ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 18 de abril de 2016

"En pie de lucha" (Revista Proceso, 17 de abril, 2016)

John M. Ackerman

Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche. 

El pasado lunes, 11 de abril la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para la construcción de una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora actuaban en violación de una suspensión judicial que tiene detenida las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal. 

Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa de la construcción. La empresa primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, para después pasar a destruir la casa de García Salazar y de otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad. 

Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión, también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el Jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de desencarrilar su eventual candidatura presidencial. 

Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales con respecto a la aplicación de la ley. 

Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llamó la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas Otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el Presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlin como parte del “Año dual México-Alemania”. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual. 

El próximo día, el martes 12 de abril, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial. 

Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos como apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde. 

El próximo día, miércoles, 13 de abril, un grupo de indígenas tarahumaras clausuraron el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por el daño ambiental y social generado por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias. 

Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el Presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13% de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma). 

Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2059
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domingo, 3 de abril de 2016

"México sitiado" (Revista Proceso, 3 de abril, 2016)

Enrique Peña Nieto flanqueado por los Secretarios de Defensa y de Marina
John M. Ackerman

Uno de los aspectos más notorios de los regímenes autoritarios es la utilización facciosa de la ley para reprimir, censurar y controlar a la población. 

El contenido de dos nuevas leyes impulsadas por Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México confirma que el actual ocupante de Los Pinos busca consolidar de manera definitiva la política represiva que ensayó en Atenco el 4 de mayo de 2006, cuando fungía como gobernador del Estado de México, y que ha repetido una y otra vez desde su toma de protesta como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012.

Peña Nieto se da cuenta del aumento de la ira social frente a sus fallidas “reformas estructurales”, la crisis económica, la profundización de la corrupción y la expansión de la violencia por todo el país. El presidente mexicano también está sujeto a cada vez más presión de organismos internacionales para frenar tanto la ola expansiva de violaciones a los derechos humanos como los ataques constantes contra periodistas, activistas sociales y políticos.

Pero en lugar de cambiar el rumbo y resolver el problema de raíz atacando la impunidad criminal enquistada en las instituciones gubernamentales, Peña Nieto ha decidido promover nuevas leyes que legalizarían la crisis generalizada de derechos humanos. Así como las contrarreformas “estructurales” institucionalizaron la corrupción y el saqueo, las nuevas contrarreformas represivas buscan formalizar la imposición de un estado de sitio generalizado en el país.

En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública” con el fin de establecer la “normalidad” de impunidad generalizada en el país. De acuerdo con el texto de la iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, se define el concepto “perturbación grave” como un “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica”.

Es decir, casi cualquier protesta social, o supuesta amenaza a la autoridad orquestada por provocadores en la nómina de la Secretaría de Gobernación, puede ser motivo para cancelar nuestros derechos más básicos a la libertad de reunión, de protesta y de expresión, así como a la privacidad, a la información, al tránsito y a la comunicación. En otras palabras, en el momento en que Peña Nieto y sus partidos aliados empiezan a sentir que su poder se tambalea, esta nueva ley les permitiría encerrarnos a todos en nuestras casas y cancelar todo servicio telefónico o de internet. Simultáneamente, el gobierno podría establecer un régimen de estricta censura en todos los medios de comunicación, algo ya bastante avanzado en los hechos, así como prohibir las reuniones de protesta e intervenir en todas y cada una de nuestras comunicaciones personales.

La nueva "Ley Atenco", aprobada por el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso del Estado de México el pasado jueves 17 funge como el perfecto complemento autoritario a la ley de estado de sitio promovida en el Congreso federal. La nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. Por ejemplo, el artículo 7 promueve su uso para garantizar “el orden y la paz pública”, definidos en los términos más abstractos, así como “por estado de necesidad, cuando se realice para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente”. Asimismo, el Capítulo III de la ley autoriza de manera general emplear la fuerza para el “control de multitudes” y define como una “reunión ilegal” de facto cualquier protesta ciudadana donde se busque “obligar” a las autoridades a resolver en un sentido específico.

En suma, la “Ley Atenco” está diseñada para acabar con la protesta social, así como para proteger a los elementos de seguridad en caso de cualquier acusación en su contra de parte de los ciudadanos víctimas de sus actos represivos. El contenido de ambas leyes, la del Ar­tículo 29 al nivel federal y la del Uso de la Fuerza Pública al nivel estatal, demuestran el aislamiento cada vez más extremo de la clase política respecto de la sociedad y su necesidad de gobernar estrictamente por la fuerza.

Y cuando sumamos las recientes confesiones del colombiano Andrés Sepúlveda a la agencia Bloomberg (véase: http://ow.ly/109ept) sobre su participación en una amplia red de espionaje y fraude electoral durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, nos queda claro que la lógica de la fuerza ha sido la característica del gobierno actual desde sus orígenes. El gobierno de Peña Nieto no solamente no es democrático, sino que, a partir de cada revelación nueva sobre los entretelones del funcionamiento de su red internacional de corrupción política, queda más claro que carece de la más mínima legitimidad social o institucional.

Cada día tendremos más presos políticos atrás de las rejas y criminales en el gobierno si no actuamos juntos, como sociedad unida, con una clara vocación política y electoral, para detener la legalización del fraude y la cancelación de todas nuestras libertades ciudadanas.

Publicado en Revista Proceso No. 2057
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados 

@JohnMAckerman