ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 29 de septiembre de 2013

"Modernidad revolucionaria" (Debate con Enrique Krauze (1ra entrega), 29 de septiembre de 2013)


John M. Ackerman

Yerra Enrique Krauze al equiparar el nacionalismo revolucionario mexicano con un “trauma” y señalar que los opositores a la reforma energética de Enrique Peña Nieto desean un México “preso en los mitos de su historia, ajeno a la racionalidad económica [e] indiferente a las realidades del siglo XXI” (véase: http://ow.ly/pfoCB). También se equivoca el historiador cuando critica la supuesta “imprudencia” de quienes “se amparan en un dogma nacionalista como si el reloj se hubiera detenido en 1938” (véase: http://ow.ly/pfoO0).

Los calificativos de “imprudentes” y “traumados” describen mejor a quienes porfían en “mover a México” de regreso a un contexto de total desregulación económica, postración internacional y abuso de poder propios de la larga noche porfirista, no a quienes buscamos un futuro que valore y se enorgullezca de la historia mexicana plena de luchas sociales y conquistas populares de avanzada. 

México destaca al nivel internacional como un país forjado desde abajo con una tradición larga y perdurable en pos de una verdadera modernidad igualitaria. Hoy son más relevantes que nunca las ideas presentes en “Los Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, el “Plan de Ayala” de Emiliano Zapata, el Decreto de Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas, la Primera Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha por la transparencia electoral de Andrés Manuel López Obrador, entre otras gestas sociales históricas. La abolición de condiciones laborales esclavizadoras, el repudio a la concentración de la riqueza nacional, la defensa de la soberanía nacional, la recuperación de la dignidad indígena y el combate del fraude electoral, son todas demandas modernas e impostergables.

En un contexto global de cada vez mayor desigualdad, belicismo imperial y protestas sociales, urge avanzar en la construcción de nuevas utopías que puedan dar sentido y dirección a las luchas ciudadanas del siglo XXI. Afortunadamente, para abonar en este sentido los mexicanos no necesitamos ni de rebuscadas teorías ni de autores extranjeros, ya que basta y sobra con los visionarios principios e ideales de nuestra propia Constitución. Urge desterrar el criollismo y malinchismo intelectual que tanto daño ha hecho al país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917 fue la primera en el mundo en codificar la obligación del Estado de tutelar derechos sociales básicos como la educación, la tierra, el trabajo y la salud. Debido al ejemplo y la valentía del ala agrarista de la Revolución, el Congreso Constituyente logró revertir el proyecto conservador originalmente presentado por el “Primer Jefe” Venustiano Carranza. 

Gracias a esta victoria popular, la constitución llegó a ser uno de los documentos jurídicos más avanzados de su tiempo. Y hoy, ante el embate empresarial global en contra de los vestigios del estado de bienestar y del socialismo realmente existente, esta misma constitución vuelve a emerger como un estandarte estratégico en la lucha internacional por defender los derechos del pueblo de la voracidad de la plutocracia transnacional y la oligarquía nacional.

El artículo 4 de la CPEUM hoy señala que “toda persona” cuenta con derecho a una “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, a “un medio ambiente sano”, a “la protección de la salud”, y al “agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. El mismo artículo también indica que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 

El artículo 123 dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. El artículo 3 señala que la educación pública será “democrática” y “nacional” y que “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Y el artículo 6 indica que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

El artículo 27 constituye el alma de la arquitectura constitucional. Desde su primera frase rechaza la idea liberal de la naturaleza originaria de la propiedad privada: “La propiedad de las tierras y aguas…corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. 

Esta visión profundamente democrática y popular permea todo el texto del artículo 27. Allí se le dota a la Nación de la facultad de expropiar cuando exista alguna “causa de utilidad pública” así como de “imponer a la propiedad privada en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”. También se mandata la “distribución equitativa de la riqueza pública” y se incluyen limitaciones específicas sobre la acumulación de la propiedad. Con respecto a los recursos naturales, la nación desde luego cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.

El Estado mexicano entonces cuenta con la obligación de garantizar a absolutamente todos los ciudadanos, y en condiciones igualitarias, el acceso a techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, agua, cultura, medio ambiente y educación. El nuevo proyecto revolucionario del siglo XXI ya está escrito. Solamente falta que el pueblo se lo exija a sus autoridades.

Es cierto que, de acuerdo con la perspectiva estadounidense, todo “nacionalismo” extranjero sería negativo. Es lógico que al imperio le desagraden los obstáculos a su permanente expansión. Pero el nacionalismo México no solamente es necesario para defenderse de la voracidad del poderoso vecino del norte, sino que es también un nacionalismo profundamente incluyente, democrático y popular, como acertadamente lo entendía Daniel Cosío Villegas. Si se insiste en recurrir a autores extranjeros, sería Benedict Anderson, no George Orwell, cuya obra permitiría el correcto entendimiento del excepcional nacionalismo mexicano. 

No es un supuesto “complejo de inferioridad”, como señala Krauze, lo que detiene a México, sino el malinchismo y elitismo de los intelectuales orgánicos del régimen que insisten en buscar fuera las soluciones a los grandes problemas nacionales. Sería un acto de suicidio nacional cifrar nuestras esperanzas en Halliburton y Exxon-Mobil para sacar al país de su naufragio. El camino a la renovación nacional no se encuentra en la consolidación del trasnochado proyecto neoliberal sino en la articulación de un nuevo movimiento nacional de maestros, jóvenes, mujeres, profesionistas, campesinos y trabajadores en defensa del patrimonio nacional y a favor de la justicia social dentro del marco de un renovado nacionalismo revolucionario. 

SEGUNDA ENTREGA DEL DEBATE DISPONIBLE AQUÍ

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lunes, 23 de septiembre de 2013

"Soberbia Chilanga" (22 de septiembre de 2013)

Protesta en contra de la reforma educativa/Foto: Proceso.com
John M. Ackerman

A pesar de los maltratos recibidos de parte de autoridades y medios capitalinos, la estadía de la CNTE en la Ciudad de México ha sido exitosa. Su valiente lucha permitió que millones de personas descubrieran las grandes mentiras de la contra-reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Los maestros lograron subir el costo político de la reforma para el PRIANRD al tiempo que aprovecharon su estancia para tejer enlaces y alianzas estratégicas con otros sectores sociales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los estudiantes universitarios. Todo ello abona el terreno tanto para la resistencia popular a la privatización de la industria petrolera como para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en los próximos años. 

A la movilización de los maestros, se debe el que los diputados tuvieran que exhibir sus verdaderos compromisos y alianzas con la oligarquía nacional al atrincherarse en el Centro Banamex para aprobar la reforma educativa. A la valentía de los profesores, se debe la revelación del talante profundamente autoritario de Miguel Ángel Mancera, quien cedió el Zócalo a la Policía Federal para el violento desalojo el pasado 13 de septiembre. Al ejemplo de la CNTE, se debe la rearticulación y fortalecimiento del movimiento estudiantil nacional y su lucha a favor de un sistema educativo humanista, democrático y de verdadera calidad. 

Cual territorio consciente y progresista, la Ciudad de México tuvo que haber recibido a los maestros con los brazos abiertos. Tanto las autoridades como la población tendrían que haber celebrado la visita y tratado a los profesores con la misma hospitalidad que ellos ofrecen a quienes visitamos sus cálidos, bellos y nobles pueblos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. 

Muchos capitalinos en efecto se han portado a la altura de las circunstancias: han donado víveres, participado en marchas y se han documentado sobre la reforma educativa. Pero muchos otros han exhibido la típica soberbia “chilanga” hacia “los provincianos” por la cual los habitantes del Distrito Federal son tan conocidos y rechazados a lo largo y ancho del país. Más allá de los legítimos debates que existen con respecto a los métodos de lucha y las tácticas de protesta de la CNTE, el respeto y la consideración hacia el otro siempre debería ser el punto de partida. 

Pero aún con el terrible maltrato, olvido y represión a los cuales los maestros han sido sometidos, ellos se mantienen firmes y decididos para seguir luchando por sus derechos. Merecen el apoyo social porque representan lo mejor que tenemos en México. Son profesionistas que han tomado la generosa decisión de dedicar sus vidas a la formación y la educación de nuestros hijos y merecen ser reconocidos por su labor. 

En momentos álgidos como el actual florecen, sin embargo, las contradicciones sociales. Un amplio sector de la población que en su momento apoyó la lucha de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz en defensa de las víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón, regatea hoy su apoyo para las víctimas de las contra-reformas de Peña Nieto. Y muchos ciudadanos que participan con gusto en el acopio de víveres para los damnificados de los huracanes “Manuel” e “Ingrid”, se niegan a ser solidarios con los maestros acampados en la intemperie del Monumento a la Revolución. 

También llaman la atención aquellas voces que agriamente se quejan de la supuesta “apatía” del pueblo mexicano, pero que hoy descalifican las importantes acciones de protesta que ocurren todos los días frente a sus ojos porque generan “molestias” en su vida personal. Llaman la atención quienes cuestionan la labor de “comunicación” de los maestros con “la opinión pública” y “las clases medias” y simultáneamente hacen todo lo posible para ningunear y descalificar las legítimas demandas de los profesores. Llaman la atención quienes aplauden cuando los policías cierran calles y detienen arbitrariamente a ciudadanos inocentes, pero abuchean a los mexicanos pacíficos que aunque ocupan espacios públicos no impiden el libre tránsito de personas sino sólo de automóviles. 

Lo que más asusta a un gobierno autoritario es la unificación de luchas disímiles en causas comunes. Para los políticos habría que mantener a cada grupo ciudadano dividido internamente, separado de los demás y enfocado en demandas específicas o locales. La unión de los capitalinos con los campesinos, de los estudiantes con los maestros, de los jóvenes con los adultos mayores, de los indígenas con los mestizos y de las víctimas de la “guerra contra el narco” con las del neoliberalismo, constituiría una formidable fuerza social que lentamente podría ir transformando el país de un territorio donde reina la impunidad y la injusticia a otro dónde predomine la paz y el desarrollo. 

Peña Nieto se siente vulnerable, acorralado por un mar de jóvenes, mujeres y hombres defeños conscientes y progresistas que rodean los poderes federales que tienen su sede en la Ciudad de México. Al dejarse llevar por la campaña de linchamiento en contra de la CNTE, los capitalinos caen en el eterno juego del poder, el “divide y vencerás”, al que falsamente apuesta el régimen autoritario. Defendamos la capital de este sucio y viejo truco del nuevo inquilino de Los Pinos que apuesta todo al espejismo de esta falsa “soberbia chilanga”. Unamos esfuerzos con todos los ciudadanos dignos del país, y del mundo, que se atreven a levantar su mirada y su voz para desenmascarar un sistema de dominación fundado en el abuso del poder y la traición al prójimo. 

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(C) John M. Ackerman, Todos los Derechos Reservados

lunes, 9 de septiembre de 2013

"¿Privatizar o expropiar?" (8 de septiembre de 2013)

Presidente Lázaro Cárdenas del Río
John M. Ackerman 

Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase: http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio. 

Su valiente aplicación de esta ley permitió la consolidación institucional del Estado mexicano al demostrar que los compromisos sociales plasmados en la Constitución de 1917 no estarían destinados a quedar en letra muerta. Sin la masiva expropiación y reparto de las tierras de las haciendas así como la expropiación y nacionalización del petróleo, México posteriormente hubiera sufrido décadas de inestabilidad y hoy sin duda estaríamos en una situación política, económica y social aún más problemática. 

La reforma al artículo 27 constitucional firmada por Cárdenas, que cita Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el ex-presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, en que se nacionalizó la industria petrolera (véase: http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada y mucho menos darle mayores facilidades a las empresas transnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses. 

La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase: http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder de parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos. 

Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras transnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley publicada el 25 de noviembre de 1936 que explícitamente faculta al gobierno a expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera tomado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros como la UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional. 

Cárdenas también utilizó la Ley de Expropiación para implementar el mayor reparto agrario en la historia de México. Así se pudieron satisfacer en parte las demandas de los cientos de miles campesinos que habían sacrificado sus vidas en defensa de sus tierras durante la Revolución Mexicana. Durante el sexenio de Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y a los ejidos. Cárdenas incluso frecuentemente respaldó directamente la acción de las “autodefensas” campesinas de aquel momento cuando recuperaban con armas las tierras que les correspondían. Es notorio el contraste con las acciones del gobierno actual. 

Sin las acciones de justicia social del reparto agrario y la expropiación petrolera, hubiera sido imposible pacificar al campo mexicano, construir instituciones públicas y consolidar a México como un solo Estado-Nación. Sin Cárdenas, México muy probablemente hubiera sido consumido por una larga guerra civil y constantes golpes militares, tal y como ocurrió en casi todos los países de América Latina a lo largo del siglo XX. 

La propuesta de Peña Nieto de regresar la industria petrolera a las mismas empresas que fueron expropiadas en 1938 pone en riesgo mucho más que solamente los ingresos fiscales. Al afectar integralmente la estructura institucional y el pacto social que funda el Estado mexicano moderno genera condiciones para un nuevo estallido ciudadano. Peña Nieto tiene razón en señalar que Cárdenas fue un presidente “pragmático”, “modernizador” y “visionario”. En donde se equivoca es en querer equiparase a él. En comparación con Cárdenas, el actual presidente sería más bien un “ideólogo”, “reaccionario” y de “cortas miras”. 

La mejor manera de seguir el legado de Cárdenas no es con la reversión de sus expropiaciones sino con una renovada aplicación de su Ley de Expropiación, todavía hoy plenamente vigente. La ley explícitamente faculta al Ejecutivo Federal a tomar control sobre los bienes de los particulares, para su posterior reparto o nacionalización, cuando existan “causas de utilidad pública”. Por ejemplo, la fracción VIII de la ley indica que una causa legitima sería para garantizar “la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”. 

Sería difícil encontrar una mejor descripción de nuestra realidad actual. Hoy en México existen problemas generalizados con respecto a la distribución inequitativa de la riqueza, la monopolización de la producción, así como un abuso sistemático a la sociedad y la clase trabajadora por los poderes fácticos. Un gobierno verdaderamente democrático utilizaría los formidables poderes del Estado mexicano para redistribuir la riqueza nacional, acabar con los monopolios y garantizar el bienestar de todos los trabajadores, profesionistas, indígenas, jóvenes, mujeres y niños del país. 

Peña Nieto busca expropiar el legado de Cárdenas para su beneficio personal y el de sus socios. Pero el pueblo digno y consciente tendría que rechazar este acto de cinismo y trabajar arduamente, y de manera pacífica aunque no necesariamente por la vía electoral, para generar las condiciones para que próximamente pueda ocupar la silla presidencial alguien realmente digno del formidable legado del General Cárdenas. 


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