace, después evidenciarían su claro sesgo ideológico al respaldar las fallidas políticas de Felipe Calderón que empeoraron la seguridad pública y hundieron a todo el país en un baño de sangre. 

Hoy, 13 años después de aquella marcha, menos de diez mil personas respondieron a la nueva convocatoria a una “marcha blanca”. Y quienes aportaron la verdadera “buena vibra” no eran los convocantes de derecha sino quienes desobedecieron la consigna de comportarse de manera “respetuosa” con el gobierno de Enrique Peña Nieto y prefirieron mostrar pancartas llenas de expresiones de repudio tanto para Donald Trump como para el presidente mexicano. 

La marcha se dividió en dos partes. De un lado de la valla en el Ángel de la Independencia se colocaron los seguidores de Miranda de Wallace, quien tuvo que salir corriendo de la manifestación frente a las expresiones de repudio en su contra. Del otro lado, caminaron por separado cada uno de los convocantes a la “Marcha por la unidad”, demostrando la gran desconfianza y divisiones que existían entre los mismos grupos convocantes. 


Mientras, figuras tan cuestionadas como Bernardo Gómez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Claudio X. González, María Amparo Casar, Leo Zuckermann, y Chumel Torres todos asistieron a la marcha, pero muy pocos siguieron su ejemplo. La desconfianza generalizada en las instituciones públicas y los partidos políticos ya ha alcanzado también a las figuras de la sociedad civil supuestamente “puras” e “independientes”. 

En contraste, del lado izquierdo del espectro político, la sociedad se une cada vez más con el proyecto y el movimiento de López Obrador. Docenas de miles de personas, de una variedad de agrupaciones sociales y partidos políticos, han acudido a cada una de las plazas públicas que ha visitado el tabasqueño para firmar su adhesión al Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con miras hacia 2018.

El PRD se desfonda de una manera estrepitosa y la farsa de las candidaturas “independientes” cada vez se hace más evidente. En cambio, el Presidente del Partido Morena ha sido la única figura política capaz de llenar el enorme vacío de dirección y poder resultado del abandono a cualquier principio democrático de parte del gobierno de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. 

Todos ahora quieren saltarse a Morena. El reto central entonces para la izquierda ya no es como construir la tan anhelada unidad, que ya es un hecho, sino como evitar la desviación del movimiento hacia las agendas de la misma mafia del poder que busca combatir. 

En otras palabras, ¿Cómo evitar que Morena se convierta en otro PRD? ¿Cómo mantener la firme independencia del partido de quienes roban y asesinan al pueblo? 

En primer lugar, para los cargos y las responsabilidades habría que dar prioridad siempre a los líderes sociales y comunitarios, y entre ellos preferentemente a los jóvenes y las mujeres, que puedan acreditar su compromiso histórico con sus sectores o sus comunidades, por encima de los vividores que solamente se dedican a saltar de un puesto a otro. En otras palabras, habría que ejercer una clara “acción afirmativa” a favor de los líderes naturales y los nuevos cuadros. 

En general, todas las personas con expedientes limpios que quieran sumarse al movimiento deberían ser bienvenidos, pero tendrán que entrar con humildad para apoyar a quienes ya han dedicado años de sus vidas a la construcción del partido. En lugar de esperar sentados como burócratas de partido a que les regale el siguiente puesto, tendrían que formarse en la fila y ponerse a trabajar con las bases para demostrar su compromiso con el proyecto de transformación nacional. 

La tarea de construir un partido democrático, digno y honesto será posible si los militantes y los líderes logran poner sus propios egos al lado, aunque sea por un momento, para permitir que los principios de generosidad y de sacrificio determinen el futuro del instituto político que ya se prepara para tomar las riendas del poder en 2018. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2103
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domingo, 5 de febrero de 2017

"Hipocresía constitucionalizada" (Revista Proceso, 5 de febrero, 2017)

Osorio Chong y Encinas "promulgan" la Constitución CDMX
John M. Ackerman

Hoy, 5 de febrero de 2017, en el centenario de nuestra Carta Magna, seremos testigos de un grotesco espectáculo en que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigirán como los guardianes de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia.

Con enorme cinismo, los rateros se presentarán como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciarán a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciarán discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmarán que favorecen la justicia social. Y los asesinos jurarán su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer Presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en que se coloca en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente en la práctica de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millión de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del “Pacto por México”, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, Diputada Constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad). El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan. Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales, a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar en un “marchodromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis anti-revolucionaria en que los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política, en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

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domingo, 22 de enero de 2017

"Defender a México" (Revista Proceso, 22 de enero, 2017)


Isidro Baldenegro, imprescindible luchador social, descanse en paz, justicia ya 
John M. Ackerman 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca constituye una excelente oportunidad para que los mexicanos recordemos y defendamos la grandeza de la historia, la cultura, la naturaleza y la economía de nuestro país. No se trata, desde luego, de emular el nativismo patriotero del bárbaro ignorante que ahora comanda el gobierno del país vecino, sino todo lo contrario. Habría que rescatar las mejores tradiciones de luchas republicanas, sincretismo cosmopolita e internacionalismo libertario que siempre han estado presentes a lo largo de la historia de México. 

Estados Unidos es un país construido a partir de la muerte y la rapiña. Aquel país nació con el genocidio de los pueblos indígenas, creció a partir de la sangre de los esclavos secuestrados de la costa de África y consolidó su predominio mundial en función de sus constantes intervenciones extranjeras, sobre todo en América Latina. La “libertad” de la que se goza en Estados Unidos es estrictamente empresarial y capitalista. Al norte del Río Bravo, el valor humano se mide en dólares y el éxito profesional depende de eliminar y humillar al adversario. 

Tres libros de lectura esencial para entender como se ha forjado la actual Estado-nación estadounidense son: A People´s History of the United States, de Howard Zinn, War and Revolution, de Domenico Losurdo y Fear Itself, de Ira Katznelson. Estas tres obras, a la vez históricas y filosóficas, transparentan los cimientos podridos de un país cuya enorme riqueza y poderío militar están construidos encima de una trágica bancarrota moral, racista e intolerante. 

Hay, sin duda, muchos estadounidenses dignos y ha habido grandes luchas sociales en aquel país. Sin embargo, las actuales estructuras de poder dominante y coordenadas del debate público suelen sofocar al pensamiento crítico y matar las utopías transformadoras. 
La elección de Trump, entonces, no fue una mera coincidencia, sino el resultado de procesos históricos y culturales profundamente arraigados. Solamente una radical revolución de conciencias, desde la raíz y a lo largo de muchos años podría voltear la tortilla al norte de la frontera. 

En México, en contraste, esta misma transformación necesaria se encuentra más al alcance de la mano. México cuenta con una enorme reserva moral construida a lo largo de cientos de años de luchas y de conquistas populares. Nuestra primera fortaleza son los pueblos indígenas que han resistido con enorme valentía los embates del poder y hoy se encuentran en una posición mucho más fuerte y presente que sus hermanos y hermanas en los Estados Unidos. Una segunda fortaleza clave es nuestra Constitución Política, un documento profundamente social redactado a partir de una de las grandes revoluciones mundiales del siglo XX y que cumplirá 100 años el próximo 5 de febrero. 

Una rápida comparación entre los grandes líderes políticos en la historia de México y los Estados Unidos es esclarecedora. George Washington era un terrateniente dueño de cientos de esclavos. José María Morelos, en contraste, era un afrodescendiente que abolió la esclavitud desde el primer momento. 

Abraham Lincoln se enfrentó a los terratenientes del sur durante la Guerra Civil, pero siempre desde una posición de fuerza y comodidad, ya que contaba con el fuerte respaldo de los intereses financieros más retrógrados del norte. Benito Juárez, en cambio, tuvo que vivir años a salto de mata protegido solamente por su pueblo, hasta su improbable pero glorioso triunfo en contra de los franceses. 

Franklin Roosevelt transigió y pactó tanto con los terratenientes esclavistas del sur como con los grandes industriales del norte para impulsar sus reformas del New Deal. En contraste, el general Lázaro Cárdenas jamás cayó en la lógica pactista sino que se alió abiertamente con los campesinos, los obreros y los indígenas para combatir frontalmente a los oligarcas y hacendados en todo el país. 

Y Emiliano Zapata o Pancho Villa simplemente no tienen parangón en los Estados Unidos. No es gratuito que hayan generado tanta atención de grandes historiadores estadounidenses como John Womack y Enrique Katz, quienes en sus respectivas biografías magistrales reconocen el carácter absolutamente sui generis de estos grandes líderes mexicanos. 

La diferencia esencial entre los líderes del norte y los del sur del Río Bravo es que en México el liderazgo auténtico siempre se construye desde abajo, con la gente y a favor de una transformación social profunda. En los Estados Unidos el elitismo es la norma y el pueblo es normalmente considerado un estorbo. Tenemos que rechazar de manera contundente la idea malinchista y neocolonial promovida por intelectuales seguidores de la escuela de Octavio Paz de que los líderes mexicanos serían “caudillos” atrasados e incultos mientras los líderes del norte serían de alguna manera más “modernos”, “liberales” o visionarios. 

México evidentemente también ha tenido periodos muy oscuros en su historia. El momento actual en que una pequeña mafia se ha dedicado a robar a manos llenas, reprimir al pueblo y vender el país es un claro ejemplo. Enrique Peña Nieto inició su gestión con la aspiración de ser tan temido como Porfirio Díaz, pero ha resultado más repudiado y vilipendiado que Victoriano Huerta. 

Por fortuna, cada vez que se agudizan demasiado las contradicciones sociales, el pueblo mexicano ha tenido la inteligencia y la valentía de levantarse para imponer una nueva dirección a la historia. Ocurrió a principios del siglo XIX con la Independencia, de nuevo a mediados del siglo XlX con la Reforma, y una vez más al inicio del siglo XX con la Revolución. Hoy, a principios del siglo XXI, el pueblo una vez más se encuentra en medio de un levantamiento generalizado a favor de la renovación de la República. 

Contrapongamos la sofisticación y el sincretismo profundo del sur a los simplismos y las intolerancias de los bárbaros del norte. Cada crisis implica una oportunidad. Ahora es un gran momento para volver a valorarnos y a defender la nación. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2099
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 8 de enero de 2017

"Saqueadores" (Revista Proceso, 8 de enero, 2017)

A Julio Scherer García, luminario del periodismo mexicano, a dos años de su partida
John  M. Ackerman

El verdadero saqueador de México se llama Luis Videgaray. 

El flamante Secretario de Relaciones Exteriores fue el arquitecto de la reforma energética que ha regalado nuestro oro negro a las grandes empresas trasnacionales y disparado los precios de la gasolina. Como Secretario de Hacienda, Videgaray redactó la Ley de Ingresos de 2017 que incluye los actuales gasolinazos. Durante sus cuatro años a cargo de las finanzas del país, el mexiquense endeudó al país como quizás ningún otro personaje en la historia. 

Entre 2012 y 2016, la deuda pública pasó de 34.3% a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante 2017, todos los mexicanos pagaremos la cantidad de 569 mil millones de pesos, el equivalente a 2.8% del PIB, solamente por el concepto de servicio a los intereses de la deuda. Pero si continúa la devaluación del peso mexicano la cantidad será aún mayor ya que una gran parte de la deuda está cotizada en dólares estadounidenses.

Videgaray fue, en parte, responsable de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. La visita del magnate neoyorkino a México en plena campaña presidencial fue crucial. La conferencia de prensa en Los Pinos, el 31 de agosto de 2016, permitió que un hombre profundamente racista, machista, fascista y, sobre todo, anti-mexicano pudiera dar la imagen de ser un hombre de Estado y supuestamente “amigo” de los mexicanos. Videgaray y Enrique Peña Nieto utilizaron el poder y los recursos del Estado mexicano para influir en los resultados electorales del país vecino. Fue una intervención aún más insidiosa y preocupante que la supuesta intromisión de Vladimir Putin en aquellos comicios. 

Ahora nos encontramos en la indignante situación en que un confeso enemigo del pueblo mexicano con nula experiencia en la diplomacia será el responsable de defender México del embate conducido por su amigo Trump en contra de todos los mexicanos. El ataque ya inició con la cancelación de inversiones en México de parte de las empresas Carrier y Ford. Y no tardan en llegar tanto las expulsiones masivas de mexicanos residentes en los Estados Unidos como la construcción de un enorme muro en el Río Bravo. 

Y en estas eventualidades ya sabemos de cuál lado del balón estarán Videgaray y Peña Nieto. Para ellos, hacer perder a México es un gran negocio.
Ahora bien, con respecto a los otros “saqueadores”, quienes la semana pasada se llevaron una gran cantidad de mercancías de supermercados y tiendas de autoservicio, toda la evidencia apunta a que fueron orquestados desde el mismo poder. Múltiples testimonios, videos y audios documentan como policías del Estado de México participaron directamente en los ataques a los establecimientos comerciales e incluso ofrecieron dinero a ciudadanos para participar en los operativos. Simultáneamente, un ejército de “bots” a favor de los saqueos se activaron en las redes sociales con el fin de alentar el caos. También se circularon audios vía WhatsApp con mensajes aprócrifos sobre la inminencia de un golpe de Estado o una masacre generalizada de la población.

Este tipo de guerra psicológica primero fue ensayado por el Gobierno de los Estados Unidos en el Golpe de Estado de 1954 en Guatemala. Por medio de la difusión de rumores falsos con un canal apócrifo de radio generaron una psicosis generalizada que permitió que un pequeño grupo de soldados entrenados por los Estados Unidos, al servicio del General Guatemalteco Carlos Castillo, pudieran derrocar rápidamente al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. Hoy se utilizan las mismas estrategias, pero no para derrocar a un gobierno popular sino para mantener en el poder a un pequeño círculo de amigos y compadres de Peña Nieto en medio de la enorme ola de indignación social.

Este tipo de guerras psicológicas tiene dos objetivos. 

Primero, se busca generar miedo para desalentar la protesta. La idea es que los ciudadanos se queden inmóviles en sus casas en lugar de reunirse con sus compatriotas en repudio al mal gobierno. Un cartel digital que recibió un servidor vía WhatsApp, por ejemplo, señalaba enfáticamente que la estrategia más efectiva para protestar el aumento de los precios de los hidrocarburos sería quedarse en casa y simplemente “NO HACER NADA”. Más claro ni el agua.

Por otro lado, se busca que las exigencias ciudadanas abandonen la importante solicitud de revertir el gasolinazo y en su lugar reclamen de manera desesperada la imposición de “orden” por medio de la utilización de la fuerza del Estado. En otras palabras, el objetivo es allanar el camino para la próxima aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional que impondría un estado de excepción permanente en todo México, analizado recientemente por un servidor en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/J5Qe307J2Sg

Desde el primer día del actual sexenio, el 1 de diciembre de 2012, el gobierno de Peña Nieto ha recurrido a este tipo de estrategias de provocación y de miedo cada vez que se levanta la ira ciudadana y el pueblo se atreve a tomar las calles y las redes. También lo ha implementado en las coyunturas electorales. Tanto en 2015 como en 2016 se buscó desalentar la participación electoral por medio de mensajes de miedo enviados a miles de celulares, particularmente en Veracruz. Lo que vivimos la semana pasada fue apenas una pequeña prueba de lo que el gobierno tiene preparado para la histórica elección presidencial de 2018. 

En este contexto, hoy duele más que nunca la ausencia de Don Julio Scherer García a dos años de su lamentable partida. En el enrarecido contexto actual de desinformación y manipulación mediática es hoy particularmente indispensable contar con medios de comunicación profesionales y cercanos a la gente como Proceso. Gracias Julio, Gracias Rafael y gracias a todo el equipo de la revista por su trabajo cotidiano y por el enorme honor de poder compartir estas páginas con tan distinguidas plumas y valientes periodistas.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2097
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lunes, 26 de diciembre de 2016

"Lo peor está por venir" (Revista Proceso, 25 de diciembre, 2016)

Margarita Zavala y Javier Duarte
John M. Ackerman

El gran filósofo y dirigente italiano Antonio Gramsci conminaba a mantener siempre un sano “pesimismo del intelecto” combinado con un decidido “optimismo de la voluntad”. De esa manera evitamos tanto engañarnos con cuentos de hadas sobre una supuesta transformación mágica del país en el futuro como caer en una depresión inmovilizadora que nos hacen cómplices de nuestra propia destrucción.

En este fin de año es importante tomar el tiempo para abrirnos los ojos con respecto a la tragedia de 2016 y la crisis que se acerca en 2017. Pero asomarnos al abismo no debe implicar que nos arrojemos en el. Con consciencia, entrega y organización, el nuevo año también podría ser el momento en que finalmente logremos establecer las alianzas necesarias para hacer realidad el sueño de reconstruir la Nación.

La violencia está fuera de control. Aunque la mayoría de los medios de comunicación intenten esconder la verdad, la realidad es que la tasa de homicidios se mantiene en el mismo nivel en que lo dejó Felipe Calderón en 2012. De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, terminaremos 2016 con aproximadamente 20,000 homicidios en el año. En apenas cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto ya hemos alcanzado casi la misma cantidad de homicidios dolosos que en los seis años del gobierno de Calderón. 

La corrupción desbordada ha colapsado las instituciones públicas. Los casos de los gobernadores salientes Javier Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés son particularmente escandalosos, pero apenas constituyen la punta del proverbial iceberg. Conocemos algunos detalles sobre estos casos porque los nuevos gobernadores buscan utilizar la exhibición de la corrupción de sus antecesores para dar la impresión de que ellos serían diferentes. Sin embargo, los mexicanos sabemos perfectamente bien que personajes como Miguel Ángel Yunes, Carlos Joaquín y Claudia Pavlovich también forman parte de la misma mafia corrupta que ha malgobernado el país desde hace décadas. 

Pavlovich siempre ha sido del PRI y es absolutamente fiel a las redes de corrupción estructural sembradas desde hace décadas en el Estado de Sonora por personajes como Manlio Fabio Beltrones. Yunes fue durante mucho tiempo el brazo derecho de Elba Esther Gordillo y compitió en contra de su primo, Héctor Yunes, quien se mantiene en el PRI, para la gubernatura de Veracruz. Miguel Ángel tiene fuertes acusaciones en su contra tanto por desvío de recursos públicos en sus cargos anteriores como por abuso de menores. El nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, es también un viejo PRIista que saltó del barco para poder ser candidato por la alianza perversa del PANRD. Carlos es el primo de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía de Peña Nieto y el hombre responsable por la privatización del petróleo nacional y también por la próxima alza en los precios de la gasolina en 2017.
Suben la gasolina y la luz
En 2016 hubo una explosión de violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas del Estado y se cometió una de las masacres más reprobables en la historia reciente del país. El pasado 19 de junio, Miguel Ángel Osorio Chong y Gabino Cué enviaron cientos de policías fuertemente armados para llevar a cabo un escarmiento en contra del pueblo mixteco de Nochixltán, Oaxaca. Hasta la fecha no ha habido un solo detenido en el caso, dejando una lección de impunidad que garantiza la comisión de más masacres en el futuro (véase: http://ow.ly/NY4n307lms5). Asimismo, en esta navidad, presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos, José Manuel Mireles, Leonel Manzano, Damián Gallardo, Mario Olivera, Lauro Grijalva y Sara Altamirano, entre muchos otros, tuvieron que pasar la nochebuena separados de sus familias.

La economía mexicana está colapsada. Si bien nos va, 2016 terminará con una tasa de “crecimiento” de apenas 1.5 por ciento. El peso se ha devaluado más de 50% en los últimos dos años, lo cual ya está generando fuertes presiones inflacionarias y ha disparado el costo del servicio de la enorme deuda generada por las políticas de gasto irresponsables y corruptos del gobierno de Peña Nieto. 

Cotizada en dólares para fines de comparación internacional, el Producto Interno Bruto del país ha experimentado una franca contracción en los últimos años. En 2014, la economía nacional se valoraba en 1.297 millón de millones dólares. En 2015, únicamente llegó a 1.144 millón de millones. En 2016, probablemente terminaremos debajo de la línea de un millón de millones y caeremos varios lugares en el tablero internacional con respecto al tamaño de nuestra economía. Como consecuencia de las “reformas estructurales” del Pacto por México cada día los mexicanos somos más pobres.

El gobierno federal también ha sacrificado la soberanía nacional. La reacción de Peña Nieto a la victoria de Trump ha sido la de un lacayo a su amo. No ha levantado la voz ni una sola vez en defensa de la dignidad de México o de los mexicanos al otro lado del Río Bravo frente a las políticas y las declaraciones abiertamente racistas y fascistas del presidente electo. Al contrario, el Presidente mexicano ha ofrecido una actitud “constructiva” hacia los propósitos absolutamente destructivos del magnate de Nueva York.
Rex Tillerson, próximo Secretario de Estado de Trump
Mientras, Trump ha enviado un mensaje perfectamente claro con sus propuestas para los integrantes de su gabinete: el jefe del petrolero Exxon-Mobil será su Secretario de Estado, un general de cinco estrellas será su Secretario de Defensa (rompiendo así con una larga tradición de tener un mando civil sobre las fuerzas armadas de los Estados Unidos), un alto mando del banco Goldman Sachs será su Secretario del Tesoro, uno de los Senadores más racistas y anti-mexicanos será su Procurador, y un tejano multimillonario metido en el negocio del fracking será su Embajador a México.

En 2017, las múltiples crisis, de violencia, corrupción, derechos humanos, economía y soberanía se seguirán agravando. El pueblo ha sido abandonado por las autoridades y el “gobierno” de Peña Nieto ya no existe como tal. 

El destino del país entonces se encuentra en nuestras manos. No podemos seguir esperando que las instituciones del Estado o la inversión extranjera nos saquen del hoyo. Nos toca a todos y cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para salvar a la Nación. De nuestras acciones durante 2017 dependerá la posibilidad de que 2018 no sea otro año de fraude y de indignación, sino que sea un año histórico en que iniciemos entre todos la construcción de una nueva república de paz, justicia y democracia.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2095
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