ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 13 de noviembre de 2017

" 'The Economist' respalda al régimen" (Revista Proceso, 12 de noviembre, 2017)

Imagen cortesía de Polemon.mx
John M. Ackerman

La misma prensa financiera internacional que alabó tanto a Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio, fabricando un supuesto “Mexican moment” de modernidad y desarrollo a partir de las “reformas estructurales”, ahora se lanza contra Andrés Manuel López Obrador. Influyentes medios globales recurren una vez más a tesis disparatadas con el fin de legitimar al actual régimen autoritario mexicano, ahora de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018,

De acuerdo con Richard Ensor, corresponsal en México de la revista británica de corte neoliberal The Economist, hasta el mismo General Lázaro Cárdenas del Río supuestamente repudiaría el “populismo” de López Obrador. De acuerdo con el periodista, quien escribió el pasado 4 de noviembre bajo el pseudónimo “Bello”, el General Cárdenas era un político pragmático que construía instituciones, unificaba el país y se llevaba bien con los Estados Unidos. En contraste, el tabasqueño no es más que un demagogo que divide la nación, mina la institucionalidad democrática y provoca a Trump de manera irresponsable. Ensor remata con una cita de Cuauhtémoc Cárdenasque invita a diferenciar entre la “popularidad” constructiva del General y el “populismo” destructivo de otros líderes.

Ensor en realidad no hace otra cosa que repetir la misma estrategia utilizada por Peña Nieto para supuestamente justificar su reforma energética en 2013. En la exposición de motivos de su iniciativa de modificación constitucional que logró desmontar las conquistas de Cárdenas en la materia, el originario de Atlacomulco escribió con enorme cinismo que “la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía se basa en las ideas fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”. Y remata señalando que “el espíritu de las reformas cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático.”

Los neoliberales están desesperados por presentarse como los verdaderos herederos de próceres de la patria como Lázaro Cárdenas. Basándose en mentiras, quieren arrebatarle de la izquierda el estandarte de la dignidad republicana.

Es cierto que Cárdenas era profundamente institucional, visionario y pragmático. La mentira, sin embargo, reside en la idea de que el régimen actual, y no la oposición obradorista, sería la fuerza política que da seguimiento y continuidad a este ejemplo histórico.

Los revisionistas distorsionan la realidad con fines políticos. Por ejemplo, Ensor escribe que uno de los grandes logros de Cárdenas fue supuestamente haber creado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En realidad, el partido que creó Cárdenas el 30 de marzo de 1938 no fue el PRI sino el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), un partido de masas firmemente cimentado en el poder popular y la organización social.

El PRI como tal no se creó sino hasta 1946 y nació para repudiar y desarticular las reformas cardenistas. Fue a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés, el primer Presidente emanado del PRI, que se estableció el sistema de autoritarismo neoliberal, de represión estructural y de hipocresía institucionalizada que sigue vigente hasta la fecha. Es falso sostener que el PRI de hoy de alguna manera es una continuidad del cardenismo. La realidad es que ese partido surgió como un abierto repudio al legado del General.

Otra distorsión mal intencionada de Ensor es su afirmación de que supuestamente no existen pruebas del descarado fraude de 2006 y que las protestas de López Obrador en aquel año minaron las instituciones democráticas. El periodista evidentemente no ha revisado los cientos de páginas de la impugnación de la validez de la elección presidencial presentado en su momento a las autoridades electorales por los abogados del tabasqueño. Tampoco ha leído los numerosos libros y artículos escritos sobre el tema desde entonces.

En todo caso, si la elección de 2006 fue perfectamente limpia y democrática, como supone Ensor: ¿Por qué destruir las boletas electorales utilizadas en la elección sin permitir una revisión ciudadana previa de acuerdo con la ley de transparencia, tal y como lo demandaron miles de ciudadanos y la misma Revista Proceso?

También vale la pena recordar que las protestas de López Obrador en 2006 no fueron para obligar a las autoridades electorales a que se le reconociera como Presidente, sino para exigir transparencia. Su demanda principal fue el famoso “voto por voto”, es decir, el recuento total de la votación con el fin de esclarecer los resultados. Los historiadores serios del futuro verán este episodio no como un ejemplo de la supuesta incultura democrática de López Obrador, sino como una muestra clara del compromiso del tabasqueño con la participación ciudadana a favor del funcionamiento transparente de las instituciones públicas.

Finalmente, Ensor también se lanza contra López Obrador por supuestamente andar de “buscapleitos” con Donald Trump. El periodista sugiere que López Obrador haría bien en seguir el ejemplo de Cárdenas, quien fue más conciliador y pragmático en sus relaciones con Washington.

La comparación es francamente ridícula. Franklin Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos durante el sexenio de Cárdenas, era un líder inteligente e ilustrado con gran sensibilidad social. En contraste, Trump es un bully ignorante, elitista y racista. Quien no responde a Trump con fuerza es inmediatamente aplastado y humillado, tal y como ha ocurrido recientemente con Peña y Luis Videgaray.

Resulta evidente que la mejor manera de dar continuidad hoy al nacionalismo pragmático de los tiempos de Cárdenas no es con un entreguismo indigno, sino con una firme defensa de la soberanía nacional.

Afortunadamente, no todos los medios internacionales coinciden con The Economist. Por ejemplo, tanto las declaraciones Paul Krugman, columnista del New York Times, sobre López Obrador, así como el reportaje sobre la historia de fraudes electorales en México publicado recientemente en Le Monde Diplomatique, ayudan a equilibrar la opinión pública internacional.

Siempre hay que respetar y fomentar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Pero ello no implica quedarnos callados frente a las evidentes distorsiones malintencionadas que sirven para legitimar al actual régimen corrupto y autoritario.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2141

domingo, 29 de octubre de 2017

"Meade: el chapulín encubridor" (Revista Proceso, 29 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos haría un gran favor a todos los mexicanos si elige a José Antonio Meade como su candidato presidencial para las elecciones de 2018. El Secretario de Hacienda encarna mejor que cualquier otro aspirante la continuidad del sistema PRIANista de corrupción, desigualdad y saqueo. La presencia de Meade en la boleta no dejaría duda alguna con respecto a la disyuntiva central de los próximos comicios: ¿continuidad o cambio?

Meade es hijo de un priísta, Dionisio Meade, y sobrino nieto de uno de los fundadores del PAN, Daniel Kuri Breña. Como buen tecnosaurio, estudió su licenciatura con Luis Videgaray en el ITAM y su doctorado en las escuelas “Ivy League” de los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 

A Meade no le interesan ni la justicia social ni el fortalecimiento institucional. Tampoco es un hombre carismático o atractivo que haya podido construir un liderazgo fuerte o una imagen propia. 

Lo que más caracteriza a Meade es su fiel servilismo hacia el dinero y el poder. Los bancos y la impunidad son sus negocios favoritos. Es precisamente por ello que quienes comulgan con el sistema actual lo ven con tan buenos ojos.

Meade inició su carrera política durante el sexenio de Zedillo, como Secretario Adjunto de Protección al Ahorro en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), institución que fue creada en 1998 para legalizar el enorme fraude cometido bajo el paraguas de su institución antecesora, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Posteriormente, se incorporaría de lleno a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, como Director General de Banrural, Subsecretario de Ingresos y Secretario de Hacienda, entre otros cargos.


En 2012, Enrique Peña Nieto tomó la sorpresiva decisión de mandar Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cargo para el cual no tenía experiencia o preparación alguna. Fue el único integrante del gabinete de Calderón que gozó de un pase directo a la administración de Peña. Meade cobró así su recompensa por los invaluables servicios que había brindado a Peña Nieto durante su campaña presidencial. 

Meade recientemente confesó públicamente que había votado por Peña Nieto en 2012, aun cuando en ese momento formaba parte del gabinete de un gobierno panista. Esta confesión no debe sorprender a nadie. En realidad, no solamente Meade sino también Fox, Calderón y toda la nomenclatura panista apoyó a Peña Nieto como el candidato que mejor garantizaba la continuidad del régimen frente a la amenaza del lopezobradorismo.

Como Secretario de Hacienda durante la campaña presidencial de 2012, Meade debe conocer como la palma de su mano todos los secretos sobre exactamente como y de donde se financiaban las tarjetas Monex y los otros instrumentos financieros que permitían a Peña Nieto rebasar más de 14 veces el tope de gasto de campaña. 

No hay duda, por ejemplo, de que Meade hubiera tenido conocimiento de las transferencias de Odebrecht y otros similares orquestados por Emilio Lozoya. Meade seguramente también tenía conocimiento de los depósitos triangulados hacia las tarjetas Monex desde el Grupo Comercializador Cónclave, empresa administrada por Rodolfo Dávila, operador financiero del Cártel de Juárez, tal y como lo ha revelado Aristegui Noticias (Véase: http://ow.ly/Y3zD30g8dzD). 

Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, ha revelado asimismo que justo antes de dejar la Secretaría de Hacienda en 2012, Meade negoció un importante convenio fiscal con Singapur que facilitaría la fuga de capitales y el lavado de dinero en aquel pequeño pero poderoso país asiático.

Después, como Canciller de Peña Nieto, Meade andaría por el mundo como vendedor ambulante de México al capital financiero internacional. Promovía las “reformas estructurales” como una gran oportunidad para el saqueo de las riquezas del país por las empresas más poderosas del mundo.

Posteriormente, como Secretario de Desarrollo Social, Meade aprovecharía para pactar con los gobernadores más retrógradas y corruptas del régimen. El aspirante presidencial también fue el responsable de presionar al INEGI para modificar sus criterios de medición de los ingresos de los hogares más desfavorecidas para dar la impresión de que el gobierno actual hubiera reducido la pobreza.

Ahora, de regreso a la Secretaría de Hacienda con Peña Nieto, Meade ha sido el autor de los gasolinazos, de los recortes al gasto educativo y del aumento en el gasto militar. También ha dado continuidad a la irresponsable política de endeudamiento extremo iniciada durante el gobierno de Calderón, el cual se ha agravado aún más durante el sexenio actual. Gracias a las gestiones de Meade y Videgaray en Hacienda desde 2010, la deuda pública ahora equivale a 50% del Producto Interno Bruto.

Se la misma manera, son ampliamente conocidas las convicciones ultraconservadoras de Meade en materia social. Es un fundamentalista religioso cercano a Antonio Chedraoui y el Opus Dei que se opone al aborto, el matrimonio gay y la liberación femenina. 

En suma, Meade no es más que un chapulín reaccionario que salta de puesto en puesto haciendo gala de su habilidad con el encubrimiento y el engaño. Meade es la viva imagen de la continuidad del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y entreguismo que ha malgobernado el país desde la creación del PRI en 1946. 

En el contexto actual de despertar ciudadano e indignación generalizada, un candidato como Meade solamente podría imponerse en 2018 por medio de uno de los fraudes electorales más grandes en la historia de la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2139
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 15 de octubre de 2017

"El fin del TLCAN" (Revista Proceso, 15 de octubre, 2017)

Caricatura de José Hernández, Revista Proceso
John M. Ackerman

El presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, esperaban que, si se arrastraban con suficiente abyección a los pies de Donald Trump, el magnate neoyorquino finalmente les tendría lástima y dejaría intacto su apreciado juguete salinista: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero todo parece indicar que la estrategia tapete de los indignos representantes de nuestro mal gobierno terminará en un fracaso histórico para la diplomacia mexicana.

Conforme avanzan las rondas de renegociación, se confirma la sospecha de que el gobierno de Trump nunca tenía el menor interés en “actualizar” o “modernizar” el acuerdo trilateral, sino que solamente busca tiempo para arrinconar y chantajear al gobierno de México con el fin de obligarlo a aceptar términos aún más lesivos y desiguales que la versión actualmente vigente del tratado. En su desesperación por detener la estrepitosa devaluación del peso y evitar un estallido social en el corto plazo, Peña Nieto le entró al juego del ocupante de la Casa Blanca y ahora se encuentra en un callejón sin salida.

Para mantener el TLCAN, Trump exige al gobierno mexicano una serie de concesiones inaceptables que hundirían la economía nacional durante décadas. Propone, por ejemplo, obligar a México a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, así como fijar en 50% o más el porcentaje requerido de insumos estadunidenses en los productos industriales de mayor valor agregado exportados desde México al país vecino. Washington también busca reservar su derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, por medio de la eliminación del capítulo 19 del tratado, así como incluir una revisión obligatoria de los términos del TLCAN cada tres o cuatro años con el fin de ir ajustando detalles si no se supera el presunto “déficit comercial” de Estados Unidos con México.

Aceptar estos términos convertiría a México en un simple apéndice de la economía estadunidense. Simultáneamente se aumentaría nuestra dependencia del norte y se reducirían los beneficios de nuestro acceso privilegiado al mercado de nuestro poderoso vecino. A cambio de unas cuantas migajas, sacrificaríamos de manera definitiva la posibilidad de desarrollar una verdadera política industrial y de desarrollo agropecuario que pudieran resolver la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman hoy al pueblo mexicano.

A Peña Nieto y a Videgaray no les preo­cupa que México desaparezca como Estado soberano. Ellos firmarían cualquier acuerdo con el fin de mantener una semblanza de estabilidad financiera durante los meses previos a las elecciones de 2018.

Sin embargo, el pueblo mexicano no es tonto y podría castigar al gobierno muy fuertemente en las urnas por este acto de alta traición. Así que los vendepatrias también tienen guardado un “Plan B”. Desde ahora preparan la opción de envolverse en la bandera y levantarse indignados de la mesa de negociación del TLCAN con el fin de lucrar políticamente con su propio fracaso diplomático, presentándose como los grandes defensores de la patria frente a la intransigencia del gandalla de la Casa Blanca.

Sin embargo, pocos mexicanos se dejarían engañar por los discursos patrioteros de estos nacionalistas de ocasión. Es demasiado tarde para rectificar. Too little, too late, como dicen los gringos tan admirados por los tecnosaurios que hoy predominan en el gabinete federal. Peña Nieto y Videgaray han dado demasiadas muestras concretas de su abyección al imperio para poder rectificar a estas alturas del partido.

Todos recordamos, por ejemplo, la abierta utilización de los recursos y el prestigio del Estado mexicano para intervenir a favor de Trump durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, con la invitación al magnate neoyorquino a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. El juramento de Peña Nieto en su conversación telefónica con Trump del pasado 27 de enero –de que “el espíritu de mi gobierno es la posición de mi administración, es que las cosas vayan bien para Estados Unidos y que todo vaya bien para su gobierno (de Trump)”– también pinta de cuerpo entero la visión y la ideología del primer mandatario mexicano.

Ya basta de improvisaciones y oportunismos en la agenda bilateral. Tanto el entreguismo servil como el patrioterismo hipócrita lastiman la posición internacional de México y contribuyen al debilitamiento de la economía nacional. Urge una nueva diplomacia firme, serena y capaz, que genere respeto en el escenario internacional.

Con o sin el TLCAN, la relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá. Pero para que esta relación sea productiva y efectiva, para que rinda frutos para México y los mexicanos, hace falta una verdadera interlocución entre iguales. Y una condición necesaria para poder lograr esta igualdad es un gobierno mexicano plenamente legítimo que cuente con el respaldo de su propio pueblo y que esté dispuesto a luchar con los ciudadanos en defensa de la soberanía nacional y la justicia social.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2137
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 2 de octubre de 2017

"Democracia plurinominal" (Revista Proceso, 1 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

Sin diputados plurinominales ni financiamiento público para los partidos políticos, el PRI recuperaría su antigua posición como el partido hegemónico de Estado que por sí solo podía aprobar cualquier ley, así como dictar unilateralmente la política nacional desde la Presidencia de la República.

Estas iniciativas no apuntan hacia la liberación ciudadana, sino hacia una esclavitud aún mayor a los mismos políticos corruptos de siempre; las propone el PRI porque le conviene. Quienes quieren expulsar del poder a la vieja clase política deben abrir bien los ojos para evitar ser engañados por estos viejos lobos colmilludos disfrazados de tiernas ovejitas.

Hace 15 días en estas mismas páginas advertimos sobre los peligros de la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos (véase: http://ow.ly/q4NV30ft78k). En esta ocasión analizamos la propuesta igualmente engañosa de eliminar la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

Hoy la Cámara de Diputados tiene 300 diputados uninominales por distrito y 200 plurinominales por circunscripción. Esta distribución es similar a la que existe en otros países, como Alemania, que buscan establecer un sano equilibrio entre la representación territorial, por un lado, y la fidelidad a la pluralidad social y política del país, por el otro.

Tanto los diputados “pluris” como los “unis” son electos por la ciudadanía. La diferencia esencial entre los dos tipos de representantes es que la votación que se toma en cuenta para calcular los ganadores de los primeros no se limita a un solo distrito electoral, sino que incluye un conjunto, a una “pluralidad” de los mismos.


Los sistemas que no cuentan con representación proporcional desperdician una enorme cantidad de votos. Por ejemplo, si en un distrito el candidato ganador recibe 35% de la votación y los otros contendientes reciben 30%, 25% y 10% cada uno, los únicos votos realmente válidos, con fuerza para determinar quiénes ocuparán curules en la Cámara de Diputados, serán los emitidos a favor del ganador. Los sufragios de 65% de los ciudadanos que votaron en contra del candidato ganador en el distrito correspondiente se quedan sin impacto o influencia alguna.

Pero en sistemas con representación proporcional todos los votos a favor de candidatos perdedores al nivel distrital encuentran una segunda salida al ser tomados en cuenta a la hora del reparto de los diputados plurinominales. De esta manera se evita la exclusión de la voz de millones de ciudadanos.

En las más recientes elecciones para la Cámara de Diputados, las de 2015, el PRI recibió sólo 31% de la votación. Con el sistema mixto actual, el PRI controla hoy 41% de los curules, una sobrerrepresentación de 10%. Pero si no existieran diputados plurinominales, la situación sería aún peor. Por sí solo el PRI ocuparía 53% de los escaños en San Lázaro, 22% mayor a su fuerza real con respecto a la votación popular. Más claro ni el agua.

Para acabar completamente con el problema de la sobrerrepresentación, la vía no sería la eliminación de los legisladores plurinominales, sino todo lo contrario: la eliminación de los uninominales, o de distrito, para quedarnos únicamente con representantes electos con criterios de estricta proporcionalidad.

La enorme hipocresía del PRI queda manifiesta cuando observamos su posición en la Ciudad de México, donde el partido es minoritario, de oposición, que incluso abogó a favor de un aumento significativo, no una reducción, en la cantidad de diputados plurinominales. De acuerdo con la nueva Constitución de la Ciudad de México, a partir de 2018 el Congreso local ya no tendrá 40 de mayoría y 26 plurinominales, sino 33 por cada concepto.

Ahora bien, es cierto que el Congreso de la Unión ha dado la espalda a la población. A partir del “Pacto por México”, los integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se han convertido en simples levantadedos que no hacen otra cosa que avalar los pactos cupulares acordados entre los líderes partidistas y el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la eliminación de los plurinominales solamente agravaría el problema, ya que reduciría aún más la fuerza de la oposición en el Poder Legislativo. Con ello habría aún menos rendición de cuentas o transparencia en la discusión y la aprobación de las leyes, así como una reducción en la capacidad fiscalizadora y de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

En lugar de reducir la cantidad de plurinominales al nivel federal, habría que “abrir” las listas de candidatos para que, a la hora de votar, los ciudadanos puedan expresar su opinión a favor o en contra de los nombres incluidos por cada uno de los partidos en sus listas de candidatos “pluris” que se encuentran en la parte trasera de la boleta electoral. Así quitaríamos el control de los partidos sobre el orden de los candidatos en las listas y evitaríamos que fueran electos candidatos impresentables por esta vía, como suele pasar en la actualidad.

Otra propuesta en el mismo sentido, y aún más fácil de implementar, sería distribuir los lugares plurinominales entre los candidatos uninominales que no hayan ganado sus distritos electorales, y en estricto orden de prelación de acuerdo con la cantidad de votos que reciban. De esta manera, absolutamente nadie ocuparía una curul en el Congreso sin haber hecho campaña activamente y dialogado con el electorado.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2135
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 18 de septiembre de 2017

"El 'remedio' Kumamoto" (Revista Proceso, 17 de septiembre, 2017)

Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval pactan su reforma electoral 
John M. Ackerman

La enfermedad es evidente y a los ojos de todos. Cada año México derrocha enormes cantidades de recursos públicos en los partidos políticos y las instituciones electorales. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22 mil millones de pesos.

Quienes pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio que pactó el diputado "independiente” Pedro Kumamoto con el gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es peor que la enfermedad.

La reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección inmediatamente anterior.

Kumamoto alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.

Primero, la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de "castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de "todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.

Mientras, seguirán operando las mismas redes clientelares y delincuenciales de compra, coacción y acarreo del voto de siempre. El resultado será un debilitamiento de la votación para los candidatos ciudadanos e independientes, ya que los medios del régimen se encargarán de "demostrar” que son "iguales” a los demás, y el fortalecimiento de la presencia electoral de los partidos más retrógradas, como el PRI, PAN, PRD y MC, que tienen garantizados siempre sus ejércitos de votantes.

Segundo, la reducción en el financiamiento público favorecerá directamente a los partidos más corruptos. Los partidos del mal llamado Pacto por México no sufrirán mayores consecuencias porque ya reciben ilegalmente una gran parte de su financiamiento del sector privado, o incluso del crimen organizado. Estos institutos políticos compensarán fácilmente la pérdida de recursos públicos con una mayor recaudación entre sus poderosos socios, estableciendo así compromisos aún más profundos de corrupción e impunidad hacia el futuro.

En contraste, la reducción en el financiamiento público afectará gravemente a los partidos cercanos a los ciudadanos de carne y hueso. Por muchas rifas y colectas que se organicen, las pequeñas donaciones individuales jamás alcanzarán para financiar una campaña electoral exitosa en las condiciones actuales.

Nuestro pueblo es demasiado empobrecido y los gastos electorales demasiado elevados. El resultado será la muerte lenta de cualquier esfuerzo político que se propone defender los intereses de quienes no tienen suficientes recursos para comer y mucho menos para donar a un partido político.

El surgimiento de nuevos candidatos supuestamente "independientes” no resolverá el problema, sino que lo agravará. Para poder competir en el contexto actual de fraude estructural, estos candidatos también tendrán que recaudar grandes cantidades de dinero y establecer contactos de alto nivel para tener posibilidades de acceder al poder.

De hecho, la presión financiera y política sobre los "independientes” será aún mayor que sobre los partidos, ya que por definición no cuentan con una estructura organizativa que los respalde ni un emblema ya conocido por la población.

Es precisamente por ello que "independientes”, como Jaime Rodríguez o Juan Bueno Torio, muchas veces resultan en realidad más dependientes de los poderosos que los ciudadanos de carne y hueso –como los Diputados Federales Guillermo Santiago o Araceli Damián– que logran postularse por medio de partidos, como Morena. Los vínculos de Kumamoto con grupos de poder en Jalisco, por ejemplo, lo acercan más a los primeros que a los segundos.

El verdadero remedio al problema del derroche electoral sería una reducción directa al financiamiento público, sin la perversa vinculación con la tasa de participación electoral. Pero esta reforma no funcionará si no viene acompañada también de una correspondiente reducción en los gastos en materia electoral, una prohibición absoluta de recibir cualquier financiamiento privado y una plena ciudadanización de las autoridades electorales.

En otras palabras, hay que establecer un verdadero sistema democrático en que la difusión de los mensajes y las propuestas de los candidatos no tengan ninguna relación con el tamaño de sus carteras y donde los ciudadanos puedan emitir sus sufragios de manera libre y secreta.

También habría que incentivar, en lugar de desalentar, el voto. En México el voto ya es técnicamente obligatorio y también existen sanciones para quienes se abstienen, de acuerdo con los artículos 36 y 38 de la Constitución. Sin embargo, ninguna autoridad se ha atrevido a hacer válida esta disposición por miedo a generar la ira de los partidos del régimen.

Habría que seguir el ejemplo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, donde hay verdaderas sanciones para quienes incumplen con su responsabilidad de participar en la decisión sobre quiénes serán sus futuros gobernantes. Ello garantiza una alta participación ciudadana y reduce el impacto de las redes clientelares y la compra del voto.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2133
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 4 de septiembre de 2017

"Aprender del fraude" (Revista Proceso, 3 de septiembre, 2017

John M. Ackerman 

En los próximos días, Alfredo Tercero asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial de 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y el PRD. 

¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales de 2018 tengan el mismo desenlace que las locales de 2017? 

La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley. 

Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente, como ciudadanos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año. 

Para muestra, un botón. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha rechazado la solicitud ciudadana de #NiUnFraudeMás (http://niunfraudemas.org/) de revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia generaría “un riesgo o amenaza a la seguridad nacional”. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEEM (resolución 00245/IEEM/IP/2017), la opacidad es necesaria para “evitar especulaciones [que] pondrían en riesgo el Estado Constitucional y de derecho y se amenazaría la gobernabilidad democrática”. 

Más claro ni el agua. Para las autoridades electorales, la principal amenaza para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad nacional no es el fraude, sino la información y la conciencia ciudadanas. El IEEM concibe a sí mismo como una iglesia dueña de la única verdad y visualiza a los ciudadanos como un rebaño que en lugar de “especular” deben limitarse a obedecer, callarse y aceptar la dura realidad de la normalización de la imposición autoritaria. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respondido con el mismo desdén despótico al rechazar el amplio recurso ciudadano, de más de 150 fojas, presentado por #NiUnFraudeMás a favor de la nulidad de la elección para gobernador del Estado de México. En su sentencia (SUP-JE-48/2017), los magistrados de la Sala Superior niegan que los ciudadanos tendríamos el derecho a contar con gobiernos electos democráticamente en elecciones libres, limpias y auténticas. 

De un plumazo, abdicando su plena jurisdicción y sin argumentación alguna, desechan los artículos 39 (referente a la soberanía popular), 40 (sobre la república representativa y democrática) y 41 (sobre la celebración de elecciones libres y auténticas) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escondiéndose en una lectura literalista y burocrática de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el máximo tribunal de justicia electoral ha resuelto que los únicos con “interés jurídico” en contar con autoridades legítimas electas democr[aticamente serían los candidatos y los partidos. 

En otras palabras, de acuerdo con las instituciones electorales, los ciudadanos no somos más que un estorbo para la democracia. 

La triste realidad es que hemos regresado tres décadas en materia de justicia electoral. Nos encontramos hoy en exactamente la misma situación que en 1988, antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en que la única forma para hacer valer la soberanía popular es por medio de la acción directa en las calles y las urnas. 

Ya no tiene sentido alguno exigir a las autoridades que “cumplan con su mandato constitucional” o que “se abran a la ciudadanía”. Tampoco podemos esperar pasivamente que el único partido ciudadano y de oposición, Morena, haga todo el trabajo por nosotros. 

La responsabilidad se encuentra en nuestras manos. Todos y cada uno de los ciudadanos del país tenemos la obligación de organizarnos desde ahora para ir formando enormes cinturones de paz, de vigilancia y de legalidad con suficiente fuerza para garantizar el ejercicio de la soberanía popular en 2018. 

¿Seremos capaces de hacer nuestra parte o nos quedaremos en las gradas observando como desaparecen a México del mapa? 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 2131

lunes, 21 de agosto de 2017

"López Obrador y la institucionalidad democrática" (Revista Proceso, 20 de agosto, 2017)


John M. Ackerman

Carmen Martínez, Fredy Martínez, Augusto Cruz, Epifanio Domínguez, presos políticos de Chiapa de Corzo, libertad inmediata.

Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.

Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.

El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse “institucionalidad democrática”.

Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?

Muy difícilmente podríamos contestar, en buena fe, a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas.

No es necesario esperar, entonces, hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto, y el régimen PRIANRDista que lo respalda, ya ha avanzado demasiado en este sentido.

Recordemos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su Pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad.

El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada y la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones públicas. El caso de los sobornos de Odebrecht para Emilio Lozoya es solamente el caso más reciente en una serie de escándalos públicos que involucran el círculo más íntimo del actual ocupante de Los Pinos. Y el fraude en el Estado de México demostró una vez más la total ausencia de un Estado de derecho en materia electoral.

El régimen actual también ha demostrado su enorme intolerancia a la oposición y el diálogo democrático. La censura a los comunicadores, la agresión a los periodistas, la represión de las manifestaciones y el encarcelamiento de activistas se han generalizado durante el presente sexenio como nunca antes en la historia reciente del país.

Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían empeorar. Por ejemplo, si el régimen logra imponerse una vez más en 2018 por medio de la violencia, la censura y el fraude podríamos tocar fondo muy pronto. Cualquiera de los candidatos del PRIANRD (Margarita Zavala, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, etcétera.) llegarían con el fin de culminar el trabajo de destrucción institucional iniciado desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Resulta evidente que la única esperanza para iniciar el largo camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática es con la llegada a Los Pinos de un agente externo, alguien que no tiene participación alguna en la extensa telaraña de complicidades que hoy infecta las altas esferas políticas y económicas del país.

El que paga para ganar, roba al llegar. Pero quien gana legítimamente no tiene otra opción que rendir cuentas a quien lo colocó en la silla.

Es también importante recordar que López Obrador ha dedicado su vida entera a la lucha por la democracia y la recuperación de las instituciones públicas. Jamás ha llamado a la violencia y siempre acude a las instituciones para defender las causas que enarbola. En 2006 fue al Tribunal Electoral para demandar “voto por voto” y en 2012 exigió una fiscalización profunda de las finanzas de la campaña de Peña Nieto. Sus luchas contra las reformas petrolera y educativa también han buscado establecer diálogos públicos con las instituciones responsables.

La misma insistencia del tabasqueño en participar una y otra vez en las elecciones presidenciales, aun a pesar de los constantes fraudes y engaños, revela su profundo apego a la vía institucional. López Obrador jamás ha tirado el tablero. Tiene una fe casi utópica en que con el esfuerzo de todos, podemos finalmente hacer realidad el sueño de que las instituciones funcionen de acuerdo con su mandato legal.

Y tantos años de experiencia de López Obrador en la oposición constituye una garantía de que al llegar a Los Pinos no recurriría a ninguna cacería de brujas ni acoso a la oposición. Sería simplemente contra natura que alguien forjado con tantos años de lucha desde la oposición y por una democracia verdadera de repente cambiaría su perspectiva 180 grados al llegar al poder.

En suma, López Obrador no presenta riesgo alguno a la institucionalidad democrática sino todo lo contrario, representa la esperanza de finalmente recuperar la institucionalidad perdida.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2129
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

miércoles, 9 de agosto de 2017

"El 'mundo global' de Nuño" (Revista Proceso, 6 de agosto, 2017)


John M. Ackerman

El pasado 11 de julio Aurelio Nuño anunció que la solución mágica a los problemas de México se encontraría en la ampliación de la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza del inglés en las escuelas públicas del país. De acuerdo con su plan maestro, a partir de 2020 todos los niños egresarían de la primaria perfectamente bilingües, hablando español e inglés.

En un momento particularmente emocionante de su discurso, el secretario de Educación Pública –alguien que apenas mastica el inglés– exclamó que la enseñanza de este idioma sería más importante que casi cualquier otra materia, ya que es la única forma en que “México podrá insertarse con eficacia en el mundo global”.

El “pequeño detalle”, como diría Cantinflas, es que la afirmación de Nuño carece de sentido alguno, ya que el “mundo” es siempre y por definición “global”. Asimismo, la “inserción” de México en este “mundo global” es un hecho que no depende en absoluto del idioma que hablen sus ciudadanos. Al parecer, habría que recordarle a Mister Nuño que nuestro país no se encuentra en la Luna, sino en el planeta Tierra y por ello está automáticamente “inserto” en el mundo.

Así que la gran pregunta sobre el futuro de México no es cómo mejor “insertarnos en un mundo global”, una frase que carece de sentido u originalidad, sino cómo relacionarnos mejor con las otras naciones y pueblos del planeta.

Vale la pena abordar el tema de fondo: ¿Es el aprendizaje del inglés la clave del éxito internacional de México? Y en particular, ¿vale la pena dar prioridad a esta materia por encima de otras áreas de aprendizaje, como las matemáticas, el español, la música, las lenguas indígenas o el pensamiento creativo y crítico?


Si el objetivo principal del sistema educativo es producir mano de obra barata al servicio del capital estadunidense la respuesta sería afirmativa, desde luego. Desde este punto de vista, México necesita urgentemente que sus obreros puedan leer los manuales escritos en Seattle así como obedecer las órdenes emitidas por sus nuevos jefes de Houston y Nueva York.

Esta miserable lógica entreguista es la que predomina en el gobierno federal y en las mentes de todos los “líderes” del PRIANRD. Sueñan con desaparecer a México, y en particular al terrible estorbo de los millones de mexicanos dignos y conscientes, para “integrarse” plenamente en América del Norte. De ahí surge el servilismo más absoluto del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia Donald Trump con respecto a la construcción del muro fronterizo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el maltrato hacia los migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos y la política exterior hacia Venezuela.

Pero quienes soñamos con un México fuerte, soberano y justo tendríamos que apostarles a otras vías para fortalecer a la nación.

Específicamente, los dos aspectos que deberían ser prioritarios en el sistema educativo nacional serían la creatividad y el pensamiento crítico. Los países que logran avanzar en el mundo contemporáneo son aquellos que invierten en la formación integral de la inteligencia y la sensibilidad de sus poblaciones, no los que priorizan la enseñanza de un idioma en particular.

Lo que hace falta no es aprender a decir “yes sir” sin acento, sino liberarnos del malinchismo tan arraigado entre las élites políticas, empresariales e intelectuales del país, con el fin de construir nuestro propio camino al éxito a partir de las grandes fortalezas culturales, históricas y económicas de México.

Antes de aprender a masticar el inglés, nuestros niños primero tendrían que conocer la historia de México, así como saber leer, escribir, crear y criticar en español. Los estudiantes también tendrían que hacer deporte, aprender a tocar algún instrumento, saber debatir inteligentemente sobre la situación política nacional y conocer las tradiciones y las lenguas de los pueblos indígenas. El aprendizaje del inglés no hace daño, desde luego, pero es un gran error colocarlo como el eje vertebral del nuevo sistema educativo.

Si en México habláramos un idioma poco conocido mundialmente, quizás tendría sentido dar una alta prioridad al aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, habría que recordar que el español es hoy el tercer idioma más importante en el mundo, con 350 millones de hablantes nativos. Solamente el chino mandarín y el hindi cuentan con más hablantes nativos.

Hablar español, el idioma de nuestros primeros colonizadores, ya nos da acceso al “mundo global” tan admirado por Nuño.

Lo que hace falta hoy no es aprender el idioma del nuevo imperio, sino dirigir la mirada hacia adentro para promover un renacimiento integral de la enorme creatividad y profundidad de todos los mexicanos a partir de una verdadera reforma educativa diseñada e implementada de la mano con los maestros, los alumnos, los padres y las madres de familia en toda la República.

@JohnMAckerman

lunes, 10 de julio de 2017

"Hacia la ciudadanización del derecho electoral" (Revista Proceso, 9 de julio, 2017)



John M. Ackerman

Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los ciudadanos para que puedan participar directamente en los procesos de vigilancia y evaluación de los comicios. 

Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. 

Ello no implicaría problema alguno si las instituciones electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos, independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes constantes. 

Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder cuidar las elecciones con total independencia y objetividad. 

Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden homenaje al poder y se hacen de la vista gorda frente a las violaciones legales. 

Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el Estado de México, hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio. Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los funcionarios de casilla en el Estado de México, evidenciadas por los numerosos casos de conteos amañados y actas irregulares. 

Frente a la traición de las instituciones electorales a su espíritu ciudadano, nos toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), y con el imprescindible apoyo del Lic. Julio Ortiz, entregamos la semana pasada dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del Estado de México. 

Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en jurisprudencias y casos claves resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania. 

Por otro lado, sometimos a las autoridades un “Juicio Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo” de Alfredo Del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, referente a la soberanía popular, 40, referente a la República representativa y democrática, y 41, referente a la celebración de elecciones libres y auténticas. 

Esta sería la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su homólogo en el Estado de México, los ciudadanos estamos formalmente y cínicamente excluidos del proceso de impugnación. 

Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales? 

Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente tendrán que tomar en cuenta el Artículo Primero de la CPEUM que establece el principio “pro persona” lo cual obliga a todas las autoridades del país a recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección de los derechos humanos. 

Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”, participan en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la sociedad. 

Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y simulación es con la recuperación el espíritu original de las reformas electorales de los noventas permitiendo el acceso ciudadano a la justicia. Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos presentados por #NiUnFraudeMás. 

Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 26 de junio de 2017

"No la merecemos" (Revista Proceso, 25 de junio, 2017)


John M. Ackerman

¿Los mexicanos merecemos esta desgracia? 

Fue el francés ultraconservador ­Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien hizo famosa la frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. De la misma manera, los machos suelen justificar las inaceptables e indignantes agresiones sexuales a las mujeres echando la culpa a las víctimas por su manera de vestir o su forma de caminar. 

Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas sueñan con un mejor futuro, aun sabiendo que la narcopolítica está acabando con su país. 

No somos nosotros, las víctimas, sino los dirigentes del PRIANRD los responsables de la situación actual. En particular, el Partido Revolucionario Institucional ha traicionado su propio nombre destruyendo las instituciones, traicionado la revolución y desmantelado el sistema de partidos. Una enorme ola de hipocresía, cinismo y mentiras ha inundado la Nación. 

Todo se encuentra de cabeza y nada es como parece ser. Hoy se defiende la institucionalidad democrática cuestionando frontalmente a los corruptos e ineptos que tienen secuestrado al Estado, se enaltece los valores sociales de la Revolución Mexicana repudiando a los dos partidos políticos que llevan “revolución” en su nombre y se fortalece el sistema de partidos respaldando al único instituto político que no se define como un partido sino como “movimiento”. 

Si México fuera un país democrático, quizá podríamos dar algún crédito a la idea de que los mexicanos seríamos masoquistas que buscan el dolor y gozan del sufrimiento. Pero en el contexto actual de fraude institucionalizado e impunidad estructural, solo alguien totalmente desubicado podría afirmar que se respeta la soberanía popular en México. Para muestra, véase la falta de celebración alguna de parte de los supuestos votantes del PRI a partir del anuncio de la “victoria” prefabricada de Alfredo Del Mazo como Gobernador del Estado de México. 

También llamó la atención el silencio absoluto de las casi 60 empresas encuestadoras registradas para elaborar encuestas de salida y conteos rápidos durante la elección del 4 de junio en el Estado de México. Evidentemente sus resultados daban como ganadora a Delfina Gómez, pero fueron silenciadas y censuradas por el cada vez más repudiado narcogobiernoespía

El caso de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, fue particularmente escandaloso. Después de que su encuesta de abril le dio una clara ventaja a Gómez, Campos de repente se refugió en el silencio más sepulcral. Se negó a dar a conocer los resultados de su encuesta de mayo (y simultáneamente acusó cobardemente y falsamente a un servidor de haber confeccionado una versión de esa encuesta que había sido filtrada por periodistas de la fuente). Finalmente, a pesar de haber jurado que presentaría los resultados de su encuesta de salida a las 8 PM la noche de la elección, Campos de repente decidió guardar sus resultados y esconderse de las cámaras. 

Sin explicación alguna, el Instituto Electoral del Estado de México también decidió de última hora reducir de 5,204 a 3,324 el número de paquetes electorales abiertos durante el conteo distrital. Aun así, a partir del recuento parcial la supuesta ventaja de Del Mazo sobre Gómez se redujo de 3 a 2 por ciento. En algunas casillas recontadas los votos para Del Mazo sufrieron una reducción drástica, como en la Casilla 2836 Básica donde un servidor pudo observar personalmente como la cantidad de votos para el candidato del PRI pasó de 640 a 81. Uno puede imaginar fácilmente la cantidad de mañas hoy escondidas dentro de los 15,281 paquetes no abiertos. 

En estas mismas páginas (http://ow.ly/WBrX30cMhcN), ya hemos explicado algunas razones por las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si realmente fuera autónomo, tendría que anular la eventual entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. Pero como sabemos que la independencia de las instituciones electorales no es más que un “mito genial” (Pedro Aspe dixit), hay que pensar simultáneamente en otras estrategias para hacer valer la soberanía popular. 

Los ciudadanos no merecemos la desgracia que vivimos, pero sí tenemos una parte de la culpa. Por ejemplo, en el Estado de México cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudo haber registrado como observador electoral independiente, pero muy pocos lo hicieron. 

La elección presidencial de 2018 es demasiada importante para dejarla en manos de las instituciones realmente existentes. Asimismo, el reto es tan grande que tampoco podemos dejar en manos de Morena toda la responsabilidad de cuidar la elección. 

El fraude no solamente constituye un agravio en contra del candidato defraudado sino también en contra de toda la sociedad. Los ciudadanos libres tenemos la obligación histórica de movilizarnos de manera masiva a lo largo y ancho de la república no solamente para votar sino también para defender la autenticidad del sufragio ciudadano en 2018. De lo contrario, podemos estar seguros de que volverán a robarnos la esperanza. 

Dante acertó cuando escribió que “los lugares más calientes de infierno están reservados para aquellos en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad”.  Si la Nación vuelve a cubrirse en oscuridad no será la culpa de López Obrador sino de todos aquellos que se hayan quedado en las gradas observando la carnicería sin levantar un solo dedo. 


Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 11 de junio de 2017

"Nulidad necesaria" (Revista Proceso, 11 de junio, 2017)

John M. Ackerman

La grave violación a los principios constitucionales en materia electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. Si el conteo definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) da como “ganador” a Alfredo del Mazo, la elección tendría que ser anulada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales. 

En cualquier elección con una diferencia reducida entre el primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud del conteo oficial sino también de las condiciones generales en que se desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que determinar hasta que punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtica”, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso. 

A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. 

En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1,2 y 3 de junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al PRI”. 

Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de que estos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. 

En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de miles de votantes. 

En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas” sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM (alertando sobre posibles actos de violencia) y de la FEPADE (citando ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los comicios. 

En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomadas de la fila”, sin ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica porque hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. 

Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del PANAL y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. 

Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, solo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar acabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. 

Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo, apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tuvieran la valentía y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del Presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al diablo”. 

La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y libertad. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2119
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 29 de mayo de 2017

"Más allá de la indignación" (Revista Proceso, 28 de mayo, 2017)

John M. Ackerman

La absoluta descomposición del país es evidente para cualquiera dispuesto a abrir los ojos. 

Las ejecuciones de los corresponsales de La Jornada en Sinaloa y Chihuahua, Javier Valdéz y Miroslava Breach, así como de los activistas Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, y Miguel Vásquez, en Jalisco, constituyen un macabro mensaje dirigido hacia todos los mexicanos que buscamos un mejor país. Y el secuestro del periodista Salvador Adame, en Michoacán, las amenazas en contra de Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, y el asesinato del hijo de la periodista Sonia Córdova, en Jalisco, confirman que absolutamente nadie está a salvo frente a la ola de violencia criminal fomentada y protegida desde las más altas esferas del poder político y económico del país. 

Pero en lugar de atender la grave crisis humanitaria y democrática, las autoridades mexicanas prefieren indignarse y mandar sus “sentidos pésames” a Inglaterra por los ataques en Manchester, así como “exigir enérgicamente” el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Estas hipócritas cortinas de humo ya engañan a muy pocos. El pueblo mexicano paga altos salarios a sus autoridades públicas para que se preocupen en primero lugar por los grandes problemas nacionales y los resuelvan. Los asuntos internacionales son importantes, pero no deben fungir como distractores de las tareas principales de nuestros gobernantes. 

La situación nacional se agrava cada día no por una falta de capacidad institucional o de presupuestos públicos, sino por una total ausencia de voluntad política. 

En México, el “terrorismo” no lo ejercen fundamentalistas religiosos al servicio de un Estado extranjero, sino las redes criminales que controlan simultáneamente los aparatos gubernamentales, las obras privatizadas y el narcotráfico. Ya no hay una separación clara entre las esferas públicas y privadas o entre el crimen organizado dentro y fuera del gobierno. 

En este contexto, ¿tiene sentido seguir gritando “¡Justicia ya!” a las puertas de las oficinas gubernamentales supuestamente a cargo de llevar a cabo las investigaciones correspondientes? ¿Es útil presionar a las autoridades a fin de que tomen medidas para prevenir futuros ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos? 

Cada día este tipo de acciones lucen más ingenuos. La destrucción de la institucionalidad democrática bajo el mando de los narcogobiernos actuales es tan completa que la única esperanza para salir del presente infierno se encuentra en nosotros mismos. 

La autogestión, las redes de solidaridad, la lucha social y la organización comunitaria son nuestras rutas hacia el rescate nacional. Solamente así podremos superar el miedo y rebasar la enorme vulnerabilidad en que los poderes económicos y políticos nos han colocado a todos. 

Pero para ser realmente efectiva, la autogestión social también debe tener una salida política. La “resistencia” a secas debe transformarse en la conquista de la justicia y el poder gubernamental. El aguante debe traducirse en acción, y el estoicismo en indignación. 

El pueblo mexicano necesita urgentemente un poco de oxígeno para respirar. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya ha recetado a todos los capitalinos una muerte lenta a partir de los históricos niveles de contaminación registrados en las últimas semanas. Si seguimos por el mismo camino de destrucción institucional, las esperanzas y los anhelos democráticos de todo el pueblo mexicano tarde o temprano también morirán por asfixia. 

Es tiempo de sacudir el miedo, romper las reglas, tomar las calles, conversar con los vecinos, atiborrar las urnas, convencer a los colegas y gritar juntos “¡Ya basta!”. El gran pueblo mexicano merece más, mucho más, que este infierno. 

Todos tenemos la responsabilidad histórica para poner nuestro granito de arena. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2117
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 15 de mayo de 2017

"¿Gonorrea o sífilis?" (Revista Proceso, 14 de mayo, 2017)

Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia
John M. Ackerman

A los franceses no les dio gonorrea, sino sífilis. Perdió la elección presidencial la neo-fascista, Marine Le Pen, pero ganó el banquero neoliberal, Emmanuel Macron. Como un espejo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del año pasado, los franceses también fueron obligados a elegir entre dos representantes del viejo régimen. Así como Bernie Sanders fue derrotado por Hillary Clinton en las elecciones primarias del Partido Demócrata, el representante de las nuevas esperanzas ciudadanas en Francia, Jean Luc Mélenchon, también fue eliminado en la primera jornada de votaciones. 

La buena noticia, sin embargo, es que en ambos países hubo un relevo importante con respecto al liderazgo dentro de las fuerzas de izquierda. Específicamente, la vieja “socialdemocracia” hipócrita y burocrática, representada por Clinton y Francois Hollande, sufrió una derrota histórica en ambos países. 

En Francia, el candidato del partido político de Hollande, el llamado “Socialista”, recibió únicamente seis por ciento de la votación en la primera ronda de la elección presidencial. Nunca antes en la historia reciente había recibido una votación tan baja el partido del Presidente de la República en funciones. En contraste, Mélenchon recibió una histórica 20% de la votación en la primera vuelta y llegó a apenas 500 mil votos de pasar a la segunda vuelta. 

Macron es un político joven, de 39 años, pero con ideas antiguas y trasnochadas sobre los poderes mágicos del capital financiero y la supuesta superioridad de la “civilización europea”. Dos de sus propuestas más importantes, por ejemplo, son reducir drásticamente las prestaciones laborales de los trabajadores franceses y aumentar significativamente el gasto militar y de seguridad nacional. 

La victoria de Macron en la segunda vuelta entonces no responde a que el joven “tecnócrata” cuente con un gran respaldo popular, sino solo a que los franceses no son tan fácilmente engañados como los estadounidenses por las mentiras y los sofismos del neo-fascismo mundial representado por Donald Trump y Le Pen. La larga historia de luchas populares y el sólido compromiso de los franceses con el racionalismo funcionaron como antídotos efectivos en contra del elitismo y el racismo de la hija de Jean-Marie Le Pen. 

Afortunadamente, el mandato de Macron no será fácil. El nuevo Presidente no cuenta con un partido político propio que lo respalde y es muy probable que en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional ganen importantes posiciones las fuerzas de la oposición, sobre todo de la nueva izquierda liderada ahora por Melénchon. 

Ahora bien, la coyuntura política en México se compara favorablemente con las situaciones en Francia y los Estados Unidos. 

Por un lado, de manera similar a Estados Unidos y Francia, los candidatos que representan el “status quo” o el “sistema” muy probablemente también recibirán un fuerte voto de castigo en México. Así como los ciudadanos enviaron un mensaje de repudio a Clinton en 2016 y a Hollande en 2017, en México en 2018 la coalición gobernante, el PRIAN, necesariamente también sufrirá un terrible revés en las urnas. 

Por otro lado, en México no tendremos que conformarnos con una elección entre sífilis o gonorrea: entre Margarita y Osorio, o Anaya y Videgaray, por ejemplo. A diferencia de Francia y los Estados Unidos, existe la certeza de que el equivalente mexicano a Sanders y Mélenchon, Andrés Manuel López Obrador, aparecerá en la boleta electoral para la votación final y definitiva que tendrá lugar el domingo, 3 de junio de 2018. Ya no queda tiempo para legislar la “segunda vuelta”, al estilo francés, para las elecciones mexicanas y no hay necesidad alguna para celebrar elecciones “primarias”, al estilo estadounidense, para decidir quien sería el candidato presidencial del partido Morena. 

Un motivo adicional para la esperanza es que la cultura política mexicana en el fondo se parece más a la francesa que a la estadounidense. Nosotros tampoco somos tan fácilmente engañados por demagogos de derecha. Siglos de luchas y de conquistas populares han sembrada una profunda dignidad republicana dentro de las conciencias de todos los mexicanos. 

Ello es lo que explicaría el fracaso estrepitoso de los desesperados esfuerzos de parte de la oligarquía de fabricar una versión mexicana de Trump o Le Pen en México por medio de la figura de las “candidaturas independientes”. Ni Jaime Rodríguez, ni Pedro Ferriz del Con, ni Jorge Castañeda han generado el amplio apoyo ciudadano que se requeriría para ganar una elección presidencial. Y la patética nueva precandidatura de Armando Ríos Piter, miembro de la clase política más rancia de Guerrero del clan vendepatrias de Luis Videgaray, no tendrá mejor suerte. 

La única forma para imponer la peste en México 2018 será entonces por medio de la comisión de uno de los fraudes más grandes de la historia. A los ciudadanos nos toca frenar el atraco. 


Twitter: @JohnMAckerman