ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 20 de mayo de 2014

"El mito de la transición democrática" (18 de mayo, 2014)


Vicente Fox y Ernesto Zedillo//Foto: Proceso Archivo
John M. Ackerman

Uno de los mitos más nocivos, que debilita la movilización social y el desarrollo de una conciencia crítica entre los mexicanos, es la idea de que en la última década y media “transitamos” hacia un régimen político más democrático. Antes de las elecciones presidenciales de 2000, teníamos perfectamente claro que vivíamos en un sistema autoritario y que hacía falta empujar hacia un cambio estructural del régimen. Hoy se supone que solamente se trataría de mejorar el funcionamiento de lo que ya tenemos. 

La función principal de este mito es cancelar la posibilidad de imaginar una transformación integral de la estructura de poder social. Se busca fomentar el conservadurismo y marginar a quienes apuestan a la construcción de nuevas utopías transformadoras. 

El debate sobre la democracia en México constituye entonces un estratégico campo de batalla intelectual. No es suficiente simplemente agregar adjetivos como “estancada”, “imperfecta”, “parcial” o “mediocre” a nuestras caracterizaciones del régimen político. Una “democracia imperfecta” es todavía, en esencia, un sistema “democrático” en que la sociedad ejerce su soberanía y constituye la fuente originaria del poder público. Estas perspectivas adjetivadas son importantes en cuanto ponen en cuestión la excesiva complacencia de los analistas orgánicos del régimen. Sin embargo, su aceptación de los términos generales del debate impuesto por el contexto de dominación estructural debilita enormemente su fuerza teórica. 

Los defensores de la tesis de que México efectivamente haya transitado de un régimen a otro tienen la obligación de demostrar que hoy los ciudadanos cuentan con más poder sobre la selección de sus gobernantes así como más control sobre los asuntos públicos del país que antes. Es una hipótesis muy difícil, sino imposible, de comprobar.

El indicador más común de la existencia de una transición democrática es la celebración de elecciones libres, limpias y auténticas en que las condiciones de competencia son equitativas y la “oposición” tiene posibilidades reales de ganar las elecciones. Es evidente que México no cumple con este requisito. Todas las elecciones presidenciales celebradas desde 1988 hasta la fecha han demostrado más allá de cualquier duda que los poderes fácticos y las instituciones electorales de ninguna manera permitirán la llegada de un verdadero candidato de “oposición” al poder. 

Algunos señalarían las “victorias” de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto como excepciones ya que tanto en 2000 como en 2012 se cambiaron los colores del partido que gobernaba el país. Sin embargo, ninguno de los dos puede ser caracterizado como un candidato propiamente de la “oposición”. 

Desde 1988, el Partido Acción Nacional (PAN) pactó con Carlos Salinas de Gortari y formó un “gobierno de coalición” de facto con el PRI que duró hasta el año 2000. Si bien se estableció una breve y poderosa alianza opositora entre el PAN y el PRD durante 1996 y 1997, que logró una histórica reforma electoral y la activación de la Cámara de Diputados como un contrapeso en materia presupuestal, este periodo fue la excepción que comprobó la regla. El aval conjunto entre el PRI y el PAN del histórico e imperdonable fraude de FOBAPROA en 1998 simbolizó y consolidó el rapprochement entre los dos aliados que en los hechos nunca se habían separado.

La llegada de Peña Nieto a Los Pinos en 2012 tampoco implica una victoria para la “oposición”. Desde el principio, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón incorporaron destacados priistas dentro de sus gobiernos y mal-gobernaron de manera conjunta con el viejo partido del Estado. El papel de puente articulador de la alianza del PRIAN que en su momento jugó Diego Fernández de Cevallos durante la década de la concertacesión (1990-2000) lo jugó Manlio Fabio Beltrones durante los sexenios panistas.

Durante la campaña presidencial de 2012 fue notable como Calderón y el PAN dejaron morir a quien se supone era su candidato, Josefina Vázquez Mota. Después de la reunión privada que sostuvieron Calderón y Pedro Joaquín Coldwell en Los Pinos el 27 de febrero de 2012 se acumularon las evidencias de que Peña Nieto era el verdadero “destapado” del régimen. Las entrevistas del presidente en Televisa, el apoyo explícito de Fox para Peña Nieto y la pomposa ceremonia organizada con motivo de la muerte del ex presidente Miguel de la Madrid, fueron apenas los indicadores más visibles del pacto de sucesión que conduciría a la segunda alternancia sin democracia en México (análisis aquí: http://ow.ly/wTtRY). 

Hoy las elecciones en México no permiten la expresión auténtica de la voluntad popular, sino que son meras ceremonias en que los poderes fácticos reafirman y legitiman su control sobre la política nacional. Y solamente el observador más ingenuo podría pensar que la nueva integración del Instituto Nacional Electoral o la nueva reforma electoral “ahora sí” resolverían los graves problemas de ilegalidad, inequidad y fraude institucionalizados. 

Tampoco ayuda que los medios de comunicación dominantes jamás propician el debate informado, sino que fungen como correas de transmisión para las opiniones del poder. Los derechos a la protesta, a la reunión y a la petición ciudadana también han sido cancelados por el régimen, como ha sido evidente con la rotunda negativa del gobierno para debatir públicamente, de cara a la sociedad, las reformas energéticas, de telecomunicaciones y electorales.

México no cumple con los estándares mínimos para ser considerado como un régimen democrático. Por lo tanto, las luchas ciudadanas tendrían que orientarse hacia la transformación integral del sistema de dominación y control que mantiene a más de 60 millones de mexicanos en la miseria y a todos en un total estado de indefensión. No es suficiente cambiar de nombres a las mismas instituciones de siempre o modificar artículos legales que jamás se aplicarán. Tal y como lo señaló hace más de cincuenta años el gran maestro Pablo González Casanova en su obra clásica, La Democracia en México, México solamente avanzará si logramos transformar la estructura del poder social y política que subyace y controla desde fuera al sistema institucional formalmente constituido. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso No. 1959)

lunes, 5 de mayo de 2014

"Seis semanas de gracia" (4 de mayo, 2014)


Ejemplo de burlas al presidente mexicano en redes sociales/Fuente: Proceso/Twitter
John M. Ackerman

La actual tasa de aprobación ciudadana para el presidente de la República se encuentra en el punto más bajo en la historia reciente del país, y quizás incluso del último siglo. Ningún presidente de los últimos tiempos ha llegado a ser tan rechazado por la población mexicana como Enrique Peña Nieto. Ni siquiera Ernesto Zedillo después de la tragedia económica de 1995, Vicente Fox en un sexenio repleto de fracasos y traiciones, ni Felipe Calderón luego de hundir al país en un baño de sangre, lograron generar tanta ira entre los mexicanos. 

Hasta la casa encuestadora que infló de manera consistente las intenciones de voto para Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012, GEA-ISA, ha tenido que aceptar que un tope máximo de 37% de la población hoy aprueba la gestión del actual presidente. Esta misma encuesta (“México: política, sociedad y cambio” divulgada el 9 de abril) revela que únicamente 11% de la población considera que la situación política del país es “muy buena” y el mismo reducido porcentaje considera que la situación económica es favorable. Otra encuesta reciente, realizada por “Grupo Impacto Inteligente”, demuestra que solamente 19% de los habitantes de la Ciudad de México tienen una opinión positiva de Peña Nieto y que 70% reprueban su gestión (otorgándole una calificación de 7 o menor). 

Un estudio de opinión pública divulgado recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE) confirma la tendencia generalizada de la población mexicana de guardar una sana distancia crítica de los políticos, los medios de comunicación y las instituciones públicas. El documento “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México” revela que solamente 36% de la población confía en el gobierno federal y 33% en el Instituto Federal Electoral (ahora INE). Los medios reciben el voto de confianza de únicamente 31% de la población y los partidos políticos de un escaso 20%. Cada día es más difícil engañar a una población mexicana cada vez más consciente e informada. 

Nos encontramos entonces en una coyuntura favorable para la construcción de esfuerzos coordinados desde la sociedad para convertir este descontento en acción. El viejo régimen del partido de Estado mantenía su control autoritario sobre el país en base al fomento de una confianza ciega de la población en las instituciones supuestamente “revolucionarias” y sobre todo en la supuesta bondad y la autoridad del Presidente de la República. El actual rompimiento histórico de estos mitos generados por el Estado despótico, deja la mesa puesta para el surgimiento de nuevos actores sociales que puedan ganar la confianza de los ciudadanos y ejercer un nuevo liderazgo social. 

La gran recepción ciudadana a las 10 preguntas que el director de cine Alfonso Cuarón planteó a Peña Nieto sobre la reforma energética, y el hecho que el gobierno federal consideró necesario “contestar” aunque sea de manera simulada e hipócrita a las mismas, es un importante indicador de la coyuntura actual. Peña Nieto ya no controla los términos del debate o la agenda pública. El poder se traslada paulatinamente de la clase política a la sociedad. 

La liberación de (casi) todos los presos políticos detenidos en manifestaciones sociales en el Distrito Federal desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha (faltaría todavía el importante caso de Mario González) también desacredita la políticas represoras de Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard. Si bien los policías capitalinos siguen abusando cobardemente de su autoridad, los jóvenes ahora liberados y sus valientes abogados han dado una clara muestra de poder popular. Se encuentra en marcha un histórico proceso de reconquista de las calles de la capital del país para la sociedad indignada. 

El atraso en la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en las materias energética, telecomunicaciones y electoral es también una gran noticia. La sociedad cuenta con seis semanas de gracia, antes del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión programado para la segunda quincena de junio, para demostrar su fuerza y evitar la consumación del atraco y la censura. Estas seis semanas constituyen una oportunidad de oro para la articulación de movimientos e iniciativas sociales, evitando en todo momento los sectarismos y los protagonismos de siempre. 

El dinero y la represión lograron colocar un inepto en la silla presidencial. Pero han fracasado olímpicamente para ganar adeptos a la causa neoliberal. Los fuegos de artificio de Peña Nieto han engañado a muy pocos. Si bien todavía existen algunos desubicados que piensan que el PRI y el gobierno actual buscan el bienestar general, la cantidad de ciegos se reduce cada día. Se acabó la “luna de miel” de la restauración autoritaria y empieza a surgir de nuevo, como el Búho de Minerva, la voz de la sociedad. 

Twitter: @JohnMAckerman

(Publicado en Revista Proceso No. 1957)
(C) John M. Ackerman. Todos los derechos reservados.

viernes, 2 de mayo de 2014

ALBAZO: Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba "Ley de marchas" (2 de mayo de 2014)


No esperaron. Soberanía Popular reproduce aquí el texto de los artículos 212-214 de la nueva "Ley de Movilidad del Distrito Federal" aprobada de madrugada en un albazo legislativo durante la última sesión del periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril de 2014. 

Estos artículos constituyen una inaceptable y agresiva violación a los derechos humanos propia de los peores regímenes dictatoriales.  

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos den aviso. .

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos.

Artículo 213.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. .

Artículo 214.- Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente.