ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 30 de noviembre de 2015

"Ni un peso al Teletón" (Revista Proceso, 29 de noviembre, 2015)


John M. Ackerman

El Patronato del Teletón está controlado por los hombres más ricos y poderosos del país, incluidos Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, y Carlos Slim, presidente de Telmex, Telcel y Carso. Los ciudadanos que trabajamos arduamente todos los días para alimentar a nuestras familias no tenemos por qué donar nuestros pocos ahorros para purgar los pecados y limpiar las conciencias de los dueños del país, cuyas principales actividades son jugar golf, abrir botellas de champaña y hojear los estados financieros de sus negocios multimillonarios.

Si Azcárraga y Slim quieren ayudar a los niños discapacitados, que lo hagan con su propia fortuna, sin chantajear a la población mexicana, sin evadir impuestos o desperdiciar dinero en costosos circos mediáticos. Y si los ciudadanos del país se sienten comprometidos a respaldar a los menos favorecidos, existen miles de formas de apoyar directamente a los vecinos, familiares, amigos o colegas en problemas sin tener que pasar por los malos oficios de Televisa y Telcel.

Existe, sin duda, una grave crisis humanitaria en México. Más de 50 millones de pobres no tienen suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. La situación de los niños discapacitados o con cáncer es particularmente escandalosa ya que el colapso de los servicios públicos durante la larga noche neoliberal los ha dejado en un estado de total abandono.

Sin embargo, la solución no se encuentra en reemplazar la responsabilidad del Estado para atender a los más vulnerables con las limosnas de las empresas monopólicas del país. El artículo 4 de la Constitución señala sin rodeos que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El hecho de que el gobierno no cumpla con esa tarea se debe precisamente a oligarcas como Azcárraga y Slim. Dejemos de alimentar a los monstruos que generan nuestra desgracia y trabajemos juntos para lograr un nuevo régimen donde el Estado cumpla con sus obligaciones.

Los oligarcas y sus empresas utilizan una infinidad de exenciones, trucos y paraísos fiscales para reducir al mínimo sus contribuciones al Estado. También intervienen en la política nacional para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que dan la espalda a los discapacitados.

Además, los dueños del país reciben contribuciones millonarias del Estado por medio de la contratación de publicidad gubernamental y obras públicas, así como con el otorgamiento de generosas concesiones para la explotación de recursos nacionales y del espectro radioeléctrico. En lugar de pedirnos donar dinero a los más ricos, nosotros deberíamos exigirles a ellos que contribuyan al desarrollo nacional.

En un Estado democrático, todos tenemos la obligación de contribuir para resolver las necesidades generales de la población. En particular a los más afortunados corresponde contribuir con el sector público para que el Estado pueda invertir en servicios indispensables para el desarrollo nacional, como carreteras, drenaje, salud, educación, atención a discapacitados, etcétera.

Pero en un contexto oligárquico, como el que hoy tenemos en México, todo se encuentra de cabeza: El Estado aporta recursos a las empresas monopólicas. Las insultantes donaciones que realizan las instituciones públicas directamente al Teletón constituyen una confirmación de este fenómeno.

Televisa tiene miedo. El año pasado no se alcanzó la meta de recaudación para el Teletón, y de último momento tuvieron que maquillar las cifras para simular que la población mexicana aún confía en este consorcio mediático. La cara de su vocero, Carlos Loret de Mola, al igual que la de sus acompañantes la noche del cierre del Teletón 2014, evidenciaron su profunda decepción y preocupación con los resultados. Cada día menos personas creen en las mentiras de Televisa y recurren a fuentes alternativas de información.

Es por ello que ahora Teletón ha gastado tanto en una indignante campaña propagandística a favor de sí misma. Como si se tratara de una campaña política, buscan chantajear a los mexicanos para obligarlos a donar sus pocos ahorros al proyecto privatizador. También han lanzado un ejército de #TelevisaBots para intimidar e insultar a quienes expresamos críticas hacia el proyecto.

Pero Televisa y Carlos Slim cavan su propia tumba. Entre más gastan en promover el proyecto, más clara queda la estafa que es el Teletón. Las donaciones de los ciudadanos despistados ni siquiera servirán para apoyar a los centros de rehabilitación privatizados, sino que serán arrojados al hoyo negro de la propaganda y la autopromoción.

No tiene ningún sentido destinar un solo peso a financiar los anuncios del Teletón. Regalar nuestro dinero a Televisa o a Telcel es como votar por el PRI. Dejemos de amar a nuestros verdugos y asumamos nuestra responsabilidad de participar en la construcción de una nueva República, donde todos los niños discapacitados y jóvenes enfermos tendrían garantizada una atención especializada de calidad, tal y como lo mandata nuestra Constitución.

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Publicado en Revista Proceso No. 2039

lunes, 16 de noviembre de 2015

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (16 de noviembre, 2015)

BOLETIN DE PRENSA

Académicos de la UNAM convocan a un foro deliberativo universitario para fortalecer la democratización, la transparencia y la voz pública de la Máxima Casa de Estudios 


Lunes, 16 de noviembre, 2015 
  • Este martes 17 de noviembre, tomará posesión el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como el nuevo Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  • Hoy, lunes 16 de noviembre, más de 80 académicos e investigadores de 24 entidades de la UNAM publican un desplegado en que invitan a la comunidad universitaria a trabajar juntos para iniciar una nueva etapa más democrática, transparente y de espíritu crítico en la Máxima Casa de Estudios. 
  • Los firmantes celebran el rechazo manifiesto por parte de vastos sectores de la comunidad universitaria a la posibilidad de una imposición del nuevo Rector desde Los Pinos. 
  • Sin embargo, los académicos también señalan que “el continuismo equivale al retroceso” dentro del alarmante contexto actual de crisis nacional. 
  • Convocan a efectuar el próximo semestre un primer foro deliberativo en la Máxima Casa de Estudios. 
Más de 80 académicos e investigadores de 24 entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortaron al rector designado para el periodo 2015-2019, Enrique Luis Graue Wiechers, a pasar de los pronunciamientos a la acción y tomar en cuenta a la comunidad universitaria para la definición de las políticas institucionales en la casa de estudios. 

Los universitarios dieron a conocer un documento titulado “Carta abierta a la comunidad de la UNAM” (texto completo disponible aquí: www.democraciaunam.blogspot.mx) en el que señalan: “Durante los últimos meses, numerosos colectivos de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se han pronunciado a favor de una transformación en la universidad. En sus primeras declaraciones como rector electo, el doctor Graue ha enfatizado la importancia de tener una institución ‘capaz de indignarse ante la injusticia y la inequidad’ y ha mencionado su apertura a la posible celebración de un Congreso Universitario, así como a ‘analizar otras posibilidades’ con respecto al procedimiento de selección de los directivos”. 

Quienes suscriben el documento afirmaron que le tomarán la palabra: “Ha llegado la hora de pasar de los pronunciamientos a la acción y poner nuestra universidad a tono con la realidad del siglo XXI. Para ello la comunidad universitaria reclama ser sujeto activo en la definición de las políticas institucionales.” 

La carta es firmada, entre otros, por el ex integrante de la Junta de Gobierno y ex director de la Facultad de Ingeniería, Javier Jiménez Espriú; el ex director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco; los consejeros universitarios por el Instituto de Investigaciones Económicas, Josefina Morales y Alfonso Bouzas; así como académicos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, como Lucía Álvarez y Margarita Favela; del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como John Ackerman, Juan Luis González Alcántara, Manuel Becerra y Jaime Cárdenas; del Instituto de Investigaciones Sociales, como Irma Eréndira Sandoval, Enrique Leff, Elena Lazos y René Jiménez Ornelas; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como Massimo Modonesi, Margara Millán y Benjamín Arditi; de la Facultad de Filosofía y Letras, como Gerardo de la Fuente, Tatiana Sule y Claudia Lucotti; del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, como Axel Didriksson; así como del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, como Victor Toledo; entre otros. 

Agregaron que durante “el proceso de consulta y de deliberación muy poco democrático”, que encabezó la Junta de Gobierno para designar al sucesor del rector José Narro Robles, “vastos sectores de la comunidad rechazaron la posibilidad de una imposición desde Los Pinos”, lo que –desde su concepción– influyó de forma decisiva en la decisión final: el nombramiento de Graue. 

Sin embargo, señalan que “el continuismo equivale al retroceso” y que “este logro tendría que marcar el inicio de una nueva etapa en la universidad, más democrática, participativa, autónoma, crítica y siempre gratuita.” 

Por ello, convocan a que el próximo semestre se realice un primer foro deliberativo universitario, “con el fin de identificar reformas clave y proponer acciones concretas para fortalecer la democratización, la transparencia y la voz pública de la universidad.” 

También se pronuncian porque exista la más absoluta transparencia en la distribución, asignación y utilización de los recursos universitarios. 

Los abajo-firmantes provienen de las siguientes 24 entidades de la UNAM:
Instituto de Geofísica
Facultad de Música
Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades (CIICH)
Instituto de Fisiología Celular
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe - CIALC
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
Facultad de Ciencias
Colegio de Ciencias y Humanidades (Sur)
Instituto de Investigaciones Económicas
Facultad de Economía
Colegio de Ciencias y Humanidades (Oriente)
Instituto de Investigaciones Filológicas
Facultad de Filosofia y Letras
Facultad de Estudios Superiores (Acatlán)
Instituto de Investigaciones Filosóficas
Facultad de Ingenieria
Escuela Nacional de Trabajo Social
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de Quimica
Dirección General de Bibliotecas
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad - Campus Morelia
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación



INFORMACION Y ENTREVISTAS: 

democraciaunam@gmail.com

domingo, 15 de noviembre de 2015

"Jubilación en venta" (Revista Proceso, 15 de noviembre, 2015)

John M. Ackerman

Después de décadas de arduo trabajo sirviendo a la nación, lo mínimo que merecemos todos y todas es poder disfrutar de una jubilación tranquila y decorosa con nuestras familias. Las personas de la tercera edad constituyen una parte esencial de la sociedad. Los abuelos y las abuelas son representantes de nuestra historia y anclas de nuestros valores. Así como la sociedad tiene la obligación de cuidar y asegurar una vida digna para sus niños y sus jóvenes, también la tiene con respecto a los mayores de edad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos internacionales firmados por este país señalan que todos tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ello aplica de manera especial para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (artículo 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9).

No es responsabilidad del individuo garantizar las condiciones mínimas necesarias para su retiro, sino de la sociedad en su conjunto. El trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días en la oficina, la fábrica, el campo, la calle o la casa, en el sector formal o informal, no es estrictamente un trabajo individual, sino que forma parte de un esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad. La nación tiene entonces la responsabilidad de devolver el favor a sus ciudadanos cuando, por su edad, ya no pueden seguir con el mismo ritmo de trabajo.

La mayor parte de los mexicanos no cuentan con suficientes ingresos para poder ahorrar en preparación de su retiro. El Estado, como representante de la comunidad nacional y garante de los derechos humanos, tiene entonces la obligación de garantizar una vida digna para este amplio sector de la sociedad una vez que se acaben sus años más productivos. Ello es particularmente importante cuando se trata de trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio del mismo Estado.

Pero los ideólogos del neoliberalismo trasnochado entienden la situación de otra manera. Para ellos lo único que importa es el negocio y la ganancia. Desde su punto de vista, gastar en las personas de la tercera edad es puro desperdicio. Es por ello que Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS en 1997 y Felipe Calderón las del ISSSTE en 2007. Hoy casi todos los recursos de nuestras pensiones se manejan por medio de “Afores” en manos privadas. Desde el punto de vista de la caduca clase política que actualmente controla el país, el objetivo no es garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos, sino aprovechar los ahorros de los trabajadores para garantizar jugosos negocios a sus amigos los banqueros.

Enrique Peña Nieto busca en su turno colocar la cereza en el pastel de la venta de nuestras jubilaciones. Hoy los trabajadores del Estado todavía tenemos la opción de confiar nuestro ahorro para el retiro a una institución pública, Pensionissste. Este organismo sin fines de lucro cobra las comisiones más bajas en el mercado y tiene la obligación legal de reinvertir sus ganancias en las mismas cuentas de los trabajadores. Justamente por eso se encuentra entre los fondos de mayor rendimiento que manejan Afores.

La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, que el PRI y el PAN buscan aprobar esta misma semana en el Congreso de la Unión, desincorporaría el Pensionissste del ISSSTE, transformándolo en una “empresa estatal de participación mayoritaria” donde 49% de las acciones podrían ser adquiridas por la iniciativa privada. El gobierno argumenta que este cambio ayudaría al Pensionissste a evitar trabas burocráticas que supuestamente limitarían su rendimiento. Pero en realidad lo que se busca es “liberar” a este importante fondo de ahorro de los controles públicos que garantizan la protección a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

Afortunadamente, la sociedad cuenta con la atenta vigilancia de la diputada Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. La doctora Damián generosamente ha tomado una pausa de sus importantes labores académicas en El Colegio de México para servir a la nación como legisladora, con el partido Morena, para el periodo 2015-2018.

Ella ha denunciado que con la reforma de Peña Nieto ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo del Pensionissste se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos entre los accionistas privados de la nueva empresa. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la Ley del ISSSTE se eliminan los candados que obligaban al Pensionissste a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, como construcción de vivienda y carreteras.

