ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 19 de marzo de 2017

"Trump en el banquillo" (Revista Proceso, 19 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El pasado miércoles 15, un amplio grupo de ciudadanos libres de México y Estados Unidos acompañamos a Andrés Manuel López Obrador en la entrega de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncia el carácter racista y violatorio de derechos humanos de las "órdenes ejecutivas” emitidas por Donald Trump el pasado 25 de enero. También solicitamos que la CIDH emita inmediatamente medidas cautelares para docenas de casos específicos de migrantes que hoy se encuentran bajo riesgo inminente de perder su libertad, su seguridad y su patrimonio por las acciones antimigrantes del gobierno estadounidense. 

Las órdenes ejecutivas mandatan la construcción de un muro fronterizo y abren la puerta para la expulsión masiva e indiscriminada de migrantes indocumentados. Estas acciones de Trump son el equivalente a una declaración de guerra en contra de México y los mexicanos. De la noche a la mañana, todos los mexicanos de ambos lados del río Bravo se han convertido en personas sospechosas e indeseables por el simple hecho de haber nacido en este país. 

La condición de estar indocumentado en un país extranjero de ninguna manera cancela la vigencia de los derechos humanos. Tal como el abogado redactor de la denuncia, Netzaí Sandoval, explica en la petición, las autoridades de Estados Unidos están obligadas por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 a respetar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho al asilo y las protecciones especiales para los niños, entre otros.

Las naciones tienen el derecho a regular sus fronteras, pero una vez que alguien se encuentra dentro del territorio nacional, no deben permitirse detenciones generalizadas y arbitrarias basadas en la simple sospecha de que alguno de los capturados pudiera carecer de documentos migratorios en regla. Este tipo de redadas son particularmente graves cuando están dirigidas intencionalmente en contra de un grupo étnico, racial o nacional, como es el caso actual con los mexicanos. 

El autor con AMLO en el Club Nacional de Periodistas en Washington, D.C.
Y aun cuando las autoridades hayan identificado claramente a una persona indocumentada, todavía hace falta que un juez que goce de autonomía e independencia autorice la reclusión y, en su caso, la expulsión. Ello es particularmente importante en los casos en que se pudiera poner en peligro la vida de la persona deportada o si la deportación pudiera afectar gravemente los derechos de los familiares de la persona procesada, como los niños, por ejemplo.

La misma CIDH ya se ha pronunciado respecto del carácter violatorio de los derechos humanos de las órdenes ejecutivas de Trump. 

En un comunicado de prensa del pasado 1 de febrero, la comisión expresó que "la aplicación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de circulación, entre otros. En particular, a la comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltas a los países de los cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas” (véase: oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/008.asp).

Frente a esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha tomado ninguna acción más allá de pronunciar un par de discursos vacíos, "dar la bienvenida” personalmente a un grupo de deportados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y anunciar que los consulados ahora sí prestarán el apoyo a los migrantes mexicanos que tendrían que haber estado dando desde el principio. 

Como Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México podría presentar una querella formal a este organismo, pero por alguna extraña razón a Luis Videgaray le ha temblado la mano. En contraste, López Obrador ha anunciado que llevará el caso formalmente a la ONU desde el inicio de su eventual mandato presidencial en 2018.

Si cualquier otro país del mundo tomara acciones similares a las de Trump en contra de los ciudadanos de Estados Unidos, el gobierno de aquella nación sería el primero en impugnar estas acciones discriminatorias en todas las instancias y los tribunales internacionales posibles.

Y si un gobierno distanciado de Washington, como Cuba, Venezuela o Rusia, aprobara "acciones ejecutivas” similares a las de Trump, la comunidad internacional inmediatamente las condenaría como ejemplos de un autoritarismo imperdonable. 
El abogado Netzaí Sandoval entrega la denuncia de AMLO en la CIDH
Pero Peña Nieto prefiere mantenerse calladito en espera de que su actitud servil pudiera generar alguna recompensa económica o política para él, sus amigos o sus cómplices en el corto plazo, así como impunidad y protección después de que salga de Los Pinos en diciembre de 2018.

Frente al total abandono del gobierno de Peña Nieto de sus responsabilidades públicas e internacionales, los ciudadanos tenemos la obligación moral e histórica de actuar. Ya más de 12 mil ciudadanos se han sumado a esta acción ciudadana convocada por López Obrador (véase: http://ow.ly/K0rx309ZbDz). Asimismo, se han adherido docenas de distinguidos abogados, activistas y escritores de Estados Unidos y México, incluyendo Nestora Salgado, Elena Poniatowska, Greg Grandin, Alejandro Solalinde, Genaro Góngora, Miguel Tinker-Salas, Enrique Dussel, Epigmenio Ibarra, Mark Weisbrot, José Luis Caballero y Manuel Becerra, entre muchos otros.

En lugar de interrumpir los discursos y agredir injustamente al tabasqueño, los ciudadanos libres deberíamos acompañarlo y respaldarlo como una parte esencial de nuestra lucha común a favor de la justicia, la paz y la democracia. Sólo unidos y organizados tendremos alguna posibilidad tanto de determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como de generar un nuevo régimen donde no haya ni un solo desaparecido más. 

El triunfo sólo será posible si sabemos identificar bien a nuestros adversarios. Hagamos votos para que los luchadores sociales de buena fe no vuelvan a caer en las trampas y las provocaciones del poder. E insistamos en que López Obrador cada día cumpla con mayor firmeza con su compromiso público de defender enérgicamente los derechos humanos de todos los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2107
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 6 de marzo de 2017

"Como parar el fraude de 2018" (Revista Proceso, 5 de marzo, 2017)


John M. Ackerman

El régimen autoritario prepara un enorme fraude para imponer en Los Pinos a quien resulte ser el candidato de la continuidad en 2018. Los capitanes del poder económico y político del país ya se dieron cuenta de que ninguno de sus candidatos logrará reunir suficientes votos para ganar limpiamente en las próximas elecciones presidenciales. La indignación ciudadana ha crecido tanto y la ineptitud gubernamental ha llegado a un extremo tan intolerable que la mayoría de los votos libres inevitablemente apoyará al único candidato antisistema viable: Andrés Manuel López Obrador. 

Este desenlace es inaceptable para quienes manejan las redes de impunidad y de saqueo. Quien no sabe "aceptar la derrota” no es el tabasqueño, sino el sistema de corrupción y violencia institucionalizada que ha malgobernado desde hace 71 años, a partir de la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. La llegada a Los Pinos de alguien honesto, digno y cercano al pueblo implicaría la pérdida de enormes negocios, e incluso posible responsabilidad penal, para una gran cantidad de individuos que hoy viven como simples parásitos del sistema. 

Las estrategias para la defraudación de la voluntad popular se modernizan y actualizan con cada elección presidencial. En 1988, simplemente "se cayó el sistema” y se reacomodaron las cifras desde la Secretaría de Gobernación para garantizar el "triunfo” de Carlos Salinas, con 51% de la votación. Posteriormente, la flamante alianza entre el PRI y el PAN, articulada por medio de la voz de Diego Fernández de Cevallos, ordenaría la destrucción de las boletas electorales para evitar cualquier cuestionamiento futuro de la legitimidad de Salinas. 

En 2006, el instituto electoral supuestamente "autónomo” utilizó técnicas un poco más sutiles de manipulación informativa para hacer lo mismo que Gobernación en 1988. Todos recordamos cómo el entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, quien había llegado a su puesto gracias a su cercanía con Elba Esther Gordillo, ordenó a los consejos distritales del instituto limitar al máximo el recuento de los votos. Posteriormente, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se negaron a permitir el escrutinio ciudadano de las boletas electorales y finalmente las mandaron destruir utilizando los mismos argumentos que en 1988. 

En 2012, se modernizó el sistema de fraude electoral complementando las viejas estrategias con algunas novedades. Nunca antes en la historia de México había fluido tanto dinero irregular en una campaña electoral. La Comisión Especial Monex, de la Cámara de Diputados, estimó que Peña Nieto había rebasado por lo menos 14 veces el tope de gastos establecido por la ley. En 2012 el enorme flujo de dinero ilegal desbordó todos los ríos, financiando cobertura mediática sesgada, encuestas cuchareadas, hackeo y manipulación digital, acarreos enormes a los actos de campaña del PRI y el operativo de compra y coacción de voto más grande en la historia de México. 

Estamos obligados a preguntarnos respecto de las fuentes de este insultante gasto electoral. El IFE jamás investigó, pero periodistas independientes, como Carmen Aristegui, han revelado que por lo menos una parte del financiamiento para las tarjetas Monex provino de otra empresa, Grupo Comercializador Cónclave, que es manejado por uno de los operadores financieros más importantes del Cártel de Juárez (véase: http://ow.ly/xaPa309wdYa). 


El régimen autoritario ya viene ensayando nuevas estrategias de fraude para complementar las ya utilizadas en 1988, 2006 y 2012, y así evitar tener que reconocer su inminente derrota en 2018. Uno de los mecanismos nuevos más importantes es la utilización de las redes sociales para sembrar pánico y miedo entre la población. 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones para gobernador de Veracruz, en 2016, circularon miles de mensajes apócrifos vía WhatsApp, SMS, Facebook y Twitter con "información” de posibles actos de violencia que pudieran ocurrir el día de las elecciones, con el fin de que los ciudadanos libres no salieran de sus casas para participar en los comicios. Simultáneamente, se protagonizaron algunos actos de violencia estériles —evidentemente provocados y que no "pondrían en riesgo la validez de las elecciones” desde un punto de vista legal— con el fin de generar notas periodísticas que validaran la histeria circulante vía redes sociales. 

Esta estrategia del miedo se perfeccionó en el contexto de las protestas contra el gasolinazo a principios del año en curso. Tal y como ya hemos documentado en estas páginas, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en América Latina han aplicado sistemáticamente estrategias de "guerra psicológica” por lo menos desde el golpe de Estado orquestado por Washington en Guatemala en 1954 (véase: proceso.com.mx/469711/saqueadores). 

¿Cómo derrotar la cuarta generación de fraude electoral que ya se viene preparando en los corrillos del poder? 

Con una enorme alegría popular y una masiva participación ciudadana que no solamente retaca las urnas con votos dignos sino que también llena los espacios públicos y las redes sociales con una gran celebración nacional a favor del inicio de un nuevo régimen. 

No podemos esperar que surja espontáneamente otro movimiento de dignidad juvenil, como el de #YoSoy132, en 2012, sino que tenemos que organizarlo e impulsarlo desde ahora. Y el día de las elecciones presidenciales no podemos limitarnos a solamente depositar nuestros votos, sino que también tenemos que reu­nirnos en todas las plazas públicas del país, pacíficamente y con gran alegría, para demostrar tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al régimen de oprobio que ha llegado la hora para que mande el pueblo. 

No podemos confiar en el INE, pero sí ha llegado la hora para confiar en nosotros mismos. Quienes se resisten al cambio son en realidad muy pocas personas, aunque cuentan con grandes recursos y buscarán infundir miedo y zozobra entre la población. Nosotros somos más y, si nos organizamos, podemos ahogar fácilmente el miedo y las mentiras con una enorme ola de alegría y participación ciudadana. Hasta la victoria, siempre. 

@JohnMAckerman 

Publicado en Revista Proceso No. 2105
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados