ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 10 de julio de 2017

"Hacia la ciudadanización del derecho electoral" (Revista Proceso, 9 de julio, 2017)



John M. Ackerman

Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los ciudadanos para que puedan participar directamente en los procesos de vigilancia y evaluación de los comicios. 

Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. 

Ello no implicaría problema alguno si las instituciones electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos, independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes constantes. 

Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder cuidar las elecciones con total independencia y objetividad. 

Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden homenaje al poder y se hacen de la vista gorda frente a las violaciones legales. 

Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el Estado de México, hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio. Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los funcionarios de casilla en el Estado de México, evidenciadas por los numerosos casos de conteos amañados y actas irregulares. 

Frente a la traición de las instituciones electorales a su espíritu ciudadano, nos toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), y con el imprescindible apoyo del Lic. Julio Ortiz, entregamos la semana pasada dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del Estado de México. 

Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en jurisprudencias y casos claves resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania. 

Por otro lado, sometimos a las autoridades un “Juicio Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo” de Alfredo Del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, referente a la soberanía popular, 40, referente a la República representativa y democrática, y 41, referente a la celebración de elecciones libres y auténticas. 

Esta sería la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su homólogo en el Estado de México, los ciudadanos estamos formalmente y cínicamente excluidos del proceso de impugnación. 

Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales? 

Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente tendrán que tomar en cuenta el Artículo Primero de la CPEUM que establece el principio “pro persona” lo cual obliga a todas las autoridades del país a recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección de los derechos humanos. 

Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”, participan en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la sociedad. 

Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y simulación es con la recuperación el espíritu original de las reformas electorales de los noventas permitiendo el acceso ciudadano a la justicia. Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos presentados por #NiUnFraudeMás. 

Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 26 de junio de 2017

"No la merecemos" (Revista Proceso, 25 de junio, 2017)


John M. Ackerman

¿Los mexicanos merecemos esta desgracia? 

Fue el francés ultraconservador ­Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien hizo famosa la frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. De la misma manera, los machos suelen justificar las inaceptables e indignantes agresiones sexuales a las mujeres echando la culpa a las víctimas por su manera de vestir o su forma de caminar. 

Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas sueñan con un mejor futuro, aun sabiendo que la narcopolítica está acabando con su país. 

No somos nosotros, las víctimas, sino los dirigentes del PRIANRD los responsables de la situación actual. En particular, el Partido Revolucionario Institucional ha traicionado su propio nombre destruyendo las instituciones, traicionado la revolución y desmantelado el sistema de partidos. Una enorme ola de hipocresía, cinismo y mentiras ha inundado la Nación. 

Todo se encuentra de cabeza y nada es como parece ser. Hoy se defiende la institucionalidad democrática cuestionando frontalmente a los corruptos e ineptos que tienen secuestrado al Estado, se enaltece los valores sociales de la Revolución Mexicana repudiando a los dos partidos políticos que llevan “revolución” en su nombre y se fortalece el sistema de partidos respaldando al único instituto político que no se define como un partido sino como “movimiento”. 

Si México fuera un país democrático, quizá podríamos dar algún crédito a la idea de que los mexicanos seríamos masoquistas que buscan el dolor y gozan del sufrimiento. Pero en el contexto actual de fraude institucionalizado e impunidad estructural, solo alguien totalmente desubicado podría afirmar que se respeta la soberanía popular en México. Para muestra, véase la falta de celebración alguna de parte de los supuestos votantes del PRI a partir del anuncio de la “victoria” prefabricada de Alfredo Del Mazo como Gobernador del Estado de México. 

También llamó la atención el silencio absoluto de las casi 60 empresas encuestadoras registradas para elaborar encuestas de salida y conteos rápidos durante la elección del 4 de junio en el Estado de México. Evidentemente sus resultados daban como ganadora a Delfina Gómez, pero fueron silenciadas y censuradas por el cada vez más repudiado narcogobiernoespía

El caso de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, fue particularmente escandaloso. Después de que su encuesta de abril le dio una clara ventaja a Gómez, Campos de repente se refugió en el silencio más sepulcral. Se negó a dar a conocer los resultados de su encuesta de mayo (y simultáneamente acusó cobardemente y falsamente a un servidor de haber confeccionado una versión de esa encuesta que había sido filtrada por periodistas de la fuente). Finalmente, a pesar de haber jurado que presentaría los resultados de su encuesta de salida a las 8 PM la noche de la elección, Campos de repente decidió guardar sus resultados y esconderse de las cámaras. 

Sin explicación alguna, el Instituto Electoral del Estado de México también decidió de última hora reducir de 5,204 a 3,324 el número de paquetes electorales abiertos durante el conteo distrital. Aun así, a partir del recuento parcial la supuesta ventaja de Del Mazo sobre Gómez se redujo de 3 a 2 por ciento. En algunas casillas recontadas los votos para Del Mazo sufrieron una reducción drástica, como en la Casilla 2836 Básica donde un servidor pudo observar personalmente como la cantidad de votos para el candidato del PRI pasó de 640 a 81. Uno puede imaginar fácilmente la cantidad de mañas hoy escondidas dentro de los 15,281 paquetes no abiertos. 

En estas mismas páginas (http://ow.ly/WBrX30cMhcN), ya hemos explicado algunas razones por las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si realmente fuera autónomo, tendría que anular la eventual entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. Pero como sabemos que la independencia de las instituciones electorales no es más que un “mito genial” (Pedro Aspe dixit), hay que pensar simultáneamente en otras estrategias para hacer valer la soberanía popular. 

Los ciudadanos no merecemos la desgracia que vivimos, pero sí tenemos una parte de la culpa. Por ejemplo, en el Estado de México cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudo haber registrado como observador electoral independiente, pero muy pocos lo hicieron. 

La elección presidencial de 2018 es demasiada importante para dejarla en manos de las instituciones realmente existentes. Asimismo, el reto es tan grande que tampoco podemos dejar en manos de Morena toda la responsabilidad de cuidar la elección. 

