ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 21 de septiembre de 2015

"Vivos los queremos" (Revista Proceso, 20 de septiembre, 2015)

John M. Ackerman

Enrique Peña Nieto prepara un deleznable circo mediático a propósito de su encuentro este jueves, 24 de septiembre, con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Para el régimen, esta reunión constituye una oportunidad de oro para apaciguar la indignación social dos días antes de la gran movilización nacional e internacional este 26 de septiembre en el aniversario del crimen de Estado.

Les saldrá el tiro por la culata a Peña Nieto y a Televisa. Los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa han sido claros desde el principio con respecto a su absoluta desconfianza en el presidente y su gabinete. El propósito de los dignos luchadores sociales de Guerrero no es extraer más promesas vacías del gobierno federal, sino llamarlo a cuentas por su responsabilidad directa en el crimen cometido en contra de sus hijos. “A la reunión con el presidente vamos con todo, le vamos a restregar en su cara todas las mentiras… desde el principio nos prometió varios puntos… nunca ha hecho nada”, sostuvo el padre de familia Clemente Rodríguez en entrevista con Carmen Aristegui en CNN.

El señor Rodríguez tiene razón. El actual gobierno federal pasará a la historia como una de las administraciones más mentirosas y cínicas en México. Desde el primer día, Peña Nieto ha engañado a los padres de familia sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre y al pueblo mexicano en su conjunto con respecto a las investigaciones del caso. Tal y como ha sido revelado tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por Proceso, la principal actividad del gobierno federal ha sido la fabricación de supuestos culpables, así como el encubrimiento de la responsabilidad directa de las fuerzas federales en el crimen cometido aquella noche.

El 6 de diciembre de 2014, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de Ayotzinapa, rompió toda relación del movimiento con el gobierno federal: “A partir de hoy desconocemos al gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino… Si no hay Navidad para nosotros, tampoco para el gobierno. Sabemos que la caída de Alexander servirá para que florezca la Revolución”. De la Cruz pronunció aquellas palabras históricas en el Monumento a la Revolución en un acto conmemorativo del centenario de la entrada victoriosa de Emiliano Zapata y Pancho Villa a la Ciudad de México en pleno auge de la Revolución Mexicana. Ese mismo día, Jesús Murillo Karam había dado a conocer que los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria habían identificado el DNA del normalista Alexander Mora Venancio en uno de los fragmentos de hueso recogidos por las fuerzas militares en el Río San Juan.

Al gobierno federal le urge dar por muertos a todos los estudiantes desaparecidos y acabar con el liderazgo político de la gran familia de Ayotzinapa. Apenas el miércoles 16, la procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció con bombo y platillo que los mismos laboratorios de Innsbruck habían identificado los restos de otro normalista: Jhosivani Guerrero de la Cruz. Gómez también anunció que invitaría tanto a los peritos argentinos como a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar directamente con la PGR en el análisis de los otros restos.

Los argentinos y los integrantes del GIEI difícilmente aceptarán hacerle el juego al gobierno federal. Las únicas personas presentes a la hora de recoger los restos en cuestión fueron los miembros de las fuerzas militares ahora directamente implicados en el crimen. En lugar de colaborar con un gobierno asesino en sus labores de encubrimiento, los expertos independientes tendrían que aliarse plenamente con la sociedad en su exigencia de justicia irrestricta tanto para el caso de Ayotzinapa como para todas las desapariciones forzadas del país.

En su desesperación por frenar una nueva ola de protesta social, Peña Nieto no escatimará esfuerzos el próximo jueves 24 por prometer bajar el cielo y las estrellas a los padres de familia. Recordemos, sin embargo, cómo el gobierno mintió abiertamente a los maestros democráticos el pasado 29 de mayo. Con el fin de engañar a los profesores y apaciguar la resistencia popular, una semana antes de las elecciones del 7 de junio el gobierno federal anunció la “suspensión” de la reforma educativa. Pero una vez pasada la tormenta, Peña Nieto inmediatamente reactivó la reforma. Y ahora su nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, se apresta a despedir a miles de maestros quienes con toda razón rechazan la aplicación de las nuevas evaluaciones punitivas y neoliberales.

Ya es demasiado tarde para más promesas vacías. Después de tantas mentiras, sería ingenuo y profundamente destructivo tener confianza en quien hoy ostenta la banda presidencial. Lo único que podría satisfacer la enorme sed de justicia del pueblo mexicano sería la presentación con vida de los 43 normalistas, el enjuiciamiento de todos y cada uno de los responsables tanto del crimen como de su encubrimiento, así como la celebración de una verdadera transición política hacia un gobierno popular que defienda los intereses de la sociedad y acabe con los privilegios de los oligarcas y los corruptos.

No solamente se encuentran desaparecidos los 43 estudiantes, sino también la esperanza de todo un pueblo. Apostemos todos a la construcción de un nuevo régimen político a la altura de la gran historia mexicana, repleta de valientes luchas y conquistas sociales.


Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2029
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domingo, 6 de septiembre de 2015

"Putrefacción y renovación nacional" (Revista Proceso, 6 de septiembre, 2015)

Otto Pérez Molina
Enrique Peña Nieto
John M. Ackerman

La calcificación del putrefacto sistema autoritario PRIista tarde o temprano generará la derrota del mismo. Las mentiras en el caso de Ayotzinapa, los acomodos simuladores en el gabinete presidencial, el cínico carpetazo del caso de la Casa Blanca y el discurso de autoalabanzas en Palacio Nacional, con motivo del tercer informe de gobierno, hablan de una enorme falta de creatividad y liderazgo entre los hombres y las mujeres que rodean a quien despacha en Los Pinos. Se extiende la sospecha de que México no tiene presidente, sino solamente un administrador de cuarto nivel de negocios e intereses ajenos.

La vía institucional está cancelada. El estilo caciquil y mafioso del “nuevo” PRI ha logrado infectar todas las instituciones supuestamente públicas del país. El espectáculo de aplausos huecos de los titulares de los órganos y organismos del Estado mexicano en el acto informal de presentación del informe fue una estampa de la total sumisión de los poderes públicos a la voluntad del máximo líder-títere de la nación.

Antes, durante el periodo de la esperanza democrática de la década de los noventa y a principios del siglo actual, el presidente de la República tenía la obligación de presentar personalmente su informe ante el Congreso de la Unión. En un importante ejercicio de equilibrio de poderes, frecuentemente recibía allí fuertes críticas y cuestionamientos de los partidos opositores.

Hoy, en cambio, el jefe del Ejecutivo solamente está obligado a enviar el informe por escrito al Poder Legislativo. Fue el mismo Manlio Fabio Beltrones, populista sonorense que sigue el ejemplo de Plutarco Elías Calles, quien impulsó este cambio legal cuando era senador de la República. Aprovechando el nuevo formato, Peña Nieto ha podido recuperar la vieja práctica autoritaria del “Día del Presidente” por medio de la organización de un fastuoso evento en Palacio Nacional, sin base constitucional o legal alguna, donde él dirige un discurso profundamente ideológico y demagógico a un ejército de leales soldados priistas.

México cuenta con instituciones mucho más débiles que Guatemala. En el país vecino del sur el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) han demostrado la fortaleza y la independencia necesarias para actuar en contra tanto del primer mandatario del país como de la vicepresidenta de la República. Pero en México ninguna institución ha podido –o ni siquiera lo ha intentado– acabar con el régimen de impunidad y complicidades caciquiles que mantienen a la casta de corruptos en el poder.

Las conductas del INE y del Tribunal Electoral en los casos de Monex y del Partido Verde, así como la negativa de la Suprema Corte para abordar a fondo la consulta sobre la reforma energética y el despido injustificado de Carmen Aristegui, evidencian la plena subordinación de esas instituciones. Y constituye una vergüenza internacional la negligencia criminal de la Procuraduría General de la República, ya sea bajo el mando de Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez, frente a las constantes masacres de inocentes y la represión incesante de activistas y periodistas.

La buena noticia, sin embargo, es que la sociedad mexicana es igual o más consciente y fuerte que la guatemalteca. Los dos pueblos tienen raíces históricas comunes y contextos políticos similares. De acuerdo con Latinobarómetro, Guatemala y México encabezan la lista de países latinoamericanos con mayores niveles de desconfianza y descontento ciudadanos en las instituciones “democráticas” realmente existentes. Ambas naciones tienen la fortuna de contar con poblaciones que no se conforman con las típicas simulaciones de la clase política neoliberal.

Sin embargo, en dichos países la deses­peración y el desánimo populares, junto con una buena dosis de fraude electoral, impulsaron el retorno al poder de fieles representantes del viejo sistema autoritario. En 2011 llegó a la presidencia de Guatemala un general represor, Otto Pérez Molina. Después, en las elecciones mexicanas de 2012, conquistaría Los Pinos el más fiel representante del viejo PRI caciquil del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, ambos pueblos se darían cuenta de su grave error. Primero en México, en 2014, surgiría una enorme movilización popular a favor de la justicia, la paz y las libertades democráticas a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Enseguida, en 2015, los guatemaltecos se inspirarían en el ejemplo mexicano y también se levantarían en contra de su retrógrado presidente corrupto y asesino.

La diferencia clave entre Guatemala y México es que en el país vecino algunas instituciones clave se encuentran del lado de la esperanza ciudadana. En México no hay una sola.

La única posibilidad de transformación en México es entonces por la vía de la política, en el mejor sentido de la palabra. No tiene ningún sentido acudir a las instituciones corrompidas para rogarles su apoyo o exigirles que cumplan su mandato constitucional. Lo que hace falta es organizarnos como ciudadanos en un gran frente a favor de la justicia social. En esta tarea será necesario deshacernos simultáneamente de sectarismos antipartidistas, mesianismos independentistas y oportunismos electoreros. Caminemos juntos para conquistar y transformar el poder público, dando pie a un nuevo régimen de libertades, igualdades y derechos democráticos.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2027