Finalmente, la fracción V del transitorio segundo de la reforma señala que “el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”. Es decir, con la privatización de Pensionissste el gobierno ya no garantizará rendimiento alguno para los trabajadores. Como ha ocurrido con todos y cada una de las mal llamadas “reformas estructurales” del Pacto por México, los derechos fundamentales de todos se convierten una vez más en un negocio para unos cuantos.

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Publicado en Revista Proceso No.2037
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lunes, 2 de noviembre de 2015

"Guerrero: las masacres que vienen" (Revista Proceso, 1 de noviembre, 2015)

General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional
John M. Ackerman

Todos sabemos cómo termina esta película. Primero se declara el colapso de las instituciones de seguridad pública lo­cales para justificar la intervención de las “fuerzas federales”. Acto seguido se nom­bra a un general de la Fuerzas Armadas “coordinador” o “enlace” para el “opera­tivo conjunto” en el estado correspon­diente. Más tarde el mando federal acu­mula tanta fuerza que se convierte en la figura política principal en el estado. Por último, el gobierno militar de facto impo­ne su “ley” y se generalizan las masacres indiscriminadas en contra de ciudadanos inocentes, así como las detenciones arbi­trarias de activistas sociales.

El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, in­mediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octu­bre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “refor­zar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coor­dinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero.

La “nueva estrategia” de seguridad pública de Astudillo viola de manera fla­grante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (por ejem­plo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses única­mente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

La estrategia ya ensayada en Michoacán, el Estado de México, Tamaulipas y Ja­lisco se traslada hoy a Guerrero. Astudillo no será más que una correa de transmi­sión, en realidad un “comisionado federal” más, para las órdenes emitidas desde la Ciudad de México. Estos lineamientos, a su vez, responden a los mandatos emitidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y los circuitos financieros internacionales. Guerrero ya no es digno de ser llamado ofi­cialmente un “estado libre y soberano”. A partir del 27 de octubre sería más correc­to referirse a esta entidad como el “estado militar y subyugado de Guerrero”.

Un día después del anuncio de Astu­dillo de su “nueva estrategia de seguridad pública”, varios agentes federales ingre­saron a la comunidad de Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, junto al río Balsas, para aprehender al líder comuni­tario Roberto López García. Sin embargo, los pobladores no lo permitieron y detu­vieron a dichos elementos bajo la acusa­ción de que estarían trabajando bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos.

A los ciudadanos de Guerrero les queda perfectamente clara de cuál lado se encuentran las autoridades en la lu­cha por la paz y la justicia en el estado. Frente a la traición de las instituciones públicas, es en los dignosluchadores sociales y en los pocos políticos valientes que se han aliado con las causas ciudadanas donde habría que depositar nuestra confianza.

Los funcionarios nombrados por Astudillo revelan claramente las redes de intereses que controlarán al gobierno estatal. Su secretario de Gobierno es Florencio Sa­lazar Adame, antiguo diputado, presidente municipal y líder priista. En el año 2000, Salazar Adame saltó del barco para fungir como “coordinador nacional de Adhesio­nes” para la campaña de Vicente Fox, con quien sería después coordinador del “Plan Puebla-Panamá” y secretario de la Refor­ma Agraria. En este segundo cargo foxista, uno de sus más importantes asesores y funcionarios era el ahora perredista y marcelista Armando Ríos Piter. Posterior­mente, durante la campaña presidencial de Calderón en 2006, Salazar Adame fun­giría como secretario general adjunto del PAN. Hoy este “chapulín” profesional y ca­cique local regresa a casa con el gobierno priista de Astudillo.

Gracias a los reportajes de la revista Proceso nos hemos enterado de que Astu­dillo también colocó a los hijos de Manuel Añorve Baños y de René Juárez Cisneros en puestos importantes de la adminis­tración. El nuevo gobernador también ha invitado a colaborar a figuras políticas cercanas a Elba Esther Gordillo, como José Luis González en la Secretaría de Educa­ción, y Ángel Aguirre y Jorge Salgado Parra en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

Una vez más se confirma el mito de la supuesta “transición democrática” en Mé­xico. Lo único que ha ocurrido durante los últimos 15 años ha sido la circulación de la misma clase política de siempre entre diferentes partidos y puestos políticos. La lógica del poder caciquil, represor, neo­liberal y corrupto sigue siendo exacta­mente igual que antes. Todos tenemos la obligación ciudadana de participar en la construcción de un nuevo bloque históri­co con suficiente fuerza para renovar de manera profunda y radical las coordena­das de la política nacional.
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Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2035
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