ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 5 de febrero de 2017

"Hipocresía constitucionalizada" (Revista Proceso, 5 de febrero, 2017)

Osorio Chong y Encinas "promulgan" la Constitución CDMX
John M. Ackerman

Hoy, 5 de febrero de 2017, en el centenario de nuestra Carta Magna, seremos testigos de un grotesco espectáculo en que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigirán como los guardianes de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia.

Con enorme cinismo, los rateros se presentarán como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciarán a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciarán discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmarán que favorecen la justicia social. Y los asesinos jurarán su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer Presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en que se coloca en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente en la práctica de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millión de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del “Pacto por México”, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, Diputada Constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad). El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan. Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales, a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar en un “marchodromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis anti-revolucionaria en que los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política, en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

11 comentarios:

  1. EFECTIVAMENTE, "la celebración" del Centenario de la Constitución de 1917, es una "ridícula fiesta de la oligarquía gobernante en México". Entre ellos y acarreados se aplaudirán, pero la lucha popular se fortalece cada día en la búsqueda de un mejor país a partir del próximo 2018.

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    1. Así es Azael. La lucha popular se está fortaleciendo. Hay esperanzas.

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  2. Señor Alejandro Encina nos ha dejado con la boca abierta de ver que usted es otro Mancerda, ojala el lic AMLO vea la clase de persona que se ha convertido usted ,y no lo invite a formar parte de su equipo

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  3. Como siempre, muy instructivo su artículo doctor Ackerman. Siendo usted un constitucionalista, nos aporta información sobre estas cuestiones que son de suma importancia para nuestro país. Toda la población debe de enterarse de la manera en que la Constitución Mexicana ha sido cambiada por estos buitres ansiosos de riqueza y de poder. Esto, en realidad, es algo que no debería de haber sucedido nunca si todo el pueblo hubiera tenido la suficiente consciencia para impedirlo. De los movimientos sociales ocasionados por el hartazgo de los ciudadanos y de las ciudadanas deberán surgir caminos para forzar al gobierno a echar hacia atrás todas sus reformas neoliberales y regresar al país a una estabilidad que permita reconstruirlo y reconstruir el tejido social tan afectado en los últimos años. Gracias por su valentía.

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  4. Coincido estimado y admirado John, los instrumentos del narcoEstado o marionetas como los de la foto son parte del grupo que regaló lo que quedaba de país. Pero la esperanza es que en 2018 votemos por AMLO, querría ver 40 millones de votos, mínimo de quienes estamos hasta la coronilla de los traidores regalapatrias. Esa es la misión y la tarea

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  5. Gracias John, por decirles a estos vende-patrias un poco de lo que se merecen.

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  6. Estimado Señor Ackerman agradezco su quehacer político, evidentemente es diferente de la "política" asquerosa de nuestros mandatarios, 70 años que hemos sobrevivido con estos rateros en el poder ha sido por las circunstancias históricas, que no permitieron que el pueblo se educara, ahora pese a todo son más los jóvenes que acceden a espacios educativos y están conscientes de la clase de país en donde viven, así que para las personas -si así se les puede llamar- que estan en el gobierno, no subestimen a las nuevas generaciones, no piensen que sus ganancias son eternas, habrá sorpresas para TODOS en el próximo 2018.

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  7. Estimado John. Creo que vamos a tener que hacerles válida la declaración del cerdo QEPD Fidel Velázquez: " a balazos llegamos y a balazos nos sacarán"

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    1. Todo bien salvo "QEPD", debiendo ser: ¡Que rostizandose esté en el infierno por toda la eternidad ese cerdo asesino!

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  8. Estimado John. Espero que ya se esté haciendo, pero creo que solamente generando un Verdadero Pacto para México, que haga sinergia con todas las fuerzas opositoras a este podrido sistema, podremos dar un paso hacia la dignidad que este país merece. Con un Pacto como el de la Moncloa, sabremos si todos esos "independientes" verdaderamente aman a México o si son comparsas del sistema.

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  9. Otro de los problemas que surge en la legislación de cualquier clase es que por muchos preceptos, artículos, candados, cláusulas que se establezcan en la Carta Magna; su espíritu de justicia se quebranta por la ausencia de ética de la clase política, acostumbrada a pisotear el estado de derecho.

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