El fraude no solamente constituye un agravio en contra del candidato defraudado sino también en contra de toda la sociedad. Los ciudadanos libres tenemos la obligación histórica de movilizarnos de manera masiva a lo largo y ancho de la república no solamente para votar sino también para defender la autenticidad del sufragio ciudadano en 2018. De lo contrario, podemos estar seguros de que volverán a robarnos la esperanza. 

Dante acertó cuando escribió que “los lugares más calientes de infierno están reservados para aquellos en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad”.  Si la Nación vuelve a cubrirse en oscuridad no será la culpa de López Obrador sino de todos aquellos que se hayan quedado en las gradas observando la carnicería sin levantar un solo dedo. 


Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 11 de junio de 2017

"Nulidad necesaria" (Revista Proceso, 11 de junio, 2017)

John M. Ackerman

La grave violación a los principios constitucionales en materia electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. Si el conteo definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) da como “ganador” a Alfredo del Mazo, la elección tendría que ser anulada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales. 

En cualquier elección con una diferencia reducida entre el primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud del conteo oficial sino también de las condiciones generales en que se desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que determinar hasta que punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtica”, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso. 

A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. 

En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1,2 y 3 de junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al PRI”. 

Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de que estos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. 

En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de miles de votantes. 

En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas” sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM (alertando sobre posibles actos de violencia) y de la FEPADE (citando ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los comicios. 

En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomadas de la fila”, sin ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica porque hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. 

Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del PANAL y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. 

Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, solo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar acabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. 

Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo, apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tuvieran la valentía y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del Presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al diablo”. 

La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y libertad. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2119
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 29 de mayo de 2017

"Más allá de la indignación" (Revista Proceso, 28 de mayo, 2017)

John M. Ackerman

La absoluta descomposición del país es evidente para cualquiera dispuesto a abrir los ojos. 

Las ejecuciones de los corresponsales de La Jornada en Sinaloa y Chihuahua, Javier Valdéz y Miroslava Breach, así como de los activistas Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, y Miguel Vásquez, en Jalisco, constituyen un macabro mensaje dirigido hacia todos los mexicanos que buscamos un mejor país. Y el secuestro del periodista Salvador Adame, en Michoacán, las amenazas en contra de Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, y el asesinato del hijo de la periodista Sonia Córdova, en Jalisco, confirman que absolutamente nadie está a salvo frente a la ola de violencia criminal fomentada y protegida desde las más altas esferas del poder político y económico del país. 

Pero en lugar de atender la grave crisis humanitaria y democrática, las autoridades mexicanas prefieren indignarse y mandar sus “sentidos pésames” a Inglaterra por los ataques en Manchester, así como “exigir enérgicamente” el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Estas hipócritas cortinas de humo ya engañan a muy pocos. El pueblo mexicano paga altos salarios a sus autoridades públicas para que se preocupen en primero lugar por los grandes problemas nacionales y los resuelvan. Los asuntos internacionales son importantes, pero no deben fungir como distractores de las tareas principales de nuestros gobernantes. 

La situación nacional se agrava cada día no por una falta de capacidad institucional o de presupuestos públicos, sino por una total ausencia de voluntad política. 

En México, el “terrorismo” no lo ejercen fundamentalistas religiosos al servicio de un Estado extranjero, sino las redes criminales que controlan simultáneamente los aparatos gubernamentales, las obras privatizadas y el narcotráfico. Ya no hay una separación clara entre las esferas públicas y privadas o entre el crimen organizado dentro y fuera del gobierno. 

En este contexto, ¿tiene sentido seguir gritando “¡Justicia ya!” a las puertas de las oficinas gubernamentales supuestamente a cargo de llevar a cabo las investigaciones correspondientes? ¿Es útil presionar a las autoridades a fin de que tomen medidas para prevenir futuros ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos? 

Cada día este tipo de acciones lucen más ingenuos. La destrucción de la institucionalidad democrática bajo el mando de los narcogobiernos actuales es tan completa que la única esperanza para salir del presente infierno se encuentra en nosotros mismos. 

La autogestión, las redes de solidaridad, la lucha social y la organización comunitaria son nuestras rutas hacia el rescate nacional. Solamente así podremos superar el miedo y rebasar la enorme vulnerabilidad en que los poderes económicos y políticos nos han colocado a todos. 

Pero para ser realmente efectiva, la autogestión social también debe tener una salida política. La “resistencia” a secas debe transformarse en la conquista de la justicia y el poder gubernamental. El aguante debe traducirse en acción, y el estoicismo en indignación. 

El pueblo mexicano necesita urgentemente un poco de oxígeno para respirar. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya ha recetado a todos los capitalinos una muerte lenta a partir de los históricos niveles de contaminación registrados en las últimas semanas. Si seguimos por el mismo camino de destrucción institucional, las esperanzas y los anhelos democráticos de todo el pueblo mexicano tarde o temprano también morirán por asfixia. 

Es tiempo de sacudir el miedo, romper las reglas, tomar las calles, conversar con los vecinos, atiborrar las urnas, convencer a los colegas y gritar juntos “¡Ya basta!”. El gran pueblo mexicano merece más, mucho más, que este infierno. 

Todos tenemos la responsabilidad histórica para poner nuestro granito de arena. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2117
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 15 de mayo de 2017

"¿Gonorrea o sífilis?" (Revista Proceso, 14 de mayo, 2017)

Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia
John M. Ackerman

A los franceses no les dio gonorrea, sino sífilis. Perdió la elección presidencial la neo-fascista, Marine Le Pen, pero ganó el banquero neoliberal, Emmanuel Macron. Como un espejo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del año pasado, los franceses también fueron obligados a elegir entre dos representantes del viejo régimen. Así como Bernie Sanders fue derrotado por Hillary Clinton en las elecciones primarias del Partido Demócrata, el representante de las nuevas esperanzas ciudadanas en Francia, Jean Luc Mélenchon, también fue eliminado en la primera jornada de votaciones. 

La buena noticia, sin embargo, es que en ambos países hubo un relevo importante con respecto al liderazgo dentro de las fuerzas de izquierda. Específicamente, la vieja “socialdemocracia” hipócrita y burocrática, representada por Clinton y Francois Hollande, sufrió una derrota histórica en ambos países. 

En Francia, el candidato del partido político de Hollande, el llamado “Socialista”, recibió únicamente seis por ciento de la votación en la primera ronda de la elección presidencial. Nunca antes en la historia reciente había recibido una votación tan baja el partido del Presidente de la República en funciones. En contraste, Mélenchon recibió una histórica 20% de la votación en la primera vuelta y llegó a apenas 500 mil votos de pasar a la segunda vuelta. 

Macron es un político joven, de 39 años, pero con ideas antiguas y trasnochadas sobre los poderes mágicos del capital financiero y la supuesta superioridad de la “civilización europea”. Dos de sus propuestas más importantes, por ejemplo, son reducir drásticamente las prestaciones laborales de los trabajadores franceses y aumentar significativamente el gasto militar y de seguridad nacional. 

La victoria de Macron en la segunda vuelta entonces no responde a que el joven “tecnócrata” cuente con un gran respaldo popular, sino solo a que los franceses no son tan fácilmente engañados como los estadounidenses por las mentiras y los sofismos del neo-fascismo mundial representado por Donald Trump y Le Pen. La larga historia de luchas populares y el sólido compromiso de los franceses con el racionalismo funcionaron como antídotos efectivos en contra del elitismo y el racismo de la hija de Jean-Marie Le Pen. 

Afortunadamente, el mandato de Macron no será fácil. El nuevo Presidente no cuenta con un partido político propio que lo respalde y es muy probable que en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional ganen importantes posiciones las fuerzas de la oposición, sobre todo de la nueva izquierda liderada ahora por Melénchon. 

Ahora bien, la coyuntura política en México se compara favorablemente con las situaciones en Francia y los Estados Unidos. 

Por un lado, de manera similar a Estados Unidos y Francia, los candidatos que representan el “status quo” o el “sistema” muy probablemente también recibirán un fuerte voto de castigo en México. Así como los ciudadanos enviaron un mensaje de repudio a Clinton en 2016 y a Hollande en 2017, en México en 2018 la coalición gobernante, el PRIAN, necesariamente también sufrirá un terrible revés en las urnas. 

Por otro lado, en México no tendremos que conformarnos con una elección entre sífilis o gonorrea: entre Margarita y Osorio, o Anaya y Videgaray, por ejemplo. A diferencia de Francia y los Estados Unidos, existe la certeza de que el equivalente mexicano a Sanders y Mélenchon, Andrés Manuel López Obrador, aparecerá en la boleta electoral para la votación final y definitiva que tendrá lugar el domingo, 3 de junio de 2018. Ya no queda tiempo para legislar la “segunda vuelta”, al estilo francés, para las elecciones mexicanas y no hay necesidad alguna para celebrar elecciones “primarias”, al estilo estadounidense, para decidir quien sería el candidato presidencial del partido Morena. 

Un motivo adicional para la esperanza es que la cultura política mexicana en el fondo se parece más a la francesa que a la estadounidense. Nosotros tampoco somos tan fácilmente engañados por demagogos de derecha. Siglos de luchas y de conquistas populares han sembrada una profunda dignidad republicana dentro de las conciencias de todos los mexicanos. 

Ello es lo que explicaría el fracaso estrepitoso de los desesperados esfuerzos de parte de la oligarquía de fabricar una versión mexicana de Trump o Le Pen en México por medio de la figura de las “candidaturas independientes”. Ni Jaime Rodríguez, ni Pedro Ferriz del Con, ni Jorge Castañeda han generado el amplio apoyo ciudadano que se requeriría para ganar una elección presidencial. Y la patética nueva precandidatura de Armando Ríos Piter, miembro de la clase política más rancia de Guerrero del clan vendepatrias de Luis Videgaray, no tendrá mejor suerte. 

La única forma para imponer la peste en México 2018 será entonces por medio de la comisión de uno de los fraudes más grandes de la historia. A los ciudadanos nos toca frenar el atraco. 


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 1 de mayo de 2017

"La mentiras de Del Mazo" (Revista Proceso, 30 de abril, 2017)

Alfredo III, primo de Enrique Peña Nieto y candidato del PRI al EdoMex
John M. Ackerman 

Durante el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, hizo gala de su enorme pobreza analítica y reprobables convicciones autoritarias. Alfredo III demostró ser hijo fiel del Grupo Atlacomulco que ha pisoteado y saqueado este bello estado durante generaciones. 

La afirmación más indignante del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue que la causa principal de la inseguridad en el país sería la “alternancia política”. De acuerdo con el hijo y nieto de exgobernadores del Estado, la mejor forma para acabar con la violencia sería cancelar la competencia política y confiar en los mismos de siempre con la esperanza de que ahora sí vayan a atender las necesidades ciudadanas. 

Pero “un perro viejo no aprende trucos nuevos”, reza el sabio dicho. Solamente la persona más ingenua, o vendida, podría creer que Alfredo III represente algo nuevo. 

Es falso que la alternancia genere inseguridad. El mejor botón de muestra es precisamente la situación actual en el Estado de México. Este ha sido gobernado por el mismo partido desde 1929, año en que se creó el antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), y es la entidad federativa más insegura en todo el país. 

Durante 2015, se cometieron un total de 6 millones 648 mil 721 de delitos en el Estado de México. Esta cifra es la más alta en todo el país y casi duplica la cantidad de delitos cometidos en la Ciudad de México durante el mismo periodo, y es cinco veces más grande que la cifra para Veracruz, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 elaborada por el INEGI. 

Casi la mitad de la población del Estado de México, 46%, fue víctima de algún delito durante 2015. Es la tasa de victimización más alta, por mucho, en todo el país. 

90.6% de la población del Estado de México se siente inseguro, y que sólo 39% confía en la policía preventiva municipal. Únicamente las policías de Morelos y de Veracruz generan más sospechas entre la población. 

Se cometen más feminicidios en el Estado de México que en cualquier otra entidad federativa. Entre 2013 y 2015 hubo mil 405 asesinadas, 16% del total de 6 mil 488 ejecutadas en todo el país durante el mismo periodo. Esta realidad escalofriante e indignante refleja un contexto de total colapso del Estado de derecho en esta entidad, gobernado desde hace 88 años, sin alternancia alguna, por el mismo partido político. 

El delito más común en el Estado de México es “Robo o asalto en la calle o en el transporte público” y 67.6% de los delitos son cometidos con portación de arma de fuego. Esta última cifra es más del doble que en Chihuahua, donde sólo 30.5% de los delitos involucran alguna arma, y casi tres veces más que en Veracruz, donde la cifra es de 25.5%. 

No han divulgado las cifras aún, pero es seguro que durante 2016 y 2017 la situación ha ido de mal en peor. 

En suma, los mexiquenses viven hoy en un virtual estado de sitio, rodeado por hombres armados listos para asaltarlos a la primera oportunidad. En el Estado de México la población ha sido totalmente abandonada por una mafia política que prefiere canalizar los recursos públicos a sus amigos constructores, de OHL, HIGA y otras empresas similares, a invertirlos en la seguridad pública o en la construcción de hospitales y escuelas. 

Del Mazo miente. No es la alternancia, sino el control político ejercido por una mafia corrupta PRIANista sobre los gobiernos, estatales y federales, lo que causa la inseguridad. 

Sin embargo, si bien la milenaria dominación caciquil en el Estado de México ha generado una enorme pobreza y una inseguridad lacerante, no ha logrado borrar la dignidad y la consciencia crítica de la población. En la última encuesta del periódico Reforma, más de 40% de los ciudadanos señalaron que jamás votarían por el candidato del PRI. Los mexiquenses repudian a sus verdugos y existe un consenso generalizado que casi cualquier cosa sería mejor que continuar bajo el control despótico y corrupto de los mismos de siempre. 

La alternancia política no resolverá mágicamente los problemas del Estado de México, pero sí es un paso necesario para poder iniciar con la titánica labor de reconstrucción del tejido social, la fortaleza institucional y la esperanza ciudadana en la entidad más poblada del país. 

Sin alternancia, los mexiquenses serán condenadas a seis años más de los mismos gobernantes cínicos y sinvergüenzas que han destruido al estado y a todo el país. Es urgente frenar y dar una lección de humildad a los Duarte, Moreira, Borge, Peña Nieto, Chuayffet, Camacho, Murat, Yunes, Osorio, y Del Mazo´s del país. 

La batalla por la democracia y la dignidad que hoy se está librando en el Estado de México es fundamental como parte de la lucha más amplia a favor de la liberación del país entero del yugo de la muerte, la represión y la corrupción. Si se levantan los mexiquenses, se levantará todo México. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2113
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 17 de abril de 2017

"La mafia en problemas" (Revista Proceso, 16 de abril, 2017)


Javier Duarte y Tomás Yarrington
John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una organización política que carece de cualquier ideología o proyecto político. Lo único que une a sus integrantes es un enorme pacto de corrupción e impunidad. Como una gran mafia donde todos deben algún favor a los demás, y donde cada uno es testigo de las faltas de los otros, esta enorme red de cinismo institucionalizado solamente funciona cuando puede seguir garantizando cada vez mayores oportunidades de lucro así como efectivos salvoconductos frente a la ley.

Las detenciones del ex-gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia, y de Javier Duarte, en Guatemala, demuestran que la red de autoprotección llamada PRI empieza a fragmentarse y debilitarse. Yarrington era prófugo de la justicia desde 2012, acusado de crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos. El ex-gobernador había podido caminar libremente por el mundo durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la misma manera en que el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte lo hizo desde su escape pactado hace seis meses, y el ex-gobernador de Chihuahua, César Duarte, lo hace hoy en El Paso.

Pero de repente las autoridades estadounidenses interrumpieron los planes de golf y buen vino de Yarrington en Florencia y alertaron al gobierno italiano sobre la ubicación del prófugo. El gobierno guatemalteco hizo lo mismo en el caso de Javier Duarte, quien disfrutaba del centro vacacional de Panajachel en el hermoso Lago de Atitlán.  Hace un año ocurrió algo similar en el caso de Humberto Moreira. Las vacaciones de lujo del ex-gobernador de Coahuila fueron abruptamente interrumpidas por las autoridades españolas actuando en respuesta a una orden de detención emitida por Washington.  

Todo parece indicar que en su desesperación por salvarse a si mismos, la cúpula del PRI-gobierno está dispuesto a traicionar a todos, incluyendo a sus aliados y amigos más cercanos. Ofrecerán todas las cabezas necesarias a los leones del norte con tal de salvar sus propios pellejos. 

Esta coyuntura evidentemente genera gran nerviosismo en las filas del PRI y podría tener un fuerte impacto en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Si el régimen es incapaz de proteger a sus generales, los ex-gobernadores, tampoco podrá garantizar la impunidad para sus soldados y sargentos, lo miles de operadores políticos que manejan directamente la compra, la coacción y el acarreo de votantes el día de las elecciones.

De acuerdo con la ley, quien condiciona apoyos gubernamentales al voto por un candidato, retiene la credencial de elector de un votante, pide alguna evidencia del sentido voto, o transporta los votantes a la casilla electoral, comete un delito y podría terminar en la cárcel por seis meses y hasta tres años. 

Aún si ganara el PRI la elección correspondiente, no existe garantía alguna de que los operadores gozarán de la protección necesaria. Los líderes del “nuevo” PRI han demostrado una y otra vez que son capaces de dar la espalda a absolutamente todos, aún a los más leales y sobre todo a los más débiles, cuando es necesario. 

Quizás esta situación es lo que explica el inaudito crecimiento de la candidatura de Delfina Gómez, de Morena, en el Estado de México. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo para apoyar a un sistema en franca descomposición que ya no ofrece ninguna recompensa segura hacia el futuro?  Es la pregunta que hoy se están haciendo los operadores del PRI en todo el país.

Pero no podemos permitirnos el lujo de observar pasivamente desde las gradas la autodestrucción del régimen del partido de Estado. Tenemos la obligación ciudadana de participar directamente en la construcción de una nueva república basada en la justicia y la equidad.

Es por ello que un amplio grupo de escritores, académicos y artistas hemos unido esfuerzos para lanzar la iniciativa “Ni un fraude más” (véase: www.NiUnFraudeMas.org) que busca garantizar la equidad en la contienda electoral en el Estado de México, y en particular evitar la imposición fraudulenta de Alfredo III como el próximo gobernador del Estado de México. El pasado jueves, 6 de abril, celebramos nuestra conferencia de prensa de lanzamiento. Asistieron Lorenzo Meyer, Rubén Albarrán, Epigmenio Ibarra, Fabrizio Mejía, Irma Eréndira Sandoval, Margarita Favela, Jorge Zarate, Manuel Fuentes, y Gerardo del Fuente, entre otros. También asistieron, en calidad de invitados especiales, Delfina Gómez y Horacio Duarte.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la denuncia ciudadana y apoyar con la documentación de irregularidades electorales en el Estado de México. Ya empiezan a fluir las denuncias a las redes sociales de la iniciativa (Facebook: NiUnFraudeMasMX, Twitter: @NiUnFraudeMasMx)

Todos sabemos que las instituciones electorales simplemente se hacen de la vista gorda. Pero en lugar de sólo quejarnos de la evidente traición de los consejeros y los magistrados electorales a sus mandatos, los ciudadanos también tendríamos que actuar para suplir esta ausencia y construir directamente un nuevo contexto de exigencia democrática. 

Urge recuperar el espíritu de participación ciudadana y de esperanza de transformación que motivó a tantos ciudadanos a participar en la política a finales del siglo pasado. El contundente fracaso de la transición PANista no implica necesariamente que la próxima transición, la Morenista, tendría el mismo resultado. 

La historia no siempre se repite y depende de nosotros hacer otro mundo posible. México lo merece.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 3 de abril de 2017

"Descomposición y esperanza" (Revista Proceso, 2 de abril, 2017)


John M. Ackerman 

Dice Enrique Peña Nieto que la crisis generalizada del Estado mexicano sólo existiría en nuestras “cabezas” e insiste en culpar a Andrés Manuel López Obrador y su supuesto “populismo” por todos los males del país. Y en un esfuerzo sumamente peligroso que muestra su gran desesperación, el Presidente en funciones también ha buscado confrontar las Fuerzas Armadas directamente con el tabasqueño. 

Felipe Calderón también se ha sumado a la feria de ataques en contra de quien encabeza todas las encuestas pre-electorales, recurriendo a su muy sobado y desgastado discurso fantasioso de que López Obrador se parecería a Hugo Chávez y que por lo tanto sería un “peligro para México”. 

Darían risa estos esfuerzos por distraer la atención ciudadana del enorme fracaso de los gobiernos del PRIAN si no fueran tan indignantes y cínicos. Resulta que los responsables por la total descomposición del país ahora quieren culpar al hombre a quien ellos mismos le han robado la presidencia en dos ocasiones y que no ha ocupado un solo cargo público desde hace más de una década. 

Los hechos demuestran fehacientemente que la crisis generalizada no sólo existe en nuestras cabezas sino que es una realidad palpable a lo largo y ancho de la república. Y la historia demostrará con gran claridad quienes son los verdaderos culpables por la destrucción de la patria y la descomposición de la institucionalidad democrática. 

Por ejemplo, de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia quien gozaba con un nombramiento del Congreso del Estado hasta el año 2020, es uno de los capos del narcotráfico más importantes en su estado, de mayoría PRIista, y que conspiraba para la manufactura y la distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana. 


El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha informado que el cobarde asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado, habría sido motivado por la “narcopolítica”. De acuerdo con Humberto Moreira, ex-presidente del PRI y quien fue detenido el año pasado en España bajo acusaciones de lavado de dinero, Felipe Calderón robó la presidencia a López Obrador en 2006 por medio de un fraude descarado. 

El ex-gobernador PANista de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra hoy recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto Javier Duarte como César Duarte, ex-gobernadores PRIistas respectivamente de los estados de Veracruz y Chihuahua, hoy se encuentran prófugos de la justicia, acusados también por desvíos millonarios de dineros públicos y privados. 

El gobernador suplente de Javier Duarte en Veracruz, Flavino Ríos, hoy se encuentra encarcelado y sujeto a preso penal por tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento. Mauricio Audirac, secretario de Finanzas de Veracruz durante la administración de Duarte, fue detenido el pasado miércoles por el delito de coalición de servidores públicos para violar la ley. 

El Diputado Federal de Chihuahua y cercano ex-colaborador de César Duarte, Antonio Tarín, es acusado por peculado de 300 millones en perjuicio del erario, pero logró evitar su detención con la presentación de un amparo conseguido en tiempo record el pasado miércoles 29. Y en otra decisión judicial sospechosa, un juez dejo libre a Diego Cruz, uno de los integrantes de Los Porkys acusado de atacar sexualmente a una joven menor de edad en Veracruz, alegando que supuestamente el Ministerio Público no había acreditado plenamente “el estado de indefensión de la víctima” y “la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”. 

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló casi toda la “Ley Atenco” que legaliza la represión y la criminalización de la protesta social, aprobada el año pasado por los socios de Peña Nieto y Eruviel Ávila en el Congreso del Estado de México. Tal y como ya hemos analizado en estas mismas páginas (véase: http://www.proceso.com.mx/436382/mexico-sitiado), el artículo 7 y todo el Capítulo III de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autorizan de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. 

Mientras, la violencia en contra de los periodistas se ha aumentado de manera escalofriante durante 2017. Además del indignante e inaceptable caso de Breach, en las últimas semanas también han sido ejecutados Celio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz. Otro periodista de Veracruz, el jefe de redacción del diario La Opinión en Poza Rica Armando Arrieta, sufrió un atentado la semana pasada y hoy se debate entre la vida y la muerte. En Los Cabos, el periodista Julio Omar Gómez también fue emboscado afuera de su casa esta última semana. Murió su escolta en el ataque. 

Es hora de que Calderón y Peña finalmente acepten su derrota. Ellos son los responsables por la total descomposición de la República y es tiempo de que se vayan a sus casas, sin pensión alguna de parte del Estado desde luego. 

Los ciudadanos libres hemos llegado a la conclusión de que para reestablecer la institucionalidad democrática y la justicia social es necesario probar algo nuevo. Ya no queremos más de lo mismo. 

Respetamos al pueblo uniformado, pero no permitiremos que los generales nos gobiernen a punta de pistola. Respetamos las instituciones y las leyes, pero exigimos que sirvan a la justicia y al pueblo en lugar de a la impunidad y el saqueo. ¡Ya basta! 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2109
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 19 de marzo de 2017

"Trump en el banquillo" (Revista Proceso, 19 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El pasado miércoles 15, un amplio grupo de ciudadanos libres de México y Estados Unidos acompañamos a Andrés Manuel López Obrador en la entrega de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncia el carácter racista y violatorio de derechos humanos de las "órdenes ejecutivas” emitidas por Donald Trump el pasado 25 de enero. También solicitamos que la CIDH emita inmediatamente medidas cautelares para docenas de casos específicos de migrantes que hoy se encuentran bajo riesgo inminente de perder su libertad, su seguridad y su patrimonio por las acciones antimigrantes del gobierno estadounidense. 

Las órdenes ejecutivas mandatan la construcción de un muro fronterizo y abren la puerta para la expulsión masiva e indiscriminada de migrantes indocumentados. Estas acciones de Trump son el equivalente a una declaración de guerra en contra de México y los mexicanos. De la noche a la mañana, todos los mexicanos de ambos lados del río Bravo se han convertido en personas sospechosas e indeseables por el simple hecho de haber nacido en este país. 

La condición de estar indocumentado en un país extranjero de ninguna manera cancela la vigencia de los derechos humanos. Tal como el abogado redactor de la denuncia, Netzaí Sandoval, explica en la petición, las autoridades de Estados Unidos están obligadas por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 a respetar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho al asilo y las protecciones especiales para los niños, entre otros.

Las naciones tienen el derecho a regular sus fronteras, pero una vez que alguien se encuentra dentro del territorio nacional, no deben permitirse detenciones generalizadas y arbitrarias basadas en la simple sospecha de que alguno de los capturados pudiera carecer de documentos migratorios en regla. Este tipo de redadas son particularmente graves cuando están dirigidas intencionalmente en contra de un grupo étnico, racial o nacional, como es el caso actual con los mexicanos. 

El autor con AMLO en el Club Nacional de Periodistas en Washington, D.C.
Y aun cuando las autoridades hayan identificado claramente a una persona indocumentada, todavía hace falta que un juez que goce de autonomía e independencia autorice la reclusión y, en su caso, la expulsión. Ello es particularmente importante en los casos en que se pudiera poner en peligro la vida de la persona deportada o si la deportación pudiera afectar gravemente los derechos de los familiares de la persona procesada, como los niños, por ejemplo.

La misma CIDH ya se ha pronunciado respecto del carácter violatorio de los derechos humanos de las órdenes ejecutivas de Trump. 

En un comunicado de prensa del pasado 1 de febrero, la comisión expresó que "la aplicación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de circulación, entre otros. En particular, a la comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltas a los países de los cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas” (véase: oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/008.asp).

Frente a esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha tomado ninguna acción más allá de pronunciar un par de discursos vacíos, "dar la bienvenida” personalmente a un grupo de deportados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y anunciar que los consulados ahora sí prestarán el apoyo a los migrantes mexicanos que tendrían que haber estado dando desde el principio. 

Como Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México podría presentar una querella formal a este organismo, pero por alguna extraña razón a Luis Videgaray le ha temblado la mano. En contraste, López Obrador ha anunciado que llevará el caso formalmente a la ONU desde el inicio de su eventual mandato presidencial en 2018.

Si cualquier otro país del mundo tomara acciones similares a las de Trump en contra de los ciudadanos de Estados Unidos, el gobierno de aquella nación sería el primero en impugnar estas acciones discriminatorias en todas las instancias y los tribunales internacionales posibles.

Y si un gobierno distanciado de Washington, como Cuba, Venezuela o Rusia, aprobara "acciones ejecutivas” similares a las de Trump, la comunidad internacional inmediatamente las condenaría como ejemplos de un autoritarismo imperdonable. 
El abogado Netzaí Sandoval entrega la denuncia de AMLO en la CIDH
Pero Peña Nieto prefiere mantenerse calladito en espera de que su actitud servil pudiera generar alguna recompensa económica o política para él, sus amigos o sus cómplices en el corto plazo, así como impunidad y protección después de que salga de Los Pinos en diciembre de 2018.

Frente al total abandono del gobierno de Peña Nieto de sus responsabilidades públicas e internacionales, los ciudadanos tenemos la obligación moral e histórica de actuar. Ya más de 12 mil ciudadanos se han sumado a esta acción ciudadana convocada por López Obrador (véase: http://ow.ly/K0rx309ZbDz). Asimismo, se han adherido docenas de distinguidos abogados, activistas y escritores de Estados Unidos y México, incluyendo Nestora Salgado, Elena Poniatowska, Greg Grandin, Alejandro Solalinde, Genaro Góngora, Miguel Tinker-Salas, Enrique Dussel, Epigmenio Ibarra, Mark Weisbrot, José Luis Caballero y Manuel Becerra, entre muchos otros.

En lugar de interrumpir los discursos y agredir injustamente al tabasqueño, los ciudadanos libres deberíamos acompañarlo y respaldarlo como una parte esencial de nuestra lucha común a favor de la justicia, la paz y la democracia. Sólo unidos y organizados tendremos alguna posibilidad tanto de determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como de generar un nuevo régimen donde no haya ni un solo desaparecido más. 

El triunfo sólo será posible si sabemos identificar bien a nuestros adversarios. Hagamos votos para que los luchadores sociales de buena fe no vuelvan a caer en las trampas y las provocaciones del poder. E insistamos en que López Obrador cada día cumpla con mayor firmeza con su compromiso público de defender enérgicamente los derechos humanos de todos los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2107
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 6 de marzo de 2017

"Como parar el fraude de 2018" (Revista Proceso, 5 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El régimen autoritario prepara un enorme fraude para imponer en Los Pinos a quien resulte ser el candidato de la continuidad en 2018. Los capitanes del poder económico y político del país ya se dieron cuenta de que ninguno de sus candidatos logrará reunir suficientes votos para ganar limpiamente en las próximas elecciones presidenciales. La indignación ciudadana ha crecido tanto y la ineptitud gubernamental ha llegado a un extremo tan intolerable que la mayoría de los votos libres inevitablemente apoyará al único candidato antisistema viable: Andrés Manuel López Obrador. 

Este desenlace es inaceptable para quienes manejan las redes de impunidad y de saqueo. Quien no sabe "aceptar la derrota” no es el tabasqueño, sino el sistema de corrupción y violencia institucionalizada que ha malgobernado desde hace 71 años, a partir de la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. La llegada a Los Pinos de alguien honesto, digno y cercano al pueblo implicaría la pérdida de enormes negocios, e incluso posible responsabilidad penal, para una gran cantidad de individuos que hoy viven como simples parásitos del sistema. 

Las estrategias para la defraudación de la voluntad popular se modernizan y actualizan con cada elección presidencial. En 1988, simplemente "se cayó el sistema” y se reacomodaron las cifras desde la Secretaría de Gobernación para garantizar el "triunfo” de Carlos Salinas, con 51% de la votación. Posteriormente, la flamante alianza entre el PRI y el PAN, articulada por medio de la voz de Diego Fernández de Cevallos, ordenaría la destrucción de las boletas electorales para evitar cualquier cuestionamiento futuro de la legitimidad de Salinas. 

En 2006, el instituto electoral supuestamente "autónomo” utilizó técnicas un poco más sutiles de manipulación informativa para hacer lo mismo que Gobernación en 1988. Todos recordamos cómo el entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, quien había llegado a su puesto gracias a su cercanía con Elba Esther Gordillo, ordenó a los consejos distritales del instituto limitar al máximo el recuento de los votos. Posteriormente, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se negaron a permitir el escrutinio ciudadano de las boletas electorales y finalmente las mandaron destruir utilizando los mismos argumentos que en 1988. 

En 2012, se modernizó el sistema de fraude electoral complementando las viejas estrategias con algunas novedades. Nunca antes en la historia de México había fluido tanto dinero irregular en una campaña electoral. La Comisión Especial Monex, de la Cámara de Diputados, estimó que Peña Nieto había rebasado por lo menos 14 veces el tope de gastos establecido por la ley. En 2012 el enorme flujo de dinero ilegal desbordó todos los ríos, financiando cobertura mediática sesgada, encuestas cuchareadas, hackeo y manipulación digital, acarreos enormes a los actos de campaña del PRI y el operativo de compra y coacción de voto más grande en la historia de México. 

Estamos obligados a preguntarnos respecto de las fuentes de este insultante gasto electoral. El IFE jamás investigó, pero periodistas independientes, como Carmen Aristegui, han revelado que por lo menos una parte del financiamiento para las tarjetas Monex provino de otra empresa, Grupo Comercializador Cónclave, que es manejado por uno de los operadores financieros más importantes del Cártel de Juárez (véase: http://ow.ly/xaPa309wdYa). 


El régimen autoritario ya viene ensayando nuevas estrategias de fraude para complementar las ya utilizadas en 1988, 2006 y 2012, y así evitar tener que reconocer su inminente derrota en 2018. Uno de los mecanismos nuevos más importantes es la utilización de las redes sociales para sembrar pánico y miedo entre la población. 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones para gobernador de Veracruz, en 2016, circularon miles de mensajes apócrifos vía WhatsApp, SMS, Facebook y Twitter con "información” de posibles actos de violencia que pudieran ocurrir el día de las elecciones, con el fin de que los ciudadanos libres no salieran de sus casas para participar en los comicios. Simultáneamente, se protagonizaron algunos actos de violencia estériles —evidentemente provocados y que no "pondrían en riesgo la validez de las elecciones” desde un punto de vista legal— con el fin de generar notas periodísticas que validaran la histeria circulante vía redes sociales. 

Esta estrategia del miedo se perfeccionó en el contexto de las protestas contra el gasolinazo a principios del año en curso. Tal y como ya hemos documentado en estas páginas, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en América Latina han aplicado sistemáticamente estrategias de "guerra psicológica” por lo menos desde el golpe de Estado orquestado por Washington en Guatemala en 1954 (véase: proceso.com.mx/469711/saqueadores). 

¿Cómo derrotar la cuarta generación de fraude electoral que ya se viene preparando en los corrillos del poder? 

Con una enorme alegría popular y una masiva participación ciudadana que no solamente retaca las urnas con votos dignos sino que también llena los espacios públicos y las redes sociales con una gran celebración nacional a favor del inicio de un nuevo régimen. 

No podemos esperar que surja espontáneamente otro movimiento de dignidad juvenil, como el de #YoSoy132, en 2012, sino que tenemos que organizarlo e impulsarlo desde ahora. Y el día de las elecciones presidenciales no podemos limitarnos a solamente depositar nuestros votos, sino que también tenemos que reu­nirnos en todas las plazas públicas del país, pacíficamente y con gran alegría, para demostrar tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al régimen de oprobio que ha llegado la hora para que mande el pueblo. 

No podemos confiar en el INE, pero sí ha llegado la hora para confiar en nosotros mismos. Quienes se resisten al cambio son en realidad muy pocas personas, aunque cuentan con grandes recursos y buscarán infundir miedo y zozobra entre la población. Nosotros somos más y, si nos organizamos, podemos ahogar fácilmente el miedo y las mentiras con una enorme ola de alegría y participación ciudadana. Hasta la victoria, siempre. 

@JohnMAckerman 

Publicado en Revista Proceso No. 2105
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 20 de febrero de 2017

"Derecha dividida, izquierda unida" (Revista Proceso, 19 de febrero, 2017)


John M. Ackerman

Una de las grandes debilidades de la izquierda en el mundo, y en particular en México y América Latina, ha sido su tendencia a las divisiones y los pleitos internos. Las fuertes convicciones y la pluralidad ideológica de quienes militan en movimientos progresistas, combinado con las infiltraciones y las cooptaciones desde el poder, producen un caldo de cultivo para la generación de constantes debates y conflictos. Esta situación convierte este tipo de movimientos en sumamente vulnerables a los ataques electorales, sociales y represivos desde el Estado y los poderes fácticos. 

En contraste, la derecha suele caminar unida. El dinero y el negocio de la impunidad son sus grandes lubricantes. Entre personas sin principios pero con grandes ambiciones, no hay división ni berrinche que no se pueda resolver con un cañonazo de miles de dólares. Y la profunda red de complicidades entre los integrantes de la mafia no permite a nadie confrontar con demasiada fuerza a su adversario, so pena de ser expulsado del paraíso de la protección del poder. 

Sin embargo, actualmente en México nos encontramos de repente en una situación excepcional en que la izquierda camina unida mientras la derecha se deshace en mil partes. 

La fallida marcha de “Vibra México” constituyó un excelente botón de muestra de la descomposición de la derecha. En 2004, un grupo de convocantes muy similar al de “Vibra México” logró sacar docenas de miles de personas vestidos de blanco a las calles para protestar en contra del gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, y supuestamente también a favor de una mejor seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas de esas mismas convocantes, como María Elena Morera y Isabel Miranda de Wallace, después evidenciarían su claro sesgo ideológico al respaldar las fallidas políticas de Felipe Calderón que empeoraron la seguridad pública y hundieron a todo el país en un baño de sangre. 

Hoy, 13 años después de aquella marcha, menos de diez mil personas respondieron a la nueva convocatoria a una “marcha blanca”. Y quienes aportaron la verdadera “buena vibra” no eran los convocantes de derecha sino quienes desobedecieron la consigna de comportarse de manera “respetuosa” con el gobierno de Enrique Peña Nieto y prefirieron mostrar pancartas llenas de expresiones de repudio tanto para Donald Trump como para el presidente mexicano. 

La marcha se dividió en dos partes. De un lado de la valla en el Ángel de la Independencia se colocaron los seguidores de Miranda de Wallace, quien tuvo que salir corriendo de la manifestación frente a las expresiones de repudio en su contra. Del otro lado, caminaron por separado cada uno de los convocantes a la “Marcha por la unidad”, demostrando la gran desconfianza y divisiones que existían entre los mismos grupos convocantes. 


Mientras, figuras tan cuestionadas como Bernardo Gómez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Claudio X. González, María Amparo Casar, Leo Zuckermann, y Chumel Torres todos asistieron a la marcha, pero muy pocos siguieron su ejemplo. La desconfianza generalizada en las instituciones públicas y los partidos políticos ya ha alcanzado también a las figuras de la sociedad civil supuestamente “puras” e “independientes”. 

En contraste, del lado izquierdo del espectro político, la sociedad se une cada vez más con el proyecto y el movimiento de López Obrador. Docenas de miles de personas, de una variedad de agrupaciones sociales y partidos políticos, han acudido a cada una de las plazas públicas que ha visitado el tabasqueño para firmar su adhesión al Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con miras hacia 2018.

El PRD se desfonda de una manera estrepitosa y la farsa de las candidaturas “independientes” cada vez se hace más evidente. En cambio, el Presidente del Partido Morena ha sido la única figura política capaz de llenar el enorme vacío de dirección y poder resultado del abandono a cualquier principio democrático de parte del gobierno de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. 

Todos ahora quieren saltarse a Morena. El reto central entonces para la izquierda ya no es como construir la tan anhelada unidad, que ya es un hecho, sino como evitar la desviación del movimiento hacia las agendas de la misma mafia del poder que busca combatir. 

En otras palabras, ¿Cómo evitar que Morena se convierta en otro PRD? ¿Cómo mantener la firme independencia del partido de quienes roban y asesinan al pueblo? 

En primer lugar, para los cargos y las responsabilidades habría que dar prioridad siempre a los líderes sociales y comunitarios, y entre ellos preferentemente a los jóvenes y las mujeres, que puedan acreditar su compromiso histórico con sus sectores o sus comunidades, por encima de los vividores que solamente se dedican a saltar de un puesto a otro. En otras palabras, habría que ejercer una clara “acción afirmativa” a favor de los líderes naturales y los nuevos cuadros. 

En general, todas las personas con expedientes limpios que quieran sumarse al movimiento deberían ser bienvenidos, pero tendrán que entrar con humildad para apoyar a quienes ya han dedicado años de sus vidas a la construcción del partido. En lugar de esperar sentados como burócratas de partido a que les regale el siguiente puesto, tendrían que formarse en la fila y ponerse a trabajar con las bases para demostrar su compromiso con el proyecto de transformación nacional. 

La tarea de construir un partido democrático, digno y honesto será posible si los militantes y los líderes logran poner sus propios egos al lado, aunque sea por un momento, para permitir que los principios de generosidad y de sacrificio determinen el futuro del instituto político que ya se prepara para tomar las riendas del poder en 2018. 

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2103
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 5 de febrero de 2017

"Hipocresía constitucionalizada" (Revista Proceso, 5 de febrero, 2017)

Osorio Chong y Encinas "promulgan" la Constitución CDMX
John M. Ackerman

Hoy, 5 de febrero de 2017, en el centenario de nuestra Carta Magna, seremos testigos de un grotesco espectáculo en que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigirán como los guardianes de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia.

Con enorme cinismo, los rateros se presentarán como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciarán a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciarán discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmarán que favorecen la justicia social. Y los asesinos jurarán su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer Presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en que se coloca en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente en la práctica de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millión de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del “Pacto por México”, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, Diputada Constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad). El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan. Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales, a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar en un “marchodromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis anti-revolucionaria en que los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política, en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman