ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 30 de noviembre de 2014

"México no tiene Presidente" (30 de noviembre de 2014)

Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y Rosario Robles en Cochoapa el Grande, después
de atropellar y matar a un niño de 2 años,el pasado 8 de enero de 2014/Foto: Proceso
John M. Ackerman

El jueves pasado constituyó la última oportunidad de Enrique Peña Nieto para demostrar al pueblo mexicano y a la opinión pública internacional que él es en verdad el primer mandatario del país. Si fuera él quien realmente diera las órdenes, hubiera tomado el sartén por el mango, pedido la renuncia de la mayor parte de su gabinete y llamado a un amplio proceso de reconciliación nacional. Una acción clara y valiente de esta naturaleza le hubiera abierto una pequeña ventana de posibilidad para poder cambiar el curso de la historia presente. Pero ya es demasiado tarde.

Este 30 de noviembre de 2014 culmina el segundo año de la presidencia de Peña Nieto con la sociedad de pie y más fuerte que nunca (Saúl Hernández dixit. Video:http://ow.ly/F1xDM). Mientras, tanto la revelación por France 24 de un nuevo grupo de estudiantes desaparecidos en Cocula, Guerrero, como el descubrimiento por Carmen Aristegui de una nueva casa de Grupo Higa al servicio de Peña Nieto, confirman una vez más que el régimen actual está podrido hasta la médula.

Se le cayó la máscara a un sistema mafioso cuyo único interés es matar y robar. Cada día más personas se dan cuenta de que el señor que despacha en Los Pinos no es más que un viejo burócrata de cuarto nivel que solamente sabe seguir órdenes superiores. Es difícil imaginar que el pueblo aguante cuatro años más de las mismas burlas y desprecio de parte de la clase política.

La noche anterior del pomposo anuncio de su nuevo decálogo en Palacio Nacional, Peña Nieto conversó vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. De acuerdo con una fuente oficial quien habló con el diario El País bajo condición de anonimato, los dos mandatarios platicaron sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y coincidieron sobre la “necesidad de seguir trabajando para atender cuestiones que afectan la seguridad”. En otras palabras, Obama dio otro espaldarazo de impunidad a Peña Nieto y palomeó las propuestas que el mandatario mexicano presentaría el próximo día en Palacio Nacional.

E inmediatamente después del anuncio del decálogo, las primeras voces que se levantaron en un coro teatral para celebrar la iniciativa fueron las de la oligarquía nacional, representadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Celebraron las medidas anunciadas por Peña Nieto y señalaron, no sin razón, que constituyen el perfecto “complemento de las grandes reformas estructurales aprobadas en meses recientes”.

Tanto Obama como los oligarcas tienen importantes motivos para festejar el decálogo anunciado por su empleado en Los Pinos. Su esencia es acabar de una vez para siempre con la gran tradición de lucha política y conciencia social de los pueblos rebeldes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así como la consistente represión y encarcelamiento de estudiantes inocentes desde el 1 de diciembre de 2012 surge de la sed de venganza del régimen en contra de la irrupción de #YoSoy132, el nuevo ataque materializa el deseo de venganza de Peña Nieto en contra de la valiente desobediencia de Ayotzinapa y los pueblos del sur.

El mensaje de Peña Nieto fue meridianamente claro. Colocó a los “estados de la frontera norte”, con sus maquiladoras infames, narcotráfico desbordado y violencia fuera de control, como el ejemplo a seguir para los estados del sur que supuestamente sufrirían las consecuencias de sus “rezagos ancestrales”. En otras palabras, por medio de una combinación de limosnas, mordidas y represión, se impondrá el “orden” necesario para saquear los enormes recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, los Altos de Chiapas y las montañas de Guerrero, así como para encadenar la población a la voluntad de Walmart, Chevron e Iberdrola.

Las nuevas “zonas económicas especiales” de Peña Nieto no son otra cosa que la resurrección del sueño de Vicente Fox de establecer un “Plan Puebla Panamá”. Se mantiene firme el objetivo de destruir las culturas ancestrales del sur y convertir todos los estados de la región en una gran maquiladora al servicio del capital internacional más rapaz. Recordemos que Fox incluso prometió desde antes de tomar posesión que durante su gobierno el 20 de noviembre dejaría de celebrarse el aniversario de la Revolución Mexicana para convertirse en el día de festejo nacional del Plan Puebla Panamá.

Y los nuevos “programas sociales” promovidos por Rosario Robles en coordinación con Coca Cola, Nestlé y MacDonalds evidentemente no acabarán con el hambre lacerante en la región. Su principal objetivo será moldear los gustos y las conciencias del pueblo para que acepten sin mayor protesta la conquista del sur por los buitres del norte.

Recordemos cómo el pasado 8 de enero una parte de la comitiva de Robles embistió y mató a un niño de dos años que observaba la llegada de la funcionaria federal a un acto con Peña Nieto y Ángel Aguirre en Cochoapa el Grande, Guerrero, el municipio más pobre del país. Aunque Proceso dio a conocer la información, el incidente fue ignorado por la mayoría de los medios y encubierto por las autoridades. Fue un ensayo preliminar para los encubrimientos de Tlatlaya e Iguala, así como una clara estampa de las verdaderas prioridades de la flamante secretaria de Desarrollo Social.

La buena noticia es que una vez más el régimen demuestra su total ausencia de brújula ideológica o legitimidad histórica. Así como Carlos Salinas de Gortari tuvo que recurrir a la figura de Emiliano Zapata para intentar justificar la privatización del campo y Enrique Peña Nieto quiso utilizar el legado de Lázaro Cárdenas para defender la entrega del petróleo a manos extranjeras, hoy quien se ostenta como presidente de la República busca manipular los justos reclamos de “Todos somos Ayotzinapa” para acabar con el espíritu rebelde que hizo posible la actual efervescencia social.

La verdadera estrategia para evitar “otro Ayotzinapa” no será entonces el combate al crimen y la corrupción, sino acallar la protesta social con el fin de evitar otra crisis política similar. El régimen sigue sin capacidad de proponer o articular una nueva visión afirmativa del país y se limita a intentar robar las banderas de la sociedad y vengarse de sus adversarios. Son signos de un sistema desesperado, totalmente vacío por dentro y al borde de una implosión histórica sin precedentes. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1987

domingo, 16 de noviembre de 2014

"¿La cuarta será la vencida?" (16 de noviembre, 2014)

John M. Ackerman

Desde 2011, cada año México ha sido convulsionado por un importante estallido social a favor de la transformación de su corrompido sistema político. Hoy, en el cuarto año de protestas, empiezan a brotar las semillas de la concientización, la solidaridad y la organización sembradas por cada uno de los movimientos anteriores. Renacen simultáneamente las luchas de 2011 que cuestionaron la “guerra” en contra del narcotráfico, el levantamiento estudiantil de 2012 que repudió a Enrique Peña Nieto, y las movilizaciones de 2013 en contra de las “reformas estructurales” del Pacto por México. Esta poderosa síntesis dialéctica de diversos actores, causas y estrategias es lo que explica la increíble fuerza del actual movimiento global que reclama justicia para los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Nadie sabe hasta dónde llegará este proceso de efervescencia social. Pero lo que ya queda absolutamente claro es que la sociedad mexicana no es de ninguna manera apática o inconsciente. Han fracasado olímpicamente tanto la clase política como los principales consorcios mediáticos en su misión de moldear al pueblo mexicano a imagen y semejanza de la cultura individualista y consumista del norte. México sigue siendo tan latinoamericano como siempre y su pueblo luchará hasta el final para lograr una democracia verdadera, donde las autoridades rindan cuentas al pueblo humilde en lugar de a la oligarquía nacional, los intereses financieros internacionales y los mandatos de Washington.

En este momento no existe ninguna urgencia para “organizar” burocrática o programáticamente la multitud de expresiones de solidaridad que han surgido espontáneamente desde Oaxaca hasta París y desde Chicago hasta Santiago. Si bien el establecimiento de fuertes lazos de coordinación constituye sin duda una misión importante a mediano plazo, intentar ahora centralizar o estructurar formalmente estas expresiones solamente generaría embudos procesales y debates estériles. Lo verdaderamente urgente es que cada quien redoble la cantidad y la calidad de sus intervenciones sociales con el objetivo de terminar de hacer añicos lo más pronto posible el guión de la “normalidad” democrática que nos han querido vender desde el año 2000.

Cada una de las contribuciones individuales, colectivas, pequeñas o grandes, son estratégicas y sumamente importantes: las banderas blancas en el estadio de futbol de Holanda, las expresiones de repudio a los partidos políticos en Chilpancingo y Morelia, las caravanas de solidaridad hacia Iguala y Ayotzinapa, las marchas, plantones y ofrendas en plazas públicas, la edición de videos, artículos y reportajes sobre las implicaciones de la masacre, los discursos y muestras de solidaridad en conciertos y en la entrega de premios, las caravanas de concientización de los padres de Ayotzinapa a otros estados del país, la elaboración de imágenes, consignas y canciones que articulan la rabia popular, las conversaciones con los vecinos y los compañeros del trabajo y de la escuela. Habría que sacar todo el jugo posible del actual momento “revolucionario” con el fin de difundir, expandir y articular la conciencia social.

Este próximo 20 de noviembre, el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, será sin duda un día clave para que todos expresemos nuestro absoluto repudio al narcogobierno que tiene postrada a la nación. La supuesta “transición democrática” ha resultado ser un enorme fraude. Hoy en México no manda el pueblo, sino el dinero y las redes informales del poder más sádico y corrupto. Si el 20 de noviembre todos y cada uno de los ciudadanos de México, más los millones de mexicanos residentes en el extranjero, hacemos algo para expresar nuestra indignación, aunque sea con acciones sencillas y estrictamente simbólicas, temblarían los cimientos del sistema. Constituye una enorme oportunidad para levantar la voz de manera coordinada como miembros de una gran patria que no merece ser asesinada, saqueada y desangrada todos los días.

En general, es difícil imaginar que el movimiento cumbre de 2014 termine igual de irresuelto que los anteriores, como el Movimiento por la Paz (2011), #YoSoy132 (2012) y las protestas en contra de las reformas energética y educativa (2013). Los estudiantes y los padres de familia de Ayot­zinapa tienen perfectamente claro que lograr justicia para sus compañeros e hijos caídos no depende de una conferencia de prensa de Murillo Karam o del resultado de un estudio de la Universidad de Innsbruck. Son personas que tienen una gran formación cultural y educativa, así como conciencia social, y saben que la única forma de realmente “evitar que ocurra otro Ayotzinapa” es resolver de raíz el problema de impunidad y corrupción estructurales.

Nuestros gobernantes, en cambio, todos los días hacen gala de su gran ignorancia, indiferencia e incultura. El viaje a China, la “Casa Blanca” y el avión de Enrique Peña Nieto, el maquillista de Angélica Rivera, los provocadores en Palacio Nacional, las declaraciones golpistas del general Cienfuegos, y los comentarios incendiarios de los jóvenes priistas Ana Alidey Durán y Luis Adrián Ramírez, todos revelan una podredumbre moral y ética que ha corroído al sistema político hasta la médula.

Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado de EU, ha pedido a la sociedad mexicana “mantener la calma” frente a la tragedia de Ayotzinapa. Pero habría que recordar a la funcionaria que la “calma” fue rota ya hace muchos años por su país al imponer una absurda y criminal “guerra” militarizada, en contra del pueblo mexicano, que ha generado más de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos desde 2007. Más bien, lo que se requiere es trabajar sin descanso para seguir interrumpiendo la calma y la tranquilidad de los poderosos con el objetivo de un día lograr un momento de paz para el pueblo humilde y trabajador, así como un verdadero descanso para los familiares y amigos de las víctimas del sadismo institucionalizado. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No.1985)

lunes, 3 de noviembre de 2014

"Guerrero y el renacimiento de la patria" (2 de noviembre, 2014)

Protesta por Ayotzinapa en Zacatecas//Foto: NTRZacatecas
In memoriam Pablo Sandoval Ramírez, gran luchador y político guerrerense hoy más imprescindible que nunca.

John M. Ackerman

Sería difícil encontrar un sitio más apropiado que Iguala de la Independencia, Guerrero, para iniciar el urgente proceso de reconstrucción nacional. Fue ahí donde se concretó la Independencia de México con la firma del Plan de Iguala y la elaboración de la Bandera Nacional el 24 de febrero de 1821. En aquella fecha histórica lograron unirse las diversas fuerzas nacionalistas que después rápidamente derrotarían a la Corona de España. Hoy hace falta repetir aquella hazaña para, con medios pacíficos pero contundentes, derrotar una vez más al despotismo que reina en el país.

Los desesperados esfuerzos del gobierno federal para apagar el fuego de la resistencia ciudadana en Guerrero han resultado contraproducentes. El gobernador interino, Rogelio Ortega, perdió toda credibilidad desde el primer momento de su mandato al comportarse como un servil empleado de Enrique Peña Nieto. En lugar de tomar acciones concretas para encontrar a los estudiantes desaparecidos y resolver la crisis de gobernabilidad en el estado, Ortega acudió a Palacio Nacional para rendir pleitesías y comprometerse a “entregar buenas cuentas” al Virrey contemporáneo.

La reunión de Peña Nieto con los padres de familia y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue igualmente un fracaso. “Tal parece que se están burlando de nosotros”, señaló con mucha razón el padre de familia Epifanio Álvarez. “Que no se le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas”, sentenció otro valiente padre de familia, Felipe de la Cruz. Cada vez son menos creíbles los vacíos compromisos de parte del ocupante de Los Pinos para “llegar al fondo” de la masacre.

El intento de criminalizar a los normalistas, y los ridículos esfuerzos por responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador también evidencian la enorme vulnerabilidad del régimen. Arrinconado por la movilización social y atrapado en su laberinto de impunidades, el dinosaurio da coletazos sin racionalidad alguna, como un perro herido y resentido. Quienes conocen el verdadero contexto para la selección de Abarca en Iguala han revelado que no fue López Obrador, sino Jesús Zambrano, quien lo impuso como candidato. Asimismo, no hay que olvidar que el municipio de Cocula, donde aparecieron los nuevos restos humanos, es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero la filtración más importante no son las fotografías del líder de Morena, sino las acusaciones con respecto al posible financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas de José Luis Abarca y Ángel Aguirre. Esta información tiene la clara intención de encapsular la problemática en el ámbito local, pero es muy probable que al régimen le salga el tiro por la culata.

Los jefes de los cárteles de las drogas son sin duda criminales violentos e inhumanos, pero sería un error imaginar que también son tontos. Tanto el narcotráfico como el crimen organizado están tipificados como delitos federales. Si financiaron campañas políticas a niveles municipal y estatal, tendrían que haber participado también en las elecciones federales, y en particular en las presidenciales, donde se selecciona quién estaría a cargo de las fuerzas de seguridad responsables de perseguir precisamente los delitos que más interesan a los narcotraficantes.

El IFE –ahora INE–, convenientemente, jamás ha llegado al fondo de la vasta red de triangulaciones que permitieron financiar el exorbitante gasto ejercido por Peña Nieto para arribar a Los Pinos. Sin embargo, la Comisión Monex de la Cámara de Diputados ha estimado que el actual presidente rebasó por 12 veces el tope de gastos de campaña al erogar aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. ¿De dónde salieron todos esos recursos para las tarjetas Monex y Soriana, para los “incentivos” a los medios de comunicación y las casas encuestadoras, así como para el masivo operativo de compra y coacción del voto el día de la elección?

En general, será imposible para el gobierno federal evitar ser llamado a cuentas por la masacre. Guerrero ha sido ocupado por los militares desde hace décadas. Y durante el mandato de Ángel Aguirre se consolidó el control federal sobre la seguridad pública en el estado por medio del “Grupo Coordinación Guerrero”, con la protagónica y consistente participación de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sería ingenuo imaginar que la pasividad criminal del 27 Batallón de Infantería –ubicado en Iguala– durante la masacre, así como la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas, se deben solamente a la probada ineptidud de las instituciones federales.

El estado de Guerrero siempre se ha colocado a la vanguardia de las transformaciones políticas y sociales de México. Su nombre mismo constituye un homenaje al gran revolucionario Vicente Guerrero, originario de Tixtla –donde se encuentra Ayotzinapa– y uno de los líderes más visionarios y comprometidos con el pueblo durante la guerra de Independencia. Sin la tenacidad del general Guerrero, la artera ejecución de José María Morelos en 1815 muy probablemente hubiera puesto fin a los sueños de tener un país libre y soberano.

Recordemos que fue en Acapulco donde Morelos dio a conocer sus Sentimientos de la Nación y llamó a crear el Congreso de Chilpancingo para fundar la nueva patria desde la capital del estado. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social indudablemente central para la democratización del país.

El sistema autoritario ya casi toca fondo, y Guerrero se coloca como el sitio ideal para iniciar la ardua labor de reconstrucción de la patria. Los valientes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya han puesto el ejemplo al ir más allá de las importantes huelgas estudiantiles para también organizar caravanas de apoyo y de solidaridad desde la Ciudad de México hasta Iguala. Otras universidades y agrupaciones sociales de todo el país harían bien en realizar acciones similares para ir convirtiendo a Iguala, y a la normal de Ayotzinapa en Tixtla, en centros para la articulación de una gran red de poder popular capaz de, finalmente, transformar a la nación y “mover a México” hacia una democracia verdadera.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 1983