ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 24 de enero de 2016

"El cártel Priista" (Revista Proceso, 24 de enero, 2016)

Manlio Fabio Beltrones y Humberto Moreira, dos presidentes del PRI
John M. Ackerman

Humberto Moreira no es cualquier priista. Como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de ese partido en 2012. Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011, de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera. 

El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años. Como en los viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un control absoluto sobre la política y la prensa local.

Moreira, Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El cártel de mandatarios feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en 2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio actual.

El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales.

El gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron ilegalmente sus conversaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán y la llamaron a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha lastimado a muchas familias”.

En contraste, las autoridades han mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación o seguimiento alguno al exgobernador priista.

Otros integrantes de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar. Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzi­napa, y Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona.

El enorme sufrimiento de las familias mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo, y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su régimen.

Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a Arturo "El Negro" Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado 11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela primaria en la comunidad de Santana del Águila.

Hace unos días, en Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años desde 1929.

En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal.

Pero el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.

El verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de lucha social y humanitaria, y tampoco “los partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular la esperanza y conquistar el poder para el pueblo.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2047
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lunes, 11 de enero de 2016

"Gisela y Nestora" (Revista Proceso, 10 de enero, 2015)

Nestora Salgado
John M. Ackerman

La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrenta­ron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes re­presalias desde el poder. El régimen cada vez más despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los re­cursos financieros y naturales.

Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las instituciones imponían ciertos lí­mites mínimos al ejercicio del poder. Siempre fue una mentira que el par­tido del Estado fuera realmente “ins­titucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni si­quiera se preocupa por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del ejercicio desnudo de la fuerza bruta.

Gisela Mota
En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstácu­los para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de 33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio. Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero de 2016 tomó posesión de la presidencia munici­pal de Temixco.

De acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la protec­ción policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó el señor Gabino Mota al periodis­ta Arturo Cano, de La Jornada. Desde luego que no, sería la respuesta de cualquier ciu­dadano que conociera un poco el compor­tamiento de las fuerzas policiacas del país.

Y efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del ase­sinato han indicado que probablemente participó en el ataque un agente de la Po­licía Judicial del estado de Guerrero. Asi­mismo, las primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del padre y el her­mano de Gisela, quienes se subieron a su auto para perseguir en caliente a los de­lincuentes inmediatamente después del artero asesinato de su familiar.

El caso de Nestora Salgado es pareci­do. En lugar de esperar a que los policías y los políticos corruptos resolvieran el pro­blema de la inseguridad con el que ellos mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ata­que alguno a la institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pue­blos indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de Recono­cimiento, Derechos y Cultura de los Pue­blos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Nestora relata que los problemas em­pezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvie­ron a un comerciante de carne clandes­tina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narco­tráfico, e incluso tuvieron la osadía de en­carcelar al síndico Armando Patrón Jimé­nez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán.

Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de los pre­sos políticos más importantes de este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le imputan a Salgado.

Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el impor­tante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”, sino por su fracaso en materia de derechos huma­nos y rendición de cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha per­dido el respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses. Simultáneamente, la incontrolable de­valuación del peso y la histórica caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación de enorme debilidad.

Ello quizás explica por qué el jefe del Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad na­cional e internacional, Peña Nieto apa­rentemente ha decidido tirar la toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Ñuño, José Anto­nio Meade y Luis Videgaray.

En 2016, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del ci­nismo del narco-Estado va generando excelentes condiciones para la cons­trucción desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2045
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados