ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 17 de abril de 2017

"La mafia en problemas" (Revista Proceso, 16 de abril, 2017)


Javier Duarte y Tomás Yarrington
John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una organización política que carece de cualquier ideología o proyecto político. Lo único que une a sus integrantes es un enorme pacto de corrupción e impunidad. Como una gran mafia donde todos deben algún favor a los demás, y donde cada uno es testigo de las faltas de los otros, esta enorme red de cinismo institucionalizado solamente funciona cuando puede seguir garantizando cada vez mayores oportunidades de lucro así como efectivos salvoconductos frente a la ley.

Las detenciones del ex-gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia, y de Javier Duarte, en Guatemala, demuestran que la red de autoprotección llamada PRI empieza a fragmentarse y debilitarse. Yarrington era prófugo de la justicia desde 2012, acusado de crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos. El ex-gobernador había podido caminar libremente por el mundo durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la misma manera en que el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte lo hizo desde su escape pactado hace seis meses, y el ex-gobernador de Chihuahua, César Duarte, lo hace hoy en El Paso.

Pero de repente las autoridades estadounidenses interrumpieron los planes de golf y buen vino de Yarrington en Florencia y alertaron al gobierno italiano sobre la ubicación del prófugo. El gobierno guatemalteco hizo lo mismo en el caso de Javier Duarte, quien disfrutaba del centro vacacional de Panajachel en el hermoso Lago de Atitlán.  Hace un año ocurrió algo similar en el caso de Humberto Moreira. Las vacaciones de lujo del ex-gobernador de Coahuila fueron abruptamente interrumpidas por las autoridades españolas actuando en respuesta a una orden de detención emitida por Washington.  

Todo parece indicar que en su desesperación por salvarse a si mismos, la cúpula del PRI-gobierno está dispuesto a traicionar a todos, incluyendo a sus aliados y amigos más cercanos. Ofrecerán todas las cabezas necesarias a los leones del norte con tal de salvar sus propios pellejos. 

Esta coyuntura evidentemente genera gran nerviosismo en las filas del PRI y podría tener un fuerte impacto en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Si el régimen es incapaz de proteger a sus generales, los ex-gobernadores, tampoco podrá garantizar la impunidad para sus soldados y sargentos, lo miles de operadores políticos que manejan directamente la compra, la coacción y el acarreo de votantes el día de las elecciones.

De acuerdo con la ley, quien condiciona apoyos gubernamentales al voto por un candidato, retiene la credencial de elector de un votante, pide alguna evidencia del sentido voto, o transporta los votantes a la casilla electoral, comete un delito y podría terminar en la cárcel por seis meses y hasta tres años. 

Aún si ganara el PRI la elección correspondiente, no existe garantía alguna de que los operadores gozarán de la protección necesaria. Los líderes del “nuevo” PRI han demostrado una y otra vez que son capaces de dar la espalda a absolutamente todos, aún a los más leales y sobre todo a los más débiles, cuando es necesario. 

Quizás esta situación es lo que explica el inaudito crecimiento de la candidatura de Delfina Gómez, de Morena, en el Estado de México. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo para apoyar a un sistema en franca descomposición que ya no ofrece ninguna recompensa segura hacia el futuro?  Es la pregunta que hoy se están haciendo los operadores del PRI en todo el país.

Pero no podemos permitirnos el lujo de observar pasivamente desde las gradas la autodestrucción del régimen del partido de Estado. Tenemos la obligación ciudadana de participar directamente en la construcción de una nueva república basada en la justicia y la equidad.

Es por ello que un amplio grupo de escritores, académicos y artistas hemos unido esfuerzos para lanzar la iniciativa “Ni un fraude más” (véase: www.NiUnFraudeMas.org) que busca garantizar la equidad en la contienda electoral en el Estado de México, y en particular evitar la imposición fraudulenta de Alfredo III como el próximo gobernador del Estado de México. El pasado jueves, 6 de abril, celebramos nuestra conferencia de prensa de lanzamiento. Asistieron Lorenzo Meyer, Rubén Albarrán, Epigmenio Ibarra, Fabrizio Mejía, Irma Eréndira Sandoval, Margarita Favela, Jorge Zarate, Manuel Fuentes, y Gerardo del Fuente, entre otros. También asistieron, en calidad de invitados especiales, Delfina Gómez y Horacio Duarte.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la denuncia ciudadana y apoyar con la documentación de irregularidades electorales en el Estado de México. Ya empiezan a fluir las denuncias a las redes sociales de la iniciativa (Facebook: NiUnFraudeMasMX, Twitter: @NiUnFraudeMasMx)

Todos sabemos que las instituciones electorales simplemente se hacen de la vista gorda. Pero en lugar de sólo quejarnos de la evidente traición de los consejeros y los magistrados electorales a sus mandatos, los ciudadanos también tendríamos que actuar para suplir esta ausencia y construir directamente un nuevo contexto de exigencia democrática. 

Urge recuperar el espíritu de participación ciudadana y de esperanza de transformación que motivó a tantos ciudadanos a participar en la política a finales del siglo pasado. El contundente fracaso de la transición PANista no implica necesariamente que la próxima transición, la Morenista, tendría el mismo resultado. 

La historia no siempre se repite y depende de nosotros hacer otro mundo posible. México lo merece.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 3 de abril de 2017

"Descomposición y esperanza" (Revista Proceso, 2 de abril, 2017)


John M. Ackerman 

Dice Enrique Peña Nieto que la crisis generalizada del Estado mexicano sólo existiría en nuestras “cabezas” e insiste en culpar a Andrés Manuel López Obrador y su supuesto “populismo” por todos los males del país. Y en un esfuerzo sumamente peligroso que muestra su gran desesperación, el Presidente en funciones también ha buscado confrontar las Fuerzas Armadas directamente con el tabasqueño. 

Felipe Calderón también se ha sumado a la feria de ataques en contra de quien encabeza todas las encuestas pre-electorales, recurriendo a su muy sobado y desgastado discurso fantasioso de que López Obrador se parecería a Hugo Chávez y que por lo tanto sería un “peligro para México”. 

Darían risa estos esfuerzos por distraer la atención ciudadana del enorme fracaso de los gobiernos del PRIAN si no fueran tan indignantes y cínicos. Resulta que los responsables por la total descomposición del país ahora quieren culpar al hombre a quien ellos mismos le han robado la presidencia en dos ocasiones y que no ha ocupado un solo cargo público desde hace más de una década. 

Los hechos demuestran fehacientemente que la crisis generalizada no sólo existe en nuestras cabezas sino que es una realidad palpable a lo largo y ancho de la república. Y la historia demostrará con gran claridad quienes son los verdaderos culpables por la destrucción de la patria y la descomposición de la institucionalidad democrática. 

Por ejemplo, de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia quien gozaba con un nombramiento del Congreso del Estado hasta el año 2020, es uno de los capos del narcotráfico más importantes en su estado, de mayoría PRIista, y que conspiraba para la manufactura y la distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana. 


El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha informado que el cobarde asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado, habría sido motivado por la “narcopolítica”. De acuerdo con Humberto Moreira, ex-presidente del PRI y quien fue detenido el año pasado en España bajo acusaciones de lavado de dinero, Felipe Calderón robó la presidencia a López Obrador en 2006 por medio de un fraude descarado. 

El ex-gobernador PANista de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra hoy recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto Javier Duarte como César Duarte, ex-gobernadores PRIistas respectivamente de los estados de Veracruz y Chihuahua, hoy se encuentran prófugos de la justicia, acusados también por desvíos millonarios de dineros públicos y privados. 

El gobernador suplente de Javier Duarte en Veracruz, Flavino Ríos, hoy se encuentra encarcelado y sujeto a preso penal por tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento. Mauricio Audirac, secretario de Finanzas de Veracruz durante la administración de Duarte, fue detenido el pasado miércoles por el delito de coalición de servidores públicos para violar la ley. 

El Diputado Federal de Chihuahua y cercano ex-colaborador de César Duarte, Antonio Tarín, es acusado por peculado de 300 millones en perjuicio del erario, pero logró evitar su detención con la presentación de un amparo conseguido en tiempo record el pasado miércoles 29. Y en otra decisión judicial sospechosa, un juez dejo libre a Diego Cruz, uno de los integrantes de Los Porkys acusado de atacar sexualmente a una joven menor de edad en Veracruz, alegando que supuestamente el Ministerio Público no había acreditado plenamente “el estado de indefensión de la víctima” y “la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”. 

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló casi toda la “Ley Atenco” que legaliza la represión y la criminalización de la protesta social, aprobada el año pasado por los socios de Peña Nieto y Eruviel Ávila en el Congreso del Estado de México. Tal y como ya hemos analizado en estas mismas páginas (véase: http://www.proceso.com.mx/436382/mexico-sitiado), el artículo 7 y todo el Capítulo III de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autorizan de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. 

Mientras, la violencia en contra de los periodistas se ha aumentado de manera escalofriante durante 2017. Además del indignante e inaceptable caso de Breach, en las últimas semanas también han sido ejecutados Celio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz. Otro periodista de Veracruz, el jefe de redacción del diario La Opinión en Poza Rica Armando Arrieta, sufrió un atentado la semana pasada y hoy se debate entre la vida y la muerte. En Los Cabos, el periodista Julio Omar Gómez también fue emboscado afuera de su casa esta última semana. Murió su escolta en el ataque. 

Es hora de que Calderón y Peña finalmente acepten su derrota. Ellos son los responsables por la total descomposición de la República y es tiempo de que se vayan a sus casas, sin pensión alguna de parte del Estado desde luego. 

Los ciudadanos libres hemos llegado a la conclusión de que para reestablecer la institucionalidad democrática y la justicia social es necesario probar algo nuevo. Ya no queremos más de lo mismo. 

Respetamos al pueblo uniformado, pero no permitiremos que los generales nos gobiernen a punta de pistola. Respetamos las instituciones y las leyes, pero exigimos que sirvan a la justicia y al pueblo en lugar de a la impunidad y el saqueo. ¡Ya basta! 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2109
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