ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 21 de octubre de 2013

"Fraude institucionalizado y reforma electoral" (20 de octubre de 2013)

Funcionarios del IFE// Foto: Eduardo Miranda, Proceso.com
John M. Ackerman 

“Quien no invierte 10 millones de pesos en una campaña no gana, el que no compra votos el día de la elección no gana, el que no reparte despensas y otras cosas, tampoco”. Son las palabras de Zac Mukuy Vargas Ramírez, Secretaria de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución Democrática, expresadas a la periodista Claudia Herrera de La Jornada. La dirigente partidista resume con toda claridad la naturaleza corrupta de nuestro sistema político. En nuestra “democracia” mercantilizada la posibilidad de dirigir la nación no es un asunto abierto a ciudadanos bien intencionados, con liderazgo social o con propuestas creativas, sino un negocio reservado exclusivamente para políticos experimentados en la recaudación de fondos de procedencia desconocida, la compra de lealtades y la manipulación mediática. 

La situación que resume Vargas Ramírez es la triste realidad de todos y cada uno de los partidos políticos actuales. No gana quien juega respetando las reglas, sino quien patea con más fuerza el tablero. Mentiría el dirigente partidista o funcionario electoral que afirme lo contrario. 

Esta deplorable situación es el legado directo de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, quienes han custodiado nuestra “transición” fallida desde 1996. La gran mayoría de los consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, también han contribuido gustosos a generar esta situación al sacrificar la objetividad, inteligencia y valentía que tendrían que caracterizar su actuación para sustituirla por conductas pasivas, parciales o abiertamente corruptas. 

El remplazo del Instituto Federal Electoral (IFE) por un nuevo elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) evidentemente no resolverá el problema. No se echará de menos al viejo IFE, pero muy probablemente el nuevo engendro sea aún menos efectivo que su antecesor. 

Con la creación del INE la soberbia de los ocupantes de la casona de Viaducto Tlalpan rebasará cualquier límite. Los nuevos virreyes de la “democracia” no solamente podrán negociar votos y lealtades en función de los comicios federales, sino que también tendrán entre sus manos las riendas de las elecciones estatales y municipales del país. Las oportunidades para la búsqueda de nuevos cargos, empleos y acomodos políticos se ampliarán y, si llegan a jugar bien sus cartas, los consejeros gozarán de un futuro pos-burocrático lleno de lujos y prebendas. 

Más allá de cualquier reforma legal, lo más importante son los perfiles de quienes dirigen las instituciones. Un buen funcionario electoral no busca lucrar personal, política o económicamente con su cargo, sino entregarse a la defensa de las causas ciudadanas y a enfrentar a los poderes fácticos. Un efectivo consejero electoral tampoco se esconde en los laberintos de la simulación legalista, sino que se asume como un auténtico líder social. 

Ya basta de tímidos burócratas y ambiciosos ególatras cuyas mayores preocupaciones son la elección del restaurant para su próxima cena de “trabajo” o el destino de su próximo congreso internacional. Habría que colocar una nueva generación de consejeros y magistrados que se distingan por su humildad, valentía y dignidad. 

Los detalles de la nueva legislación electoral evidentemente también tienen su relevancia. El ámbito más importante es el de la fiscalización y la vigilancia de las campañas electorales. Específicamente, la nueva legislación debería dejar perfectamente claro que el IFE, o el INE, no es un simple “árbitro” de las contiendas electorales sino un verdadero órgano regulador de la competencia política. 

La autoridad debe ser obligada por ley a vigilar de manera activa y en todo momento cada aspecto del proceso electoral. Por ejemplo, el IFE tendría que desplegar miles de observadores equipados con la más alta tecnología para contabilizar de manera independiente todos y cada uno de los gastos erogados por partidos, candidatos, militantes y simpatizantes en los 300 distritos electorales. Las autoridades también tendrían que ejercer una vigilancia escrupulosa y en tiempo real de absolutamente todos los depósitos realizados por cualquier persona física o moral en las cuentas bancarias de las principales empresas mediáticas, así como de sus filiales, socias y aliadas. Y el día de la jornada electoral, el IFE debería ser obligado por la ley a organizar un enorme operativo de vigilancia electoral fuera de las casillas electorales para prevenir y documentar el acarreo, la compra y la coacción del voto. 

El actual proceso de fiscalización burocratizado y casi exclusivamente ex-post ha resultado ser una enorme simulación. La ley tendría que requerir la dictaminación de todos los informes y la resolución de todas las quejas en la materia antes de la calificación de la validez de las elecciones. Y la norma evidentemente también debe incluir el rebase de topes de gasto de campaña como causal de nulidad automática de la elección. 

Nos encontramos en una situación de fraude electoral institucionalizado y consolidado. La única forma en que un ciudadano puede defender la soberanía popular e influir en las políticas públicas es por medio de la protesta social. Es por ello que los maestros disidentes y los jóvenes activistas son nuestros demócratas más destacados. 

A quienes les incomodan las protestas habría que recordarles que estas manifestaciones son síntomas de un problema estructural más profundo de ilegitimidad democrática. En lugar de caer en el perverso juego del linchamiento mediático habría que trabajar arduamente para desplazar a la caduca clase política con nuevos liderazgos juveniles así como recuperar el espacio político-electoral como un escenario de competencia auténtica y debate informado. 


Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman (Todos los derechos reservados)

(Publicado en Revista Proceso, Núm. 1929)

domingo, 6 de octubre de 2013

"(Neo) liberalismo autoritario" (Debate con Enrique Krauze (2da entrega), 6 de octubre de 2013)


John M. Ackerman

Históricamente uno de los obstáculos más importantes para la materialización de los avanzados principios y compromisos enarbolados durante la Revolución Mexicana y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido los falsos discursos “liberales” que fingen apoyar las conquistas sociales pero que en realidad defienden los privilegios de la oligarquía. Los planteamientos de Enrique Krauze sobre la reforma energética dan continuidad a este liberalismo autoritario, hoy ya transmutado en un neoliberalismo trasnochado, que nada bueno ha dejado a la nación. 

El 21 de mayo de 1911, en la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez con el gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero traicionó el ala campesino de la Revolución y abandonó su compromiso con el reparto agrario originalmente incluido en el artículo tercero de su Plan de San Luis (véase: http://ow.ly/pqGAB). Más adelante, ante la huelga general estallada el 31 de julio de 1916, el entonces Presidente Venustiano Carranza se olvidó de sus compromisos “Constitucionalistas”, impuso la Ley Marcial e incluso se atrevió a establecer la pena de muerte para todos los “trastornadores del orden público”.

En su discurso inaugural al Congreso Constituyente de 1916-1917 Carranza expuso las coordenadas básicas del liberalismo autoritario de donde hasta la fecha abreva el régimen político mexicano. El “Primer Jefe” dejó claro que la función más importante del gobierno “revolucionario” no sería propiciar la justicia social o garantizar los derechos colectivos, sino únicamente defender la “libertad humana” y la “libertad individual”. No fue gratuito, por ello, que su propuesta para el nuevo artículo 27 constitucional fuera tan conservadora y que en relación con el artículo 123 el Presidente no enviara propuesta alguna. Al parecer, la única “libertad” que le interesaba a Don Venustiano Carranza era la que necesitarían los nuevos oligarcas para explotar sin obstáculos a los campesinos y al pueblo trabajador. 

Carranza también demostró un profundo desprecio por el pueblo mexicano y una idealización de los sistemas políticos extranjeros. Se refiere a Inglaterra y a Estados Unidos como “los pueblos más grandes y más poderosos de la tierra” y señala con entusiasmo la “grandiosidad de la revolución francesa”. En contraste, tacha de “ignorantes” a quienes hicieron la Revolución Mexicana y establece que el pueblo necesita “gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes”. Carranza incluso recurre a los textos de Alexis de Toqueville para criticar la falta de la necesaria “cultura elevada” en México. De forma similar, Krauze hoy utiliza a George Orwell para descalificar los supuestos “dogmas” y “traumas” de la izquierda mexicana actual. 

Madero y Carranza desde luego fueron grandes “patriotas” que amaban profundamente a México. También fueron “nacionalistas” que promovieron de manera firme, aunque con algunas inconsistencias importantes, los intereses nacionales sobre los extranjeros. Sin embargo, su limitada visión de la función social del Estado y su absoluto elitismo y clasismo dejaron sembrada la semilla para la eventual traición histórica de los principios revolucionarios y constitucionales. 

Esta traición primero se materializa con los gobiernos de los líderes “sonorenses” Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Posteriormente, después de la bocanada de aire fresco del sexenio de Lázaro Cárdenas, la ideología del liberalismo autoritario se consolida durante el gobierno corrupto y oligárquico de Miguel Alemán y continúa sin descanso con los presidentes subsecuentes, incluyendo desde luego a Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo. 

El neoliberalismo iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid no implica entonces una ruptura con el proyecto original de Carranza, Calles y Alemán, sino su culminación y máxima expresión. La utilización del aparato estatal para empoderar a un pequeño élite así como para excluir y reprimir al pueblo ha sido la norma en México desde hace más de un siglo. Y hoy Enrique Peña Nieto busca que esta ideología finalmente rinda su fruto más venenoso: la devolución del petróleo mexicano a los intereses extranjeros. 

No seriamos entonces quienes aspiramos a fortalecer y a limpiar PEMEX los que seguiríamos el ejemplo soberbio e irresponsable de López Portillo, como señala Krauze. Al contrario, quien de verdad emula a este expresidente, uno de más corruptos de la historia reciente, sería el mandatario actual, quien no ceja en su desesperado empeño por abrir nuevas oportunidades de jugosos negocios para sus socios y aliados.

No es pragmatismo sino mera ideología la base de la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto (mi análisis: http://ow.ly/pqP7Q). Tanto la experiencia práctica con las privatizaciones de las últimas dos décadas como la corrupción de los contratos privados que ya inundan PEMEX han demostrado sin lugar a dudas que el sector privado no es más eficiente u honesto que el sector público. Asimismo, el comportamiento de las empresas petroleras transnacionales, ayer y hoy, deja muchas dudas respecto a su compromiso con el estado de derecho y el bienestar del pueblo mexicano (mi análisis: http://ow.ly/pqPU0). Resulta evidente que el primer paso para fortalecer la industria petrolera nacional debería ser aumentar la inversión pública y combatir la corrupción en PEMEX en lugar de hacer la paraestatal a un lado y entregar sus responsabilidades a empresas extranjeras.

Carlos Salinas de Gortari utilizó engañosamente la figura de Emiliano Zapata para vender y envolver su reforma privatizadora al Artículo 27 en 1992. Pero cuatro años después, la fiesta de su “zapatismo modernizado” fue arruinada por la rencarnación de los verdaderos ideales de Zapata en la figura del Subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, Peña Nieto pretende burlarse de la inteligencia del pueblo mexicano al utilizar el legado del Gral. Lázaro Cárdenas para justificar la privatización petrolera (mi análisis: http://ow.ly/pqQBa). Si sigue los pasos de su mentor político e insiste tercamente en imponer sus reformas neoliberales, tarde o temprano Peña Nieto también tendrá que enfrentar la bravura del digno pueblo mexicano que sabe muy bien como revivir a sus héroes patrios para salvar a la nación.

PRIMERA ENTREGA DISPONIBLE AQUÍ


Twitter: @JohnMAckerman