ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 22 de febrero de 2015

"Autoritarismo transparente" (23 de febrero, 2015)

La ley es siempre un arma de doble filo. Dependiendo del contexto de aplicación y los intereses en juego, la norma puede fungir como un instrumento de represión o de liberación. Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, la regla ha sido la utilización de la ley para consolidar el autoritarismo, encubrir la corrupción y ensanchar la desigualdad. Sin embargo, durante la breve ventana democrática que se abrió entre 1996 y 2003, la intensidad del contexto político y social logró imponer algunas reformas que prometían invertir la flecha de la legalidad autoritaria y empoderar a la ciudadanía.

Una de las reformas más importantes fue la aprobación, en 2002, de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esta ley implicó un giro de 180 grados en la relación entre el gobierno y la sociedad. A partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad no sería el ciudadano quien tendría que justificar su intención de conocer algún documento oficial, sino que la autoridad debería defender de manera estricta, objetiva y en cada caso la reserva o confidencialidad de la información solicitada. En principio, absolutamente toda la información relacionada con las actividades de las instituciones públicas estaría a la disposición de la ciudadanía. 

Este nuevo enfoque tenía un enorme potencial transformador. Rompió de tajo con décadas de “institucionalismo revolucionario” donde se defendía el principio de opacidad de los documentos públicos con el fin de garantizar la supuesta integridad y fuerza del Estado en contra de los cuestionamientos sociales. Un sólido compromiso con el “principio de máxima publicidad” incluido en la nueva ley de transparencia podría haber transformado profundamente la administración pública.

Si ello hubiera ocurrido, hoy, 13 años después de su aprobación, el país se encontraría en medio de un fuerte proceso de renovación institucional. En lugar de la multiplicación de gobernantes como Abarca, Murat, Aguirre, Moreno Valle y Peña Nieto en todo el país, tendríamos numerosos ejemplos de funcionarios públicos honestos y comprometidos con sus electores. Se hubiera cumplido, aunque sea parcialmente, con el mandato popular expresado en las urnas en 2000 al expulsar al PRI de Los Pinos.

Pero el sueño democrático se esfumó rápidamente. Una y otra vez fracasarían los esfuerzos ciudadanos por utilizar la nueva ley de transparencia para combatir frontalmente al sistema de corrupción estructural y exhibir el abuso de poder. Un botón de muestra fue el cínico rechazo a la solicitud de acceso ciudadano a las boletas electorales utilizadas en la elección presidencial de 2006, originalmente propuesta por Irma Eréndira Sandoval y un servidor en estas mismas páginas. Aquella cerrazón autoritaria demostró que el régimen se defendería con garras frente al supuesto “abuso” ciudadano en la utilización de su nuevo derecho.

El acceso a información financiera y fiscal también ha sido bloqueado sistemáticamente. Jamás se ha divulgado todo lo ocurrido con la corrupción del “rescate” bancario del Fobaproa, y han fracasado los numerosos intentos ciudadanos para examinar los millonarios créditos fiscales otorgados por el SAT a las empresas más poderosas del país.

La PGR también ha erigido un muro infranqueable en contra del escrutinio ciudadano. Ha sido casi imposible tener acceso a versiones públicas de las averiguaciones previas, aun cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive hace apenas unos días la PGR negó a una Comisión Especial del Congreso de la Unión la información básica sobre el caso Tlatlaya.

Y con cada nueva integración del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se ha ido deslavando el carácter ciudadano de los comisionados. Hoy el IFAI se encuentra tan servil y desprestigiado como el Instituto Nacional Electoral. Así como muy pocos creen que las elecciones del próximo 7 de junio serán ejercicios auténticos de competencia democrática, casi nadie cree en la posibilidad de una verdadera transparencia o rendición de cuentas gubernamental. La decepción ciudadana es total.

Pero la ambición del régimen está fuera de control. Los mismos dinócratas que primero enterraron el legado de la Revolución Mexicana con su contrarreforma energética ahora buscan desmantelar cualquier resabio de la ventana democrática al reformar la ley de transparencia. Los gobernadores neofeudales que hoy controlan la política nacional quieren evitar futuras fugas de información que pudieran exhibir sus insultantes fortunas y propiedades.

Las propuestas de contrarreforma son impulsadas por los senadores Arely Gómez, hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, y Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones. Las modificaciones acabarían en los hechos con el “principio de máxima publicidad”. Se busca la total opacidad de los contratos y fondos en el sector energético, obstaculizar la transparencia para casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, esconder información sobre créditos fiscales y cerrar de manera definitiva el acceso ciudadano a los millonarios fideicomisos y fondos gubernamentales.

Estos fideicomisos son el equivalente contemporáneo de la antigua “partida secreta” del presidente de la República. El más importante de todos es el recién creado Fondo Mexicano de Petróleo (FMP) ya que manejará los ingresos petroleros. Recordemos que fue precisamente Luis Téllez, hoy exhibido por sus cuentas millonarias en Suiza y recientemente nombrado integrante del Comité Técnico del FMP, quien señaló en su momento que Carlos Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”.

Lo único transparente hoy es que el régimen autoritario no conoce límites. Solamente una amplia acción ciudadana coordinada, tanto en los ámbitos sociales como políticos, podrá detener el avance del dinosaurio.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 1999
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 8 de febrero de 2015

"Disfunción pública" (8 de febrero, 2015)

John M. Ackerman

Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.

La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.

El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.

Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.

Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.

El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea 12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo “autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.

Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad” de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.

En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI, tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete presidencial.

Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera generar procesos de profesionalización de la administración pública federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y burócratas grises como titulares de esta importante secretaría. Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.

La muerte definitiva de la SFP como un organismo reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.

El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la hora de ir preparando el relevo.


Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 1997
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados