ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 29 de mayo de 2016

"Todos somos maestros" (Revista Proceso, 29 de mayo, 2016)

John M. Ackerman

Cuando uno viaja a los hermosos pueblos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, el visitante es siempre bien recibido con calidez y afecto.  Aún después de décadas de desmantelamiento institucional y corrupción autoritaria, México sigue siendo un país reconocido internacionalmente por su enorme hospitalidad, generosidad y apertura.  Estas características son particularmente arraigadas en los estados del sur así como entre los maestros y las maestras, líderes naturales en sus pueblos por su dedicación permanente a la infancia y al fortalecimiento de la vida comunitaria.

Indigna y da vergüenza, entonces, ver la manera en que las autoridades de la Ciudad de México, y de un sector de la sociedad capitalina, reciben con desprecio y rechazo a los maestros quienes acuden a la capital en busca de apoyo para su lucha en defensa de la cultura, la educación y la patria. 

Miguel Ángel Mancera se comporta como un pequeño dictadorzuelo siguiendo órdenes desde Los Pinos y Washington.  En franca violación de los derechos de tránsito, de libre expresión y de reunión, Mancera obstaculiza la entrada a la ciudad de los maestros, los acosa constantemente en sus plantones obligándolos a cambiar de sitio cada noche y finalmente los deporta de la ciudad, al peor estilo de los policías migratorios de los Estados Unidos, enviando una clara señal de que para el Jefe de Gobierno la capital no le pertenece a todos los mexicanos sino solamente a unos cuantos privilegiados al servicio de la oligarquía nacional.

Por otra parte, muchos capitalinos también se desquitan, por ignorancia o mala fe, con los maestros.  “Regrésate a tu casa” o “pinches mugrosos”, son dos de las descalificaciones más comunes lanzados a los profesores por ciudadanos apurados para llegar a tiempo a sus trabajos.  Lo que no saben quienes solamente ven Televisa, leen Letras Libres u hojean La Alarma es que son las autoridades, no los luchadores sociales, los responsables tanto por las dificultades de movilidad como por las complicaciones sanitarias causadas por la visita de los profesores.

La mejor forma para evitar los daños colaterales de las protestas legítimas de los maestros sería permitir que los mentores ingresaran sin retenes u obstáculos a la ciudad y que se instalaran tranquilamente en el Zócalo capitalino, la Plaza de la Constitución, que debería estar al servicio del pueblo y no del lucro empresarial y político de los gobernantes en turno. El Gobierno de la Ciudad de México también debería proporcionar tanto instalaciones sanitarias como servicios médicos durante el transcurso de la visita de los maestros, tal y como lo hace en ocasión de importantes conciertos o espectáculos culturales en la ciudad.

La estrategia es transparente. Las autoridades buscan simultáneamente cansar e intimidar a los maestros como desesperar y voltear a los capitalinos en contra de los mentores.

No caigamos en las trampas del poder.  Los gobiernos despóticos siempre buscarán dividir los diferentes movimientos y causas.  La unión entre el campo y la ciudad, y entre la capital y los estados de la república, es particularmente peligrosa para ellos. La articulación entre los movimientos sociales y los movimientos políticos también genera un enorme pánico en los pasillos del poder. Y la alianza entre los estudiantes y los maestros es crucial.  La solidaridad desde universidades públicas, como la UNAM y el IPN, con los maestros democráticos es particularmente importante.

En general, la construcción de un gran bloque histórico social, entre todas las causas ciudadanas y las fuerzas populares, constituye la llave a un futuro más próspero y justo en México.

Pero llama la atención cómo muchas de las mismas voces que se quejan desde sus computadoras de la supuesta “apatía” o “pasividad” del pueblo mexicano, simultáneamente descalifican las aguerridas y valientes acciones de resistencia de los maestros en todo el país.  Dese este punto de vista, la única forma válida de protesta sería el activismo “light” o “clasemediero” lleno de retweets, likes y peticiones online, pero sin un compromiso claro en el terreno ideológico o a partir de una acción material contundente. La acción cibernética es importante, desde luego, pero jamás trascenderá si no salimos también a la calle para reunirnos, dialogar y construir estrategias en conjunto con otros sectores y causas sociales.

Chiapas, por ejemplo, constituye una inspiración y un ejemplo a seguir. Frente a la brutal represión de parte de las fuerzas policiacas en contra de los maestros en lucha, el miércoles pasado la sociedad chiapaneca salió a las calles para proteger a sus maestros así como correr a los hombres armados al servicio del poder.  En Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en particular, hubo actos de increíble solidaridad social con la causa de los profesores.  Cada día queda más claro que los maestros no están de ninguna manera solos en su lucha.

En la Ciudad de México nos falta seguir el ejemplo de los pueblos del sur.  Los habitantes de la capital tenemos una obligación ética, moral e histórica para romper con el guión racista y clasista propagado por los medios masivos de comunicación y los intelectuales y periodistas mercenarios. Los maestros de todo el país, pero en particular los del sur, representan lo mejor de México. Son portadores de un gran conocimiento de nuestra historia así como de una convicción patriótica y nacional sin parangón. 

Démosles a los maestros la bienvenida que merecen, con abrazos en lugar de toletes, con apoyos en lugar de represión.  Con nuestras acciones de solidaridad, enseñemos al mundo entero que Mancera no nos representa. Demostremos que no todos los capitalinos somos tan indignos y abyectos como él.  El futuro de la patria depende de ello.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2065
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 16 de mayo de 2016

"La marcha hacia el totalitarismo" (Revista Proceso, 15 de mayo, 2016)

Enrique Peña Nieto con los Secretarios de la Defensa y la Marina
John M. Ackerman

De cara a su muy proba­ble descalabro electoral tanto el próximo 5 de junio, en las eleccio­nes para gobernador en 12 estados y para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como en las elecciones presidenciales de 2018, el régimen se mueve rápida­mente para acomodar sus fichas.

El objetivo es garantizar su con­trol sobre las palancas centrales del poder, aun en el caso de que el Partido Revolucionario Institu­cional (PRI) y sus aliados se vieran obligados por la sociedad mexi­cana y la comunidad internacio­nal a entregar temporalmente el control sobre el Poder Ejecutivo nacional y en algunas entidades federativas clave.

Todas las encuestas demues­tran que el PRI se encuentra en un proceso de franca descomposición electoral. Si bien es posible que en los comicios de 2016 el partido de Estado logre mantener el control político en la mayoría de las entidades federativas en disputa, es ya un hecho el desgaste de sus tradicionales mecanismos de mani­pulación social. El PRI muy difícilmente rebasará una votación de 40% en ningu­na entidad federativa, incluyendo sus tradicionales bastiones como Veracruz y Tamaulipas, y en lugares como la Ciudad de México probablemente recibirá menas de 10% de los sufragios. Recordemos que en las últimas elecciones federales -de 2015- el PRI conquistó solamente 29% de la votación nacional.

Cada día el PRI depende más abier­tamente de la compra de los resultados electorales. En su desesperación, recurre a cualquier fuente de financiamiento para comprar votantes, cooptar líderes socia­les, controlar instituciones electorales y garantizar la servidumbre mediática. Sin embargo, los costos de esta estrate­gia aumentan con cada escándalo de co­rrupción revelado por la prensa nacional e internacional. El partido de Estado hoy yace en un barril sin fondo de despresti­gio e ignominia.

En respuesta, Peña Nieto recu­rre a las Fuerzas Armadas.

Históricamente México había sido una excepción en América Latina respecto a la relativa des­politización de sus Fuerzas Arma­das. Mientras la mayor parte de los otros países de la región expe­rimentaban constantes golpes de Estado y sufrieron bajo juntas mi­litares durante años, en el siglo XX México se destacó por su estricta disciplina militar.

A partir del sexenio de Felipe Calderón, y ahora de manera particularmente pronunciada con Peña Nieto, se rompió con esta larga tradición. Hoy los militares se han convertido en el principal bastión de apoyo político para el régimen autoritario. Las Fuerzas Armadas también son hoy una de las más importantes correas de transmi­sión para las órdenes de Washington.

El reciente espectáculo vergonzoso de entrega, por parte del secretario de la Marina, Vidal Soberón, de la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase al jefe militar del Comando Norte de Estados Unidos, William Gortney, transpa­rentó el total sacrificio de nuestra sobera­nía nacional en la materia.

Los raspones recientes que han re­cibido las Fuerzas Armadas (el cuestionamiento de su papel en el caso de Ayotzinapa, la divulgación de actos de tortura y algunos juicios civiles contra militares que ejercieron cargos de impor­tancia durante el sexenio de Calderón) no implican de ninguna manera una merma en su poderío. Como botón de muestra, tenemos las recientes reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que constituyen nada menos que un paso definitivo hacia el establecimiento de un gobierno militar-fascista en nuestro país.

En venganza por la supuesta “intro­misión” de las autoridades civiles en sus asuntos “internos”, con la aprobación de juicios civiles en casos de violaciones de derechos humanos por militares, las Fuerzas Armadas han logrado que ahora sus ministerios públicos y tribunales mi­litares puedan entrometerse de manera indiscriminada en asuntos civiles, con ca­teos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje di­recto a comunicaciones personales.

Unos días antes de la aprobación de es­tas reformas en el Senado de la República, las Naciones Unidas envió una misiva a los legisladores que advertía sobre los graves riesgos de empoderar a los militares de esta manera. Los senadores hicieron caso omiso y aprobaron las reformas en apenas siete minutos y sin discusión alguna.

Como contraparte de la militarización de la política nacional, el régimen acele­ra la privatización de la economía con el fin de atarle las manos a un eventual Po­der Ejecutivo bajo el control del pueblo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), hoy esperando su aprobación relámpago en cualquier mo­mento en el Senado, es aun más peligroso que la reforma energética.

Como hemos argumentado en es­tas mismas páginas (véase: http://ow.ly/oBuB300fdJt), mientras la privatización del petróleo removió un sector importan­te del control estatal, el TPP busca acabar con la rectoría del Estado en todos los sec­tores de la economía.

El elemento más peligroso del acuer­do son los mecanismos jurídicos que per­mitirán a las empresas transnacionales demandar al Estado mexicano por opor­tunidades de lucro supuestamente perdi­das a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no serán re­sueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbi­traje internacionales controladas por las mismas empresas transnacionales.

Fernando del Paso tiene razón: Méxi­co camina hacia el establecimiento de un Estado totalitario. 2018 podría ser nuestra última oportunidad para reequilibrar el balance entre, por un lado, el poder des­pótico de las armas y el capital financiero internacional, y por otro lado, el poder so­cial desde abajo del pueblo mexicano. Hay demasiado en juego, y el futuro de nues­tros hijos e hijas es demasiado importan­te como para darnos por vencidos antes de la batalla definitiva.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2063
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 1 de mayo de 2016

"Mal y de malas" (Revista Proceso, 1 de mayo, 2016)


Atenco 10 años, 4 de mayo de 2006 in memoriam, la lucha sigue

John M. Ackerman

El país se cae y se vende en pedazos a nuestro alrededor, pero de acuerdo con el presidente de la República el problema más importante de la nación sería nuestro “mal humor social”. Enrique Peña Nieto cada vez se parece más a Vicente Fox, de quien se rumoraba que tomaba fuertes dosis de Prozac para evitar caer en la depresión y seguir sonriendo cínicamente en medio de la destrucción que iba generando en el país. Así como cuando Peña Nieto insistió que los mexicanos tendríamos que simplemente “superar” el dolor causado por la pérdida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hoy una vez más el ocupante de Los Pinos nos ofrece consejos tomados de algún libro de autoayuda de cuestionable calidad.

Habría que recomendarle al señor presidente que deje de hojear la reducida biblioteca que Angélica Rivera se ha esforzado en acumular a lo largo de los años en la “Casa Blanca”, para mejor dar una vuelta a la Biblioteca Nacional y echarse un clavado a las grandes obras de historia y de filosofía ahí reunidas.

No lo hará, desde luego. No solamente porque Peña Nieto mismo ha confesado que la lectura y la cultura no son sus fuertes, sino porque la consciente comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México muy difícilmente permitiría que el actual ocupante de Los Pinos paseara tranquilamente por Ciudad Universitaria. Si en el simulacro electoral celebrado en mayo de 2012 Peña Nieto recibió solamente 5% de la votación, hoy seguramente el porcentaje sería mucho menor, probablemente cercano a cero.

En las últimas semanas se han multiplicado las señales de que el gobierno actual se encuentra en franca bancarrota. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha demostrado que el gobierno federal fabricó la “verdad histórica” sobre los estudiantes de Ayotzinapa a partir de la tortura, declaraciones falsas y la siembra de pruebas. Y el nuevo Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) busca avanzar de manera definitiva con la privatización de toda la economía nacional así como entregar a México entero en bandeja de plata a las corporaciones trasnacionales (véase: http://ow.ly/4ncpTW).

Mientras, ha ocurrido un accidente de proporciones históricas, que podría haber sido evitado con un mantenimiento y procedimientos adecuados, en las instalaciones petroleras privatizadas de Coatzacoalcos, Veracruz, causando docenas de muertos y cientos de heridos. En Guerrero, la violencia se encuentra fuera de control y ha caído abatido otro periodista valiente, Francisco Pacheco Beltrán, víctima de la impunidad fomentada desde el narcoestado mexicano. Y en Chiapas, más maestros en lucha han sido llevados a cárceles de alta seguridad como presos políticos por el señor Nuño, en castigo por su resistencia a la implementación de una reforma educativa retrógrada y neoliberal.

Tanto la organización Reporteros sin Fronteras (véase: http://ow.ly/4ncnVk) como Freedom House (véase: http://ow.ly/4nco8y) han emitido nuevos informes que reprueban contundentemente a México en materia de libertad de expresión. Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos y la candidata Hillary Clinton han expresado su preocupación con respecto a la grave crisis de derechos humanos que se vive hoy en el país y que ellos mismos han fomentado con sus irresponsables acciones y omisiones.

Mientras, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su asesor estrella, Juan Ramón de la Fuente, han invitado a una serie de personajes con negros historiales a sumarse al equipo de redacción de la propuesta de nueva constitución para la Ciudad de México. De entre ellos se destaca quien fungía como representante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el Distrito Federal durante 2015, el año en que fueron asesinados en la colonia Narvarte el colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, junto con la activista veracruzana Nadia Vera. También se suman al mismo grupo individuos como Jorge Castañeda, Luis de la Calle, Jesús Reyes Heroles y Ángeles Mastretta. El perfil de este equipo de redacción constituye una abierta burla a las convicciones libertarias de los capitalinos.

¿Los mexicanos merecemos esta desgracia?

Fue el francés ultraconservador ­Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien hizo famosa la frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Hoy se utiliza el mismo mito con el fin de destruir el legado de la Revolución Mexicana así como domar el espíritu digno y rebelde del pueblo mexicano.

Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas sueñan con un mejor futuro, aun sabiendo que la narcopolítica está acabando con su país.

Lo que Peña Nieto llama “mal humor” es en realidad nuestra indignación y repudio con respecto a la situación actual. Los mexicanos y las mexicanas tenemos una maravillosa historia y una gran cultura que de ninguna manera nos condena a un futuro de pobreza, represión, corrupción y violencia. Ya basta de echarle la culpa a las víctimas.

La autocrítica, sin embargo, es sana y necesaria. Por ejemplo, es importante señalar que los dignos padres de familia de Ayotzinapa cometen un grave error político con su insistencia en reunirse de nuevo con Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong. De lo que no se dan cuenta estos ejemplares luchadores sociales es que con este tipo de demandas legitiman a las instituciones estatales responsables precisamente por la desaparición de sus hijos.

En lugar de insistir en otra reunión inútil con el mal gobierno, habría que reiterar la demanda de que Peña Nieto renuncie a su cargo así como trabajar de manera autónoma desde la sociedad para ir preparando el relevo, político y social, a la actual administración llena de narcotraficantes y criminales. México merece más.


Publicado en Revista Proceso No. 2061
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados