ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 28 de diciembre de 2015

"España y México: ¿Podemos?" (Revista Proceso, 27 de diciembre, 2015)

Pablo Iglesias, líder de Podemos
 John M. Ackerman

En las elecciones del domingo 20 de diciembre en España al presidente Mariano Rajoy le fue tan mal como a Enrique Peña Nieto en los comicios del pasado 7 de junio en México. En ambos casos el partido en el poder, el Popular (PP) de Rajoy y el Revolu­cionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, recibió únicamente 29% del respaldo popu­lar. Los españoles y los mexicanos también castigaron duramente a los tradicionales partidos de oposición. Tanto el PSOE en Espa­ña como el PAN y el PRD en México sufrieron graves reveses electorales en 2015. De mane­ra simultánea, de ambos lados del Atlántico emergieron nuevas opciones políticas: Pode­mos y Morena a la izquierda, y Ciudadanos y los candidatos “independientes” a la derecha.

En España, el PP de Rajoy lame hoy sus heridas, transforma su discurso y lucha desesperadamente para armar una coalición parlamentaria que le permita mantenerse en el poder. Los medios y la población españoles comentan sobre la llegada de una nueva épo­ca en la política nacional en que los partidos tradicionales tendrán que compartir espacio y ceder el liderazgo nacional a los esfuerzos políticos emergentes.

En contraste, en México al parecer todo sigue igual. Peña Nieto se mantiene tan cí­nico como siempre, reprimiendo maestros, vendiendo el país, protegiendo corruptos y aprobando leyes regresivas. La militariza­ción de la reforma educativa, las recientes licitaciones petroleras a una serie de empre­sas patito de nueva creación, el fracaso de la acusación penal en contra de Arturo Escobar, los nulos avances en el caso Ayotzinapa y el Constituyente amañado para el Distrito Fe­deral, son, todos, signos de que poco o nada ha cambiado en nuestro país.

Pero las apariencias con frecuencia en­gañan. Los desenlaces políticos diferentes frente a resultados electorales similares son sólo efectos temporales de los diseños insti­tucionales en los dos países.

España tiene un sistema parlamentario en que el jefe del gobierno surge del Parla­mento y solamente puede mantenerse en el poder si alcanza mayoría en ese órgano legislativo. En este tipo de sistemas las cri­sis de legitimidad por lo común encuentran más rápidamente un cauce institucional, ya que la autoridad central depende del respal­do de la población expresado en constantes elecciones parlamentarias. Si México contara con un sistema de tal naturaleza, Peña Nieto sin duda hubiera tenido que hacer maletas desde hace mucho tiempo.

En contraste, en sistemas presidencia­les como el mexicano la política nacional es menos sensible en el corto plazo a las crisis de legitimidad. El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo es elegido de manera direc­ta por la población por un periodo prede­terminado lo protege temporalmente de la opinión pública. Sin embargo, precisamente esta falta de flexibilidad de los sistemas pre­sidenciales es lo que genera las condiciones para cambios políticos demasiado bruscos al término de cada periodo de gobierno.

En suma, mientras los sistemas parla­mentarios permiten que el sistema políti­co vaya amortiguando y asimilando poco a poco las transformaciones sociales, en los presidenciales la tormenta ciudadana tiene más tiempo para acumular fuerza en preparación para su desenlace defi­nitivo durante las próximas elecciones presidenciales.

En España, el nuevo partido Podemos logró colocarse muy rápido como una fuerza importante dentro del Parlamento y sus líderes ya se encuentran en un proceso de negociación para posiblemente formar parte de una nueva coalición de gobierno. Su incorporación al gobierno implicará por necesidad un alejamiento de sus bases sociales, así como una moderación de su compromiso con la transformación de la política nacional. Asimismo, las posiciones de Podemos sin duda se verán afectadas por el fuerte giro a la derecha en toda Eu­ropa a raíz de la crisis de los refugiados de Siria y los ataques terroristas en Francia.

En contraste, en México nos restan to­davía dos largos años para construir y for­talecer la nueva alternativa ciudadana des­de la izquierda. En nuestro país tenemos también la gran ventaja de contar con una Constitución mucho más avanzada que la española, sin Rey y con un amplio menú de derechos económicos y sociales. Asimismo, en México nunca vivimos una dictadura to­talitaria como la de Francisco Franco, quien gobernó con mano de hierro durante cuatro décadas (1936-1975), lo cual institucionalizó una cultura política con fuertes tendencias fascistas muy diferentes a la cultura políti­ca mexicana, forjada por siglos de luchas y reivindicaciones sociales.

La sordera, el cinismo y la inflexibilidad del régimen autoritario mexicano constitu­yen su Talón de Aquiles. Mientras Aurelio Ñuño hace campaña encarcelando maes­tros, Manuel Velasco comprando votos y Manlio Fabio Beltrones privatizando la po­lítica, 81% de la población mexicana que se encuentra insatisfecha con el funciona­miento de nuestro sistema político (véase Latinobarómetro 2015; va tejiendo paso a paso las redes, las relaciones y las propuestas necesarias para finalmente hacer valer la soberanía popular en 2018.
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Publicado en Revista Proceso No. 2043
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lunes, 14 de diciembre de 2015

"La revancha mexicana" (Revista Proceso, 13 de diciembre, 2015)

Donald Trump y Enrique Peña Nieto
John M. Ackerman

Somos testigos de un colapso generalizado, a nivel global, de las viejas estructuras y coordenadas de la política democrática. En Estados Unidos y Francia, personajes como Donald Trump y Marine Le Pen, que en otros tiempos serían figuras marginales generadoras de interés sólo en pequeños círculos ultra-reaccionarios, hoy ocupan una posición absolutamente central en los debates de sus naciones. Mientras, en Argentina, Venezuela y Brasil, la derecha neofascista también avanza con paso firme hacia la ocupación de las instituciones públicas de las cuales ha sido excluida desde los inicios del siglo XXI. Pero, simultáneamente, en países con una larga historia autoritaria, como España, Grecia, Bolivia y Ecuador, se construyen nuevas opciones políticas y se consolidan las trayectorias de gobiernos progresistas.

Es un error conceptualizar la coyuntura mundial actual como simplemente de avance de la derecha o de “agotamiento” de los gobiernos de izquierda. Lo que ocurre es algo mucho más profundo. Nos encontramos en medio de un rompimiento histórico con la estéril mitología del “centro democrático” o “tercera vía” como una solución a los problemas de la humanidad. Los pueblos están buscando soluciones cada vez más contundentes y palpables a sus problemas cotidianos y empiezan a elegir aquellas opciones que prometen nuevas salidas de transformación social.

En algunos países la derecha es el actor político que, con base en mentiras, provocaciones y carretadas de dinero, ha cosechado inicialmente los frutos del río revuelto de desesperación, miedo e indignación. Donald Trump, Marine Le Pen, Mauricio Macri y Leopoldo López hoy se regocijan con sus triunfos sobre el viejo sistema político. Sin embargo, es muy difícil imaginar que ellos podrán satisfacer realmente las demandas de mayor bienestar y seguridad de sus pueblos. Su servilismo a los intereses internacionales más retrógrados forzosamente les empujará a dar la espalda a sus propios connacionales, tal y como ha ocurrido en México con Enrique Peña Nieto.

Quienes tendrían mayor potencial para sacar provecho de la actual coyuntura de inestabilidad y reconfiguración política global son los movimientos ciudadanos y políticos de abajo. Este sector es el único que tiene una posibilidad real de articular una nueva visión más auténtica de la política como un espacio de construcción de utopías y de control férreo sobre los poderes despóticos.

Lamentablemente, quienes nos encontramos del lado de los pueblos, en lugar de reconocer nuestras enormes fortalezas, solemos hundirnos en el derrotismo y la depresión. Nos resulta más cómodo escondernos atrás del lamento fácil de que supuestamente todos nuestros compatriotas serían “apáticos” o “agachados”, en lugar de abrazar y apoyar la infinidad de muestras de conciencia y de participación que nuestros hermanos nos dan todos los días.

En México la situación es particularmente trágica. Muchos de los mismos periodistas, comentaristas y ciudadanos supuestamente ultraconcientizados que se quejan de la supuesta apatía de sus vecinos y colegas, son los primeros en descalificar a uno de los movimientos más importantes de la historia reciente: el de los maestros en lucha contra una supuesta “reforma educativa” cuyo único fin es destruir el legado público y humanista del sistema educativo nacional. Simultáneamente, muchos de los líderes magisteriales de la combativa, consciente y valiente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado la actitud contraproducente de dar la espalda a las ofertas de alianza y de trabajo en conjunto que provienen de quienes tienen la ilusión de tomar control sobre las instituciones públicas por la vía de las urnas.

Tanto los críticos de café como los líderes sociales sectarios fortalecen el sistema de autoritarismo neoliberal que hoy tiene postrada a la nación. Este sistema depende precisamente de las divisiones entre la clase media urbana y los movimientos fuera de las grandes urbes, así como entre los movimientos sociales y la acción política-electoral. Un posicionamiento auténticamente “antisistémico” rompería de tajo con los mecanismos de división, cooptación y represión propios del sistema priista para construir juntos un nuevo bloque histórico basado en la confluencia entre la infinidad de diferentes luchas que se manifiestan todos los días en las calles y las plazas de la República Mexicana.

Independientemente de lo que uno puede opinar a favor o en contra de los líderes o las causas específicas de un movimiento u otro (CNTE, Morena, Ayotzinapa, policías comunitarios, “Democracia UNAM”, Corredor Chapultepec, etcétera), tenemos que darnos cuenta de que todos son ejemplos de la enorme voluntad de participación y de cambio que hoy existe en México. En lugar de buscar pretextos para descalificar los métodos o las ideologías de los otros, habría que extender una mano generosa en apoyo a todas las causas justas.

Con el fin de poder sobrellevar la próxima coyuntura electoral de 2018, la oligarquía ya prepara una potente aspirina para adormecer temporalmente el agudo dolor ciudadano que todos sufrimos. Es altamente probable entonces que México siga el camino de Estados Unidos, Francia, Venezuela y Argentina con la consolidación definitiva de nuestro narco-Estado autoritario. Sin embargo, también queda abierta la posibilidad de dar una contundente lección histórica no solamente a los oligarcas corruptos que hoy nos malgobiernan, sino también de volver a colocar a México como un sitio estratégico para la renovación de la esperanza ciudadana en el mundo entero, tal y como lo hicimos en 1994 y quisimos repetirlo en el 2000.

La salida de emergencia se encuentra a los ojos de todo el mundo. Solamente falta dar un paso adelante y, juntos, empujar fuerte y de manera coordinada para poder asomarnos a la luz de un nuevo régimen. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2041
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lunes, 30 de noviembre de 2015

"Ni un peso al Teletón" (Revista Proceso, 29 de noviembre, 2015)


John M. Ackerman

El Patronato del Teletón está controlado por los hombres más ricos y poderosos del país, incluidos Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, y Carlos Slim, presidente de Telmex, Telcel y Carso. Los ciudadanos que trabajamos arduamente todos los días para alimentar a nuestras familias no tenemos por qué donar nuestros pocos ahorros para purgar los pecados y limpiar las conciencias de los dueños del país, cuyas principales actividades son jugar golf, abrir botellas de champaña y hojear los estados financieros de sus negocios multimillonarios.

Si Azcárraga y Slim quieren ayudar a los niños discapacitados, que lo hagan con su propia fortuna, sin chantajear a la población mexicana, sin evadir impuestos o desperdiciar dinero en costosos circos mediáticos. Y si los ciudadanos del país se sienten comprometidos a respaldar a los menos favorecidos, existen miles de formas de apoyar directamente a los vecinos, familiares, amigos o colegas en problemas sin tener que pasar por los malos oficios de Televisa y Telcel.

Existe, sin duda, una grave crisis humanitaria en México. Más de 50 millones de pobres no tienen suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. La situación de los niños discapacitados o con cáncer es particularmente escandalosa ya que el colapso de los servicios públicos durante la larga noche neoliberal los ha dejado en un estado de total abandono.

Sin embargo, la solución no se encuentra en reemplazar la responsabilidad del Estado para atender a los más vulnerables con las limosnas de las empresas monopólicas del país. El artículo 4 de la Constitución señala sin rodeos que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El hecho de que el gobierno no cumpla con esa tarea se debe precisamente a oligarcas como Azcárraga y Slim. Dejemos de alimentar a los monstruos que generan nuestra desgracia y trabajemos juntos para lograr un nuevo régimen donde el Estado cumpla con sus obligaciones.

Los oligarcas y sus empresas utilizan una infinidad de exenciones, trucos y paraísos fiscales para reducir al mínimo sus contribuciones al Estado. También intervienen en la política nacional para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que dan la espalda a los discapacitados.

Además, los dueños del país reciben contribuciones millonarias del Estado por medio de la contratación de publicidad gubernamental y obras públicas, así como con el otorgamiento de generosas concesiones para la explotación de recursos nacionales y del espectro radioeléctrico. En lugar de pedirnos donar dinero a los más ricos, nosotros deberíamos exigirles a ellos que contribuyan al desarrollo nacional.

En un Estado democrático, todos tenemos la obligación de contribuir para resolver las necesidades generales de la población. En particular a los más afortunados corresponde contribuir con el sector público para que el Estado pueda invertir en servicios indispensables para el desarrollo nacional, como carreteras, drenaje, salud, educación, atención a discapacitados, etcétera.

Pero en un contexto oligárquico, como el que hoy tenemos en México, todo se encuentra de cabeza: El Estado aporta recursos a las empresas monopólicas. Las insultantes donaciones que realizan las instituciones públicas directamente al Teletón constituyen una confirmación de este fenómeno.

Televisa tiene miedo. El año pasado no se alcanzó la meta de recaudación para el Teletón, y de último momento tuvieron que maquillar las cifras para simular que la población mexicana aún confía en este consorcio mediático. La cara de su vocero, Carlos Loret de Mola, al igual que la de sus acompañantes la noche del cierre del Teletón 2014, evidenciaron su profunda decepción y preocupación con los resultados. Cada día menos personas creen en las mentiras de Televisa y recurren a fuentes alternativas de información.

Es por ello que ahora Teletón ha gastado tanto en una indignante campaña propagandística a favor de sí misma. Como si se tratara de una campaña política, buscan chantajear a los mexicanos para obligarlos a donar sus pocos ahorros al proyecto privatizador. También han lanzado un ejército de #TelevisaBots para intimidar e insultar a quienes expresamos críticas hacia el proyecto.

Pero Televisa y Carlos Slim cavan su propia tumba. Entre más gastan en promover el proyecto, más clara queda la estafa que es el Teletón. Las donaciones de los ciudadanos despistados ni siquiera servirán para apoyar a los centros de rehabilitación privatizados, sino que serán arrojados al hoyo negro de la propaganda y la autopromoción.

No tiene ningún sentido destinar un solo peso a financiar los anuncios del Teletón. Regalar nuestro dinero a Televisa o a Telcel es como votar por el PRI. Dejemos de amar a nuestros verdugos y asumamos nuestra responsabilidad de participar en la construcción de una nueva República, donde todos los niños discapacitados y jóvenes enfermos tendrían garantizada una atención especializada de calidad, tal y como lo mandata nuestra Constitución.

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Publicado en Revista Proceso No. 2039

lunes, 16 de noviembre de 2015

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (16 de noviembre, 2015)

BOLETIN DE PRENSA

Académicos de la UNAM convocan a un foro deliberativo universitario para fortalecer la democratización, la transparencia y la voz pública de la Máxima Casa de Estudios 


Lunes, 16 de noviembre, 2015 
  • Este martes 17 de noviembre, tomará posesión el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como el nuevo Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  • Hoy, lunes 16 de noviembre, más de 80 académicos e investigadores de 24 entidades de la UNAM publican un desplegado en que invitan a la comunidad universitaria a trabajar juntos para iniciar una nueva etapa más democrática, transparente y de espíritu crítico en la Máxima Casa de Estudios. 
  • Los firmantes celebran el rechazo manifiesto por parte de vastos sectores de la comunidad universitaria a la posibilidad de una imposición del nuevo Rector desde Los Pinos. 
  • Sin embargo, los académicos también señalan que “el continuismo equivale al retroceso” dentro del alarmante contexto actual de crisis nacional. 
  • Convocan a efectuar el próximo semestre un primer foro deliberativo en la Máxima Casa de Estudios. 
Más de 80 académicos e investigadores de 24 entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortaron al rector designado para el periodo 2015-2019, Enrique Luis Graue Wiechers, a pasar de los pronunciamientos a la acción y tomar en cuenta a la comunidad universitaria para la definición de las políticas institucionales en la casa de estudios. 

Los universitarios dieron a conocer un documento titulado “Carta abierta a la comunidad de la UNAM” (texto completo disponible aquí: www.democraciaunam.blogspot.mx) en el que señalan: “Durante los últimos meses, numerosos colectivos de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se han pronunciado a favor de una transformación en la universidad. En sus primeras declaraciones como rector electo, el doctor Graue ha enfatizado la importancia de tener una institución ‘capaz de indignarse ante la injusticia y la inequidad’ y ha mencionado su apertura a la posible celebración de un Congreso Universitario, así como a ‘analizar otras posibilidades’ con respecto al procedimiento de selección de los directivos”. 

Quienes suscriben el documento afirmaron que le tomarán la palabra: “Ha llegado la hora de pasar de los pronunciamientos a la acción y poner nuestra universidad a tono con la realidad del siglo XXI. Para ello la comunidad universitaria reclama ser sujeto activo en la definición de las políticas institucionales.” 

La carta es firmada, entre otros, por el ex integrante de la Junta de Gobierno y ex director de la Facultad de Ingeniería, Javier Jiménez Espriú; el ex director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco; los consejeros universitarios por el Instituto de Investigaciones Económicas, Josefina Morales y Alfonso Bouzas; así como académicos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, como Lucía Álvarez y Margarita Favela; del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como John Ackerman, Juan Luis González Alcántara, Manuel Becerra y Jaime Cárdenas; del Instituto de Investigaciones Sociales, como Irma Eréndira Sandoval, Enrique Leff, Elena Lazos y René Jiménez Ornelas; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como Massimo Modonesi, Margara Millán y Benjamín Arditi; de la Facultad de Filosofía y Letras, como Gerardo de la Fuente, Tatiana Sule y Claudia Lucotti; del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, como Axel Didriksson; así como del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, como Victor Toledo; entre otros. 

Agregaron que durante “el proceso de consulta y de deliberación muy poco democrático”, que encabezó la Junta de Gobierno para designar al sucesor del rector José Narro Robles, “vastos sectores de la comunidad rechazaron la posibilidad de una imposición desde Los Pinos”, lo que –desde su concepción– influyó de forma decisiva en la decisión final: el nombramiento de Graue. 

Sin embargo, señalan que “el continuismo equivale al retroceso” y que “este logro tendría que marcar el inicio de una nueva etapa en la universidad, más democrática, participativa, autónoma, crítica y siempre gratuita.” 

Por ello, convocan a que el próximo semestre se realice un primer foro deliberativo universitario, “con el fin de identificar reformas clave y proponer acciones concretas para fortalecer la democratización, la transparencia y la voz pública de la universidad.” 

También se pronuncian porque exista la más absoluta transparencia en la distribución, asignación y utilización de los recursos universitarios. 

Los abajo-firmantes provienen de las siguientes 24 entidades de la UNAM:
Instituto de Geofísica
Facultad de Música
Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades (CIICH)
Instituto de Fisiología Celular
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe - CIALC
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
Facultad de Ciencias
Colegio de Ciencias y Humanidades (Sur)
Instituto de Investigaciones Económicas
Facultad de Economía
Colegio de Ciencias y Humanidades (Oriente)
Instituto de Investigaciones Filológicas
Facultad de Filosofia y Letras
Facultad de Estudios Superiores (Acatlán)
Instituto de Investigaciones Filosóficas
Facultad de Ingenieria
Escuela Nacional de Trabajo Social
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de Quimica
Dirección General de Bibliotecas
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad - Campus Morelia
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación



INFORMACION Y ENTREVISTAS: 

democraciaunam@gmail.com

domingo, 15 de noviembre de 2015

"Jubilación en venta" (Revista Proceso, 15 de noviembre, 2015)

John M. Ackerman

Después de décadas de arduo trabajo sirviendo a la nación, lo mínimo que merecemos todos y todas es poder disfrutar de una jubilación tranquila y decorosa con nuestras familias. Las personas de la tercera edad constituyen una parte esencial de la sociedad. Los abuelos y las abuelas son representantes de nuestra historia y anclas de nuestros valores. Así como la sociedad tiene la obligación de cuidar y asegurar una vida digna para sus niños y sus jóvenes, también la tiene con respecto a los mayores de edad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos internacionales firmados por este país señalan que todos tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ello aplica de manera especial para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (artículo 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9).

No es responsabilidad del individuo garantizar las condiciones mínimas necesarias para su retiro, sino de la sociedad en su conjunto. El trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días en la oficina, la fábrica, el campo, la calle o la casa, en el sector formal o informal, no es estrictamente un trabajo individual, sino que forma parte de un esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad. La nación tiene entonces la responsabilidad de devolver el favor a sus ciudadanos cuando, por su edad, ya no pueden seguir con el mismo ritmo de trabajo.

La mayor parte de los mexicanos no cuentan con suficientes ingresos para poder ahorrar en preparación de su retiro. El Estado, como representante de la comunidad nacional y garante de los derechos humanos, tiene entonces la obligación de garantizar una vida digna para este amplio sector de la sociedad una vez que se acaben sus años más productivos. Ello es particularmente importante cuando se trata de trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio del mismo Estado.

Pero los ideólogos del neoliberalismo trasnochado entienden la situación de otra manera. Para ellos lo único que importa es el negocio y la ganancia. Desde su punto de vista, gastar en las personas de la tercera edad es puro desperdicio. Es por ello que Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS en 1997 y Felipe Calderón las del ISSSTE en 2007. Hoy casi todos los recursos de nuestras pensiones se manejan por medio de “Afores” en manos privadas. Desde el punto de vista de la caduca clase política que actualmente controla el país, el objetivo no es garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos, sino aprovechar los ahorros de los trabajadores para garantizar jugosos negocios a sus amigos los banqueros.

Enrique Peña Nieto busca en su turno colocar la cereza en el pastel de la venta de nuestras jubilaciones. Hoy los trabajadores del Estado todavía tenemos la opción de confiar nuestro ahorro para el retiro a una institución pública, Pensionissste. Este organismo sin fines de lucro cobra las comisiones más bajas en el mercado y tiene la obligación legal de reinvertir sus ganancias en las mismas cuentas de los trabajadores. Justamente por eso se encuentra entre los fondos de mayor rendimiento que manejan Afores.

La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, que el PRI y el PAN buscan aprobar esta misma semana en el Congreso de la Unión, desincorporaría el Pensionissste del ISSSTE, transformándolo en una “empresa estatal de participación mayoritaria” donde 49% de las acciones podrían ser adquiridas por la iniciativa privada. El gobierno argumenta que este cambio ayudaría al Pensionissste a evitar trabas burocráticas que supuestamente limitarían su rendimiento. Pero en realidad lo que se busca es “liberar” a este importante fondo de ahorro de los controles públicos que garantizan la protección a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

Afortunadamente, la sociedad cuenta con la atenta vigilancia de la diputada Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. La doctora Damián generosamente ha tomado una pausa de sus importantes labores académicas en El Colegio de México para servir a la nación como legisladora, con el partido Morena, para el periodo 2015-2018.

Ella ha denunciado que con la reforma de Peña Nieto ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo del Pensionissste se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos entre los accionistas privados de la nueva empresa. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la Ley del ISSSTE se eliminan los candados que obligaban al Pensionissste a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, como construcción de vivienda y carreteras.

Finalmente, la fracción V del transitorio segundo de la reforma señala que “el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”. Es decir, con la privatización de Pensionissste el gobierno ya no garantizará rendimiento alguno para los trabajadores. Como ha ocurrido con todos y cada una de las mal llamadas “reformas estructurales” del Pacto por México, los derechos fundamentales de todos se convierten una vez más en un negocio para unos cuantos.

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Publicado en Revista Proceso No.2037
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lunes, 2 de noviembre de 2015

"Guerrero: las masacres que vienen" (Revista Proceso, 1 de noviembre, 2015)

General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional
John M. Ackerman

Todos sabemos cómo termina esta película. Primero se declara el colapso de las instituciones de seguridad pública lo­cales para justificar la intervención de las “fuerzas federales”. Acto seguido se nom­bra a un general de la Fuerzas Armadas “coordinador” o “enlace” para el “opera­tivo conjunto” en el estado correspon­diente. Más tarde el mando federal acu­mula tanta fuerza que se convierte en la figura política principal en el estado. Por último, el gobierno militar de facto impo­ne su “ley” y se generalizan las masacres indiscriminadas en contra de ciudadanos inocentes, así como las detenciones arbi­trarias de activistas sociales.

El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, in­mediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octu­bre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “refor­zar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coor­dinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero.

La “nueva estrategia” de seguridad pública de Astudillo viola de manera fla­grante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (por ejem­plo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses única­mente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

La estrategia ya ensayada en Michoacán, el Estado de México, Tamaulipas y Ja­lisco se traslada hoy a Guerrero. Astudillo no será más que una correa de transmi­sión, en realidad un “comisionado federal” más, para las órdenes emitidas desde la Ciudad de México. Estos lineamientos, a su vez, responden a los mandatos emitidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y los circuitos financieros internacionales. Guerrero ya no es digno de ser llamado ofi­cialmente un “estado libre y soberano”. A partir del 27 de octubre sería más correc­to referirse a esta entidad como el “estado militar y subyugado de Guerrero”.

Un día después del anuncio de Astu­dillo de su “nueva estrategia de seguridad pública”, varios agentes federales ingre­saron a la comunidad de Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, junto al río Balsas, para aprehender al líder comuni­tario Roberto López García. Sin embargo, los pobladores no lo permitieron y detu­vieron a dichos elementos bajo la acusa­ción de que estarían trabajando bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos.

A los ciudadanos de Guerrero les queda perfectamente clara de cuál lado se encuentran las autoridades en la lu­cha por la paz y la justicia en el estado. Frente a la traición de las instituciones públicas, es en los dignosluchadores sociales y en los pocos políticos valientes que se han aliado con las causas ciudadanas donde habría que depositar nuestra confianza.

Los funcionarios nombrados por Astudillo revelan claramente las redes de intereses que controlarán al gobierno estatal. Su secretario de Gobierno es Florencio Sa­lazar Adame, antiguo diputado, presidente municipal y líder priista. En el año 2000, Salazar Adame saltó del barco para fungir como “coordinador nacional de Adhesio­nes” para la campaña de Vicente Fox, con quien sería después coordinador del “Plan Puebla-Panamá” y secretario de la Refor­ma Agraria. En este segundo cargo foxista, uno de sus más importantes asesores y funcionarios era el ahora perredista y marcelista Armando Ríos Piter. Posterior­mente, durante la campaña presidencial de Calderón en 2006, Salazar Adame fun­giría como secretario general adjunto del PAN. Hoy este “chapulín” profesional y ca­cique local regresa a casa con el gobierno priista de Astudillo.

Gracias a los reportajes de la revista Proceso nos hemos enterado de que Astu­dillo también colocó a los hijos de Manuel Añorve Baños y de René Juárez Cisneros en puestos importantes de la adminis­tración. El nuevo gobernador también ha invitado a colaborar a figuras políticas cercanas a Elba Esther Gordillo, como José Luis González en la Secretaría de Educa­ción, y Ángel Aguirre y Jorge Salgado Parra en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

Una vez más se confirma el mito de la supuesta “transición democrática” en Mé­xico. Lo único que ha ocurrido durante los últimos 15 años ha sido la circulación de la misma clase política de siempre entre diferentes partidos y puestos políticos. La lógica del poder caciquil, represor, neo­liberal y corrupto sigue siendo exacta­mente igual que antes. Todos tenemos la obligación ciudadana de participar en la construcción de un nuevo bloque históri­co con suficiente fuerza para renovar de manera profunda y radical las coordena­das de la política nacional.
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Publicado en Revista Proceso, No. 2035
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lunes, 19 de octubre de 2015

"La privatización de México" (Revista Proceso, 18 de octubre, 2015)

John M. Ackerman

Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar de Estados Unidos.

A juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un “esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF) cuya función principal es generar oportunidades de negocios para los hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual no importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y la desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el precio del petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos estos fenómenos son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a los más vulnerables y necesitados dentro de un país, México, que estos funcionarios desprecian profundamente. Lo importante es mantener en forma la máquina mexicana de apoyo a las redes de poder global.

El TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del acuerdo internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil. Posteriormente, las reformas consensadas son presentadas a última hora y aprobadas sin deliberación alguna en clara violación de las prácticas y los reglamentos parlamentarios.

El TPP es aún más peligroso que la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país entero al servicio de las trasnacionales y de Washington.

A partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los “inversionistas” demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo de acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).

La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la soberanía popular.

México ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones gubernamentales.

En un caso, con el fin de proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.

En lugar de empoderar a las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal, lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las trasnacionales (véase: http://ow.ly/Trzfh).

Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Proceso No. 2033
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lunes, 5 de octubre de 2015

"La batalla por la UNAM" (Revista Proceso, 5 de octubre, 2015)

John M. Ackerman

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es cualquier centro de enseñanza superior, sino que se ha consolidado como la conciencia de la nación y como el principal motor para la movilidad social en el país. Con sus más de 340 mil alumnos, 38 mil académicos y 28 mil trabajadores, es de las pocas instituciones públicas que todavía sirven desinteresadamente a la sociedad mexicana. En el contexto actual de privatización descarada, corrupción desbordada, censura expansiva y represión desmedida, entrar a territorio puma significa respirar una enorme bocanada de aire fresco. Al pasear por cualquier zona de la máxima casa de estudios, el alma se llena de esperanza en la posibilidad de construir un México más justo y democrático

Pero el régimen autoritario encabezado por Enrique Peña Nieto no tolera el florecimiento de este tipo de libertades democráticas. Desde el 1 de diciembre de 2012 el “nuevo PRI” ha sometido a la sociedad mexicana, y en particular a los jóvenes estudiantes, a un acoso constante que busca desarticularlos, criminalizarlos e intimidarlos. El actual ocupante de Los Pinos jamás perdonará la explosión de esperanza juvenil que surgió aquel viernes 11 de mayo de 2012 cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana corrieron al entonces candidato presidencial de su campus entre gritos de “¡Fuera!”, “¡Asesino!”, ¡Cobarde!”. La masacre y la desaparición forzada de los estudiantes activistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, fue el resultado de la sed de venganza del presidente, así como de su política general de “limpieza” social y política. Para Peña Nieto los jóvenes son más un problema que una potencia nacional.

El desgobierno del Pacto por México tampoco respeta la autonomía de las instituciones públicas. Por medio de acuerdos cupulares, y en la más absoluta oscuridad, el régimen ha ido colocando sus cuadros más fieles en posiciones clave de organismos supuestamente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Asimismo, se han ido desarticulando y privatizando instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la SEP, el IMSS y el ISSSTE.

La colocación en la Rectoría de la UNAM de una persona fiel al actual proyecto de autoritarismo neoliberal es de suma importancia para el régimen. Una Universidad Nacional verdaderamente democrática, participativa y plural rápidamente se convertiría en una enorme piedra en el zapato para la clase política dominante. Desde la perspectiva de Peña Nieto, urge clausurar cualquier posibilidad de surgimiento de nuevos liderazgos juveniles o de proyectos intelectuales que podrían poner en riesgo sus planes transexenales.

En esta difícil coyuntura, una coalición cada vez más amplia de universitarios se ha movilizado para exigir un proceso transparente y democrático en la selección del nuevo rector de la UNAM, quien tomará posesión el próximo 17 de noviembre. El pasado lunes, un centenar de académicos de una docena de entidades de la máxima casa de estudios emitimos un comunicado público titulado Por la defensa de la Universidad Pública, de la UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STF4G). Numerosos grupos estudiantiles también han empezado a organizarse con objetivos similares (véase, por ejemplo: http://ow.ly/STGCr). Y en su último congreso general, celebrado en agosto, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emitió un histórico resolutivo exigiendo “transparencia plena” en el proceso de relevo en la Rectoría.

Frente a estas importantes exigencias de la comunidad universitaria, tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como los candidatos a la Rectoría han elegido seguir el ejemplo del padrino político de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo ni los oigo”. Hasta la fecha, ni un solo integrante de la Junta de Gobierno se ha dignado en contestar la carta enviada el pasado 26 de agosto por 35 académicos de carrera exigiendo que las deliberaciones de la misma sean públicas y transmitidas en vivo por TV UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STIa3). Y ni un solo candidato ha respondido al emplazamiento a un debate público de sus planes de trabajo lanzado por 100 académicos el pasado 28 de septiembre (documento aquí:http://www.democraciaunam.blogspot.mx/).

Todo parece indicar que las autoridades universitarias están decididas a imponer de manera unilateral, y sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, a uno de los dos candidatos enviados por Peña Nieto. Sergio Alcocer ha participado directamente en la privatización del petróleo y en el sacrificio de la soberanía nacional, primero como subsecretario en la Secretaría de Energía con Felipe Calderón y después en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Peña Nieto. Francisco Bolívar Zapata ha fungido como coordinador de Ciencia y Tecnología directamente en la Oficina de la Presidencia de la República desde 2012. Bolívar Zapata es conocido como el “Príncipe Monsanto” por organizaciones sociales a raíz de su aguerrida promoción de los transgénicos por medio de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Pero no será tan fácil como lo imaginan. En el simulacro electoral organizado por estudiantes de la UNAM el 17 de mayo de 2012, Peña Nieto recibió solamente 5.19% de la votación. Es casi unánime el rechazo de la comunidad universitaria al proyecto económico, político, educativo y cultural del actual ocupante de Los Pinos. Un rector impuesto por Peña Nieto generaría una situación de ingobernabilidad universitaria profundamente nociva para la institucionalidad democrática. Apostemos todos por la inclusión, la autonomía y la pluralidad. 


@JohnMAckerman

lunes, 21 de septiembre de 2015

"Vivos los queremos" (Revista Proceso, 20 de septiembre, 2015)

John M. Ackerman

Enrique Peña Nieto prepara un deleznable circo mediático a propósito de su encuentro este jueves, 24 de septiembre, con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Para el régimen, esta reunión constituye una oportunidad de oro para apaciguar la indignación social dos días antes de la gran movilización nacional e internacional este 26 de septiembre en el aniversario del crimen de Estado.

Les saldrá el tiro por la culata a Peña Nieto y a Televisa. Los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa han sido claros desde el principio con respecto a su absoluta desconfianza en el presidente y su gabinete. El propósito de los dignos luchadores sociales de Guerrero no es extraer más promesas vacías del gobierno federal, sino llamarlo a cuentas por su responsabilidad directa en el crimen cometido en contra de sus hijos. “A la reunión con el presidente vamos con todo, le vamos a restregar en su cara todas las mentiras… desde el principio nos prometió varios puntos… nunca ha hecho nada”, sostuvo el padre de familia Clemente Rodríguez en entrevista con Carmen Aristegui en CNN.

El señor Rodríguez tiene razón. El actual gobierno federal pasará a la historia como una de las administraciones más mentirosas y cínicas en México. Desde el primer día, Peña Nieto ha engañado a los padres de familia sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre y al pueblo mexicano en su conjunto con respecto a las investigaciones del caso. Tal y como ha sido revelado tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por Proceso, la principal actividad del gobierno federal ha sido la fabricación de supuestos culpables, así como el encubrimiento de la responsabilidad directa de las fuerzas federales en el crimen cometido aquella noche.

El 6 de diciembre de 2014, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de Ayotzinapa, rompió toda relación del movimiento con el gobierno federal: “A partir de hoy desconocemos al gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino… Si no hay Navidad para nosotros, tampoco para el gobierno. Sabemos que la caída de Alexander servirá para que florezca la Revolución”. De la Cruz pronunció aquellas palabras históricas en el Monumento a la Revolución en un acto conmemorativo del centenario de la entrada victoriosa de Emiliano Zapata y Pancho Villa a la Ciudad de México en pleno auge de la Revolución Mexicana. Ese mismo día, Jesús Murillo Karam había dado a conocer que los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria habían identificado el DNA del normalista Alexander Mora Venancio en uno de los fragmentos de hueso recogidos por las fuerzas militares en el Río San Juan.

Al gobierno federal le urge dar por muertos a todos los estudiantes desaparecidos y acabar con el liderazgo político de la gran familia de Ayotzinapa. Apenas el miércoles 16, la procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció con bombo y platillo que los mismos laboratorios de Innsbruck habían identificado los restos de otro normalista: Jhosivani Guerrero de la Cruz. Gómez también anunció que invitaría tanto a los peritos argentinos como a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar directamente con la PGR en el análisis de los otros restos.

Los argentinos y los integrantes del GIEI difícilmente aceptarán hacerle el juego al gobierno federal. Las únicas personas presentes a la hora de recoger los restos en cuestión fueron los miembros de las fuerzas militares ahora directamente implicados en el crimen. En lugar de colaborar con un gobierno asesino en sus labores de encubrimiento, los expertos independientes tendrían que aliarse plenamente con la sociedad en su exigencia de justicia irrestricta tanto para el caso de Ayotzinapa como para todas las desapariciones forzadas del país.

En su desesperación por frenar una nueva ola de protesta social, Peña Nieto no escatimará esfuerzos el próximo jueves 24 por prometer bajar el cielo y las estrellas a los padres de familia. Recordemos, sin embargo, cómo el gobierno mintió abiertamente a los maestros democráticos el pasado 29 de mayo. Con el fin de engañar a los profesores y apaciguar la resistencia popular, una semana antes de las elecciones del 7 de junio el gobierno federal anunció la “suspensión” de la reforma educativa. Pero una vez pasada la tormenta, Peña Nieto inmediatamente reactivó la reforma. Y ahora su nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, se apresta a despedir a miles de maestros quienes con toda razón rechazan la aplicación de las nuevas evaluaciones punitivas y neoliberales.

Ya es demasiado tarde para más promesas vacías. Después de tantas mentiras, sería ingenuo y profundamente destructivo tener confianza en quien hoy ostenta la banda presidencial. Lo único que podría satisfacer la enorme sed de justicia del pueblo mexicano sería la presentación con vida de los 43 normalistas, el enjuiciamiento de todos y cada uno de los responsables tanto del crimen como de su encubrimiento, así como la celebración de una verdadera transición política hacia un gobierno popular que defienda los intereses de la sociedad y acabe con los privilegios de los oligarcas y los corruptos.

No solamente se encuentran desaparecidos los 43 estudiantes, sino también la esperanza de todo un pueblo. Apostemos todos a la construcción de un nuevo régimen político a la altura de la gran historia mexicana, repleta de valientes luchas y conquistas sociales.


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Publicado en Revista Proceso, No. 2029
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domingo, 6 de septiembre de 2015

"Putrefacción y renovación nacional" (Revista Proceso, 6 de septiembre, 2015)

Otto Pérez Molina
Enrique Peña Nieto
John M. Ackerman

La calcificación del putrefacto sistema autoritario PRIista tarde o temprano generará la derrota del mismo. Las mentiras en el caso de Ayotzinapa, los acomodos simuladores en el gabinete presidencial, el cínico carpetazo del caso de la Casa Blanca y el discurso de autoalabanzas en Palacio Nacional, con motivo del tercer informe de gobierno, hablan de una enorme falta de creatividad y liderazgo entre los hombres y las mujeres que rodean a quien despacha en Los Pinos. Se extiende la sospecha de que México no tiene presidente, sino solamente un administrador de cuarto nivel de negocios e intereses ajenos.

La vía institucional está cancelada. El estilo caciquil y mafioso del “nuevo” PRI ha logrado infectar todas las instituciones supuestamente públicas del país. El espectáculo de aplausos huecos de los titulares de los órganos y organismos del Estado mexicano en el acto informal de presentación del informe fue una estampa de la total sumisión de los poderes públicos a la voluntad del máximo líder-títere de la nación.

Antes, durante el periodo de la esperanza democrática de la década de los noventa y a principios del siglo actual, el presidente de la República tenía la obligación de presentar personalmente su informe ante el Congreso de la Unión. En un importante ejercicio de equilibrio de poderes, frecuentemente recibía allí fuertes críticas y cuestionamientos de los partidos opositores.

Hoy, en cambio, el jefe del Ejecutivo solamente está obligado a enviar el informe por escrito al Poder Legislativo. Fue el mismo Manlio Fabio Beltrones, populista sonorense que sigue el ejemplo de Plutarco Elías Calles, quien impulsó este cambio legal cuando era senador de la República. Aprovechando el nuevo formato, Peña Nieto ha podido recuperar la vieja práctica autoritaria del “Día del Presidente” por medio de la organización de un fastuoso evento en Palacio Nacional, sin base constitucional o legal alguna, donde él dirige un discurso profundamente ideológico y demagógico a un ejército de leales soldados priistas.

México cuenta con instituciones mucho más débiles que Guatemala. En el país vecino del sur el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) han demostrado la fortaleza y la independencia necesarias para actuar en contra tanto del primer mandatario del país como de la vicepresidenta de la República. Pero en México ninguna institución ha podido –o ni siquiera lo ha intentado– acabar con el régimen de impunidad y complicidades caciquiles que mantienen a la casta de corruptos en el poder.

Las conductas del INE y del Tribunal Electoral en los casos de Monex y del Partido Verde, así como la negativa de la Suprema Corte para abordar a fondo la consulta sobre la reforma energética y el despido injustificado de Carmen Aristegui, evidencian la plena subordinación de esas instituciones. Y constituye una vergüenza internacional la negligencia criminal de la Procuraduría General de la República, ya sea bajo el mando de Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez, frente a las constantes masacres de inocentes y la represión incesante de activistas y periodistas.

La buena noticia, sin embargo, es que la sociedad mexicana es igual o más consciente y fuerte que la guatemalteca. Los dos pueblos tienen raíces históricas comunes y contextos políticos similares. De acuerdo con Latinobarómetro, Guatemala y México encabezan la lista de países latinoamericanos con mayores niveles de desconfianza y descontento ciudadanos en las instituciones “democráticas” realmente existentes. Ambas naciones tienen la fortuna de contar con poblaciones que no se conforman con las típicas simulaciones de la clase política neoliberal.

Sin embargo, en dichos países la deses­peración y el desánimo populares, junto con una buena dosis de fraude electoral, impulsaron el retorno al poder de fieles representantes del viejo sistema autoritario. En 2011 llegó a la presidencia de Guatemala un general represor, Otto Pérez Molina. Después, en las elecciones mexicanas de 2012, conquistaría Los Pinos el más fiel representante del viejo PRI caciquil del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, ambos pueblos se darían cuenta de su grave error. Primero en México, en 2014, surgiría una enorme movilización popular a favor de la justicia, la paz y las libertades democráticas a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Enseguida, en 2015, los guatemaltecos se inspirarían en el ejemplo mexicano y también se levantarían en contra de su retrógrado presidente corrupto y asesino.

La diferencia clave entre Guatemala y México es que en el país vecino algunas instituciones clave se encuentran del lado de la esperanza ciudadana. En México no hay una sola.

La única posibilidad de transformación en México es entonces por la vía de la política, en el mejor sentido de la palabra. No tiene ningún sentido acudir a las instituciones corrompidas para rogarles su apoyo o exigirles que cumplan su mandato constitucional. Lo que hace falta es organizarnos como ciudadanos en un gran frente a favor de la justicia social. En esta tarea será necesario deshacernos simultáneamente de sectarismos antipartidistas, mesianismos independentistas y oportunismos electoreros. Caminemos juntos para conquistar y transformar el poder público, dando pie a un nuevo régimen de libertades, igualdades y derechos democráticos.

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Publicado en Revista Proceso No. 2027

domingo, 23 de agosto de 2015

"Populismo PRIista" (Revista Proceso, 23 de agosto, 2015)

Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto
John M. Ackerman

Manlio Fabio Beltrones ha anunciado una cruzada contra el “populismo”. El nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparentemente ignora que para lograr este fin tendría que acabar con su propio instituto político. Sería muy difícil encontrar en el mundo entero un partido más populista que el PRI. 

Los populistas impulsan políticas irresponsables y engañosas que buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Este tipo de gobiernos se esconden tras discursos demagógicos a favor de la economía popular, pero en realidad son sistemas profundamente corruptos que facilitan una mayor concentración del poder político y económico en pocas manos. 

Como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Beltrones ha sido uno de los principales arquitectos e impulsores del “Pacto por México”. Dicho pacto fue presentado con platillo y bombo a finales de 2012 como la llave mágica que resolvería todos nuestros problemas de un solo golpe. Siguiendo el típico guion populista, se nos recetaban una infinidad de spots televisivos que promovían todos los días la idea de que las reformas del régimen “moverían a México” y tendrían un impacto milagroso en el país. Recordemos, por ejemplo, los anuncios de la Presidencia de la República en que jóvenes mostraban recibos de luz y de gas donde se reducían los saldos de manera asombrosa impulsados por alguna fuerza oculta (véase: http://ow.ly/A3XOp). 

Pero hoy queda claro a todos que el acuerdo impulsado por Beltrones y Peña Nieto en realidad debería llamarse “Pacto contra México”. Ello porque este esfuerzo de unidad política entre los mismos de siempre ha impuesto una serie de reformas -en las materias energética, laboral, educativa, telecomunicaciones, fiscal y hacendaria- que consolidan al autoritarismo de Estado y lastiman profundamente a la economía popular. 

Como resultado del Pacto, ahora hay más pobreza, represión y violencia así como menos seguridad, libertad y bienestar. La cotización del dólar, el costo de la energía y los precios de la canasta básica se han disparado, mientras la estabilidad financiera y política se han hecho añicos. 

Los PRIstas veneran la memoria de Plutarco Elías Calles como su padre fundador. Una enorme estatua en su honor se encuentra en la entrada principal de la sede nacional del PRI y su auditorio principal lleva el nombre del general sonorense. De acuerdo con la leyenda, Calles supuestamente fue el responsable de unificar al país e institucionalizar las conquistas de la Revolución Mexicana. En su cuarto y último informe presidencial, en 1928, Calles anunció que la próxima creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, tendría el fin de “orientar definitivamente la vida política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes”. 

En realidad, este discurso fue una vil cortina de humo, pura demagogia para justificar el hecho que Calles se mantuviera como el poder atrás del trono presidencial. El expresidente utilizaría el PNR para consolidar su influencia personal, informal y caciquil sobre la política nacional. Los próximos tres presidentes -Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio and Abelardo Rodríguez- se subordinarían a la autoridad del “Jefe Máximo”. Es por ello que aquel periodo se llama el “Maximato”. Mientras, la política en México se volvería cada vez más conservadora, entreguista, corrupta y represiva. 

Fue el General Lázaro Cárdenas del Río quien salvó a México temporalmente del populismo caciquil de Calles. Durante su sexenio, entre 1934 y 1940, el Estado mexicano se puso auténticamente al servicio de los más necesitados con un masivo reparto agrario, un apoyo decidido a los trabajadores y los indígenas, una profunda reforma de la educación pública, y una férrea defensa de la soberanía nacional frente a los abusos de las empresas petroleras internacionales. Con gran entrega y dedicación, Cárdenas realizaba constantes giras a lo largo y ancho del país para escuchar, conversar y ponerse al servicio de los ciudadanos más humildes del país. Y al final de su sexenio, Cárdenas se negó rotundamente a fungir como el nuevo “Jefe Máximo” y se apartó claramente de la política nacional. 

Si no hubiera sido por el giro cardenista, Calles se hubiera convertido rápidamente en el equivalente mexicano de líderes populistas como Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en Brasil quienes desarrollaban fuertes cultos a la personalidad y se eternizaban en el poder. Cuando Cárdenas finalmente tuvo que expulsar a Calles del país en 1936, encontraron al ex-presidente leyendo con gran admiración el libro autobiográfico de Adolfo Hitler, Mi Lucha. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Perón fungió como Secretario de Trabajo para el gobierno abiertamente fascista del General Pedro Ramírez. En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte, con el sitio Sin Embargo, Ruben Espinosa comentó que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, era un gran admirador del dictador español el Generalíssimo Francisco Franco. Dios los hace, y ellos se juntan. 

Como Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Calles, Beltrones también es originario del Estado de Sonora. Carlos Salinas de Gortari, el “Jefe Máximo” de nuestros días, colocó a Beltrones como Gobernador de Sonora en 1991. Desde entonces, ha buscado resucitar el espíritu y el legado populista de Calles y los sonorenses. Y ahora, como flamante presidente del viejo partido de estado, Beltrones tendrá la oportunidad de consolidar la veta populista del PRI. 

Hace unas semanas, Enrique Peña Nieto lanzó una advertencia: “No podemos confiarnos. Hoy la sombra del populismo y la demagogia amenaza a las sociedades democráticas del mundo. En varias naciones, están surgiendo opciones políticas que, en su ambición de poder, prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas ...México tiene que estar consciente de estos riesgos.” Tiene toda la razón el Señor Presidente (Jaime Rodríguez dixit) con los calcetines, y las ideas, al revés. Urge exorcizar de una vez por todas la sombra del populismo PRIista. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2025
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 10 de agosto de 2015

"Respuesta inmediata" (9 de agosto, 2015)


John M. Ackerman 

La respuesta inmediata de la sociedad mexicana a los cobardes asesinatos del periodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, junto con tres personas más, refleja el creciente poder de un circuito de opinión pública crítica que cada día tiene más presencia e influencia sobre la agenda pública. Los medios y las plumas en la nómina del régimen corrupto ya no tienen el control que antes. Cada vez más personas recurren a fuentes independientes como Proceso, La Jornada, Sin Embargo, Revolución 3.0, Aristegui Noticias y RompevientoTV desdeñando fuentes oficiales como Televisa, TV Azteca, MVS Noticias y La Razón

El año pasado tuvimos que esperar casi dos meses hasta que un medio internacional, The Associated Press, diera a conocer información verídica sobre la matanza de Tlatlaya. Fue más veloz la reacción a la masacre y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero también en este caso tuvieron que transcurrir un par de semanas para que la sociedad abriera los ojos a lo que realmente había ocurrido aquella fatídica noche en Iguala. En contraste, la opinión pública se movilizó de manera inmediata ante el asesinato de Espinosa y Vera. 

No habían pasado ni 24 horas después de la masacre en la Colonia Narvarte del Distrito Federal y ya existía una indignación generalizada entre la sociedad. Un grupo de periodistas y activistas convocaron inmediatamente a una protesta en el Ángel de la Independencia, y empezaron a fluir docenas de excelentes reportajes sobre el trabajo periodístico de Espinosa, la labor política de Vera, la retrógrada política autoritaria del gobernador de Veracruz Javier Duarte, y los graves peligros que corren los periodistas todos los días en el país. Esta formidable cobertura nacional tuvo un impacto casi inmediato en la prensa internacional, con la publicación de notas importantes sobre el caso en The Guardian, El País y Le Monde denunciando el ataque constante en contra de la libertad de expresión en México. 

(VÉASE ENTREVISTAS DE JOHN M. ACKERMAN CON NTN24 y DEUTSCHE WELLE SOBRE EL ASESINATO DE RUBEN ESPINOSA)

La respuesta tan veloz y contundente de la sociedad y de la prensa crítica agarró por sorpresa al régimen corrupto. En un intento desesperado por desviar la atención de la naturaleza eminentemente política de los asesinatos, el Procurador Capitalino, Rodolfo Ríos, primero lanzó la hipótesis absolutamente irresponsable de que el crimen podría haber sido el resultado de un “robo”. Posteriormente, el gobierno derechista y anti-popular de Miguel Ángel Mancera filtraría ilegalmente información a medios leales, incluyendo un video que mostraría a los supuestos asesinos subiéndose a un auto de lujo, y versiones falsas sobre la supuesta celebración de una “fiesta” en el departamento de la Narvarte. 

Después le tocaría a uno de los voceros más cínicos del régimen asesino, Luis Cárdenas, lanzar la ridícula teoría de que el “verdadero” blanco del ataque habría sido la amiga colombiana de Espinosa y Vera. Para rematar, el senador priísta de Hidalgo David Penchyna, principal promotor de la retrógrada “reforma energética” desde su posición como presidente de la Comisión de Energía, “celebraría los avances” de la procuraduría capitalina y descalificaría la idea de que Espinosa hubiera sufrido amenazas en Veracruz por su labor periodística. El diputado federal priista José Alejandro Montano, exjefe de la policía en Veracruz, iría aún más lejos. Durante el debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Montano pediría abiertamente un “voto de confianza” al gobierno represor y totalmente desacreditado de Mancera. 

Se confirma una vez más la abierta complicidad de Mancera con los peores elementos del régimen autoritario. Un Jefe de Gobierno democrático y al servicio del pueblo habría citado inmediatamente a comparecer a Javier Duarte como probable responsable intelectual de la masacre de la Narvarte. Las múltiples denuncias públicas de las víctimas en contra del Gobernador de Veracruz, así como el modo y el lugar del ataque, constituyen más que suficientes motivos para abrir una línea de investigación en su contra. 

Este caso confirma la urgencia de consolidar lo más pronto posible el traslado del poder sobre el capital del país de los mafiosos del PRD al nuevo partido ciudadano Morena. También, desde luego, habría que mantener a los nuevos diputados y delegados de Morena estrictamente vigilados, además de exigirles a mantener firmes sus compromisos y principios democráticos. La próxima liberación de la Ciudad de México del totalitario “Pacto por México” abrirá un importante horizonte de esperanza para la transformación democrática de todo el país. 

La buena noticia es que la emergente cruzada ciudadana por la honestidad gubernamental y en defensa de la economía popular cuenta con fuertes aliados dentro del circuito de opinión pública crítica. La respuesta a los asesinatos de Espinosa y Vera lo ha demostrado de manera contundente. 

Ahora bien, es importante señalar que la distinción clave con respecto a los medios de comunicación no es entre los medios electrónicos, los impresos y los digitales. Existen muchas fuentes de información impresas y digitales que copian el estilo o simplemente reproducen las notas de Televisa y los boletines de la Presidencia de la República. Tampoco es correcto dividir la esfera mediática entre los medios “nuevos” y los “viejos”. Algunos medios “viejos”, como Proceso y La Jornada, se encuentran hoy a la vanguardia en la generación de información crítica y de calidad. 

En general, no es la “sociedad de la información” la que está permitiendo el lento pero sistemático proceso de liberación del pueblo mexicano de las mentiras del régimen. Lo que hoy atestiguamos sería mejor conceptualizada como una emergente “sociedad de la conciencia” que cruza y entrelaza una amplia variedad de zonas geográficas, generaciones de mexicanos, clases sociales, y formas de comunicación. Esta sociedad está cada vez más consciente e interconectada, y cada día más lista para la acción. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 2023

martes, 28 de julio de 2015

"Imperdonable" (Revista Proceso, 26 de julio, 2015)

Cemeí Verdía, lider de la policía comunitaria de Ostula
In memoriam Idilberto Reyes, otro niño héroe caído en la lucha por un nuevo amanecer

John M. Ackerman

Joaquín El Chapo Guzmán sigue li­bre, pero Cemeí Verdía, dirigente social y líder de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, se encuentra ahora tras las rejas. Fernanda Said Pretelini, cuyo principal “mérito” es ser sobrina del presidente de la República, cuenta con un decoroso empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras las “re­formas estructurales” del Pacto por México mandan a miles de maestros y trabajadores petroleros a las filas del desempleo. Y en respuesta a la con­solidación del poder del crimen or­ganizado en todo el país, las Fuerzas Armadas se lanzan contra niños inde­fensos al grito de “¡Vivan Los Caballe­ros Templarios!”.

¿Para quiénes trabajan los indi­viduos que hoy tienen tomado por la fuerza a Los Pinos? Ya no debería quedarle a nadie el menor resquicio de duda. Somos malgobernados por un grupo de empleados de las más oscuras, violentas y corruptas mafias nacionales e internacionales. El único interés de quienes hoy encabezan las instituciones del Estado mexicano es llenar sus bolsillos al amparo del poder público.

Cada vez más personas se dan cuenta de la traición de nuestros go­bernantes a los principios básicos de soberanía popular y justicia social enarbolados por la Constitución que nos rige. La ausencia de grandes movili­zaciones en el Zócalo capitalino durante los últimos meses de ninguna manera implica la existencia de una conformidad social generalizada.

Literalmente todos los días hay nue­vas protestas sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana. La carestía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad van generando un enorme descontento social que burbujea con cada vez mayor fuerza debajo de la imagen falsa e hipócri­ta de “normalidad democrática” que quie­re proyectar el actual gobierno federal a los corredores de bolsa en los principales centros del capital financiero mundial.

Los constantes estallidos sociales que hemos vivido en México durante los últimos dos lustros demuestran la existencia de una sociedad activa, consciente y dispuesta a to­mar las riendas de la historia. Desde el frau­de electoral de 2006 hasta la fecha, el pueblo ha tomado las calles una y otra vez para re­clamar la esperanza traicionada de un cam­bio de régimen hacia un nuevo equilibrio político y social basado en la solidaridad, la paz y la participación social.

La lucha por la transparencia electoral de 2006 desembocó en la lucha contra la privatización petrolera en 2008. La movili­zación nacional de víctimas por las masa­cres de Felipe Calderón en 2011 dio pie al vasto repudio juvenil al retomo del Parti­do Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012. La protesta de los maestros democráticos ante la reforma educativa punitiva y privatizadora en 2013 sentó las bases para la movilización histórica de todo el pueblo mexicano en contra del régimen en 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Paralelamente, tenemos la acción cons­tante de los policías comunitarios, los pue­blos indígenas y los grupos de autodefensa en el territorio nacional. Y los estudiantes universitarios cada día se organizan y pro­yectan su fuerza con mayor contundencia, inspirados por los logros históricos del mo­vimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el año pasado. Hay también una infini­dad de protestas locales en todo momento; por ejemplo, en contra de los abusos de la industria minera, a favor de los derechos humanos y por una amplia diversidad de diferentes causas justas.

Frente a este escenario, el gobierno cada día se esconde más atrás del poder desnudo de las Fuerzas Armadas. Des­pués del cobarde asesinato del niño Idil­berto Reyes durante el operativo militar en Ostula, no fueron ni el gobernador constitucional de Michoacán, Salvador Jara, ni el responsable de la Seguridad Pú­blica a nivel nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aparecieron ante los medios de comunicación, sino el general Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán.

Queda claro que se ha consumado un golpe militar de facto en contra de las instituciones civiles en el estado de Michoacán. El hecho de que este gol­pe no se haya declarado formalmente, por no convenir a los intereses del ré­gimen, no le resta ni un ápice de grave­dad a la situación.

La ocupación militar del estado de Oaxaca y la desaparición unilateral del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad (IEEPC) sigue la misma lógica de poder autoritario. El reemplazo de un organismo público que contaba con la activa participa­ción de los maestros democráticos por un nuevo organismo al servicio de un régimen inculto comandado por per­sonas que apenas saben leer y escribir constituye un golpe en contra de la de­mocracia y la calidad educativa. Mien­tras, la entrega por Gabino Cué de su estado a las fuerzas federales consti­tuye una copia fiel de lo que ya ha ocu­rrido en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

La fuga de El Chapo no es entonces la única acción “imperdonable" (Peña Nieto dixit) del régimen actual. Siga­mos luchando todos los días desde to­das las trincheras posibles para lograr la desaparición de los gobiernos con­trolados por mafias corruptas y san­grientas y reemplazarlos con nuevas instituciones al servicio del pueblo.

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2021
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