ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 26 de junio de 2017

"No la merecemos" (Revista Proceso, 25 de junio, 2017)


John M. Ackerman

¿Los mexicanos merecemos esta desgracia? 

Fue el francés ultraconservador ­Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien hizo famosa la frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. De la misma manera, los machos suelen justificar las inaceptables e indignantes agresiones sexuales a las mujeres echando la culpa a las víctimas por su manera de vestir o su forma de caminar. 

Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas sueñan con un mejor futuro, aun sabiendo que la narcopolítica está acabando con su país. 

No somos nosotros, las víctimas, sino los dirigentes del PRIANRD los responsables de la situación actual. En particular, el Partido Revolucionario Institucional ha traicionado su propio nombre destruyendo las instituciones, traicionado la revolución y desmantelado el sistema de partidos. Una enorme ola de hipocresía, cinismo y mentiras ha inundado la Nación. 

Todo se encuentra de cabeza y nada es como parece ser. Hoy se defiende la institucionalidad democrática cuestionando frontalmente a los corruptos e ineptos que tienen secuestrado al Estado, se enaltece los valores sociales de la Revolución Mexicana repudiando a los dos partidos políticos que llevan “revolución” en su nombre y se fortalece el sistema de partidos respaldando al único instituto político que no se define como un partido sino como “movimiento”. 

Si México fuera un país democrático, quizá podríamos dar algún crédito a la idea de que los mexicanos seríamos masoquistas que buscan el dolor y gozan del sufrimiento. Pero en el contexto actual de fraude institucionalizado e impunidad estructural, solo alguien totalmente desubicado podría afirmar que se respeta la soberanía popular en México. Para muestra, véase la falta de celebración alguna de parte de los supuestos votantes del PRI a partir del anuncio de la “victoria” prefabricada de Alfredo Del Mazo como Gobernador del Estado de México. 

También llamó la atención el silencio absoluto de las casi 60 empresas encuestadoras registradas para elaborar encuestas de salida y conteos rápidos durante la elección del 4 de junio en el Estado de México. Evidentemente sus resultados daban como ganadora a Delfina Gómez, pero fueron silenciadas y censuradas por el cada vez más repudiado narcogobiernoespía

El caso de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, fue particularmente escandaloso. Después de que su encuesta de abril le dio una clara ventaja a Gómez, Campos de repente se refugió en el silencio más sepulcral. Se negó a dar a conocer los resultados de su encuesta de mayo (y simultáneamente acusó cobardemente y falsamente a un servidor de haber confeccionado una versión de esa encuesta que había sido filtrada por periodistas de la fuente). Finalmente, a pesar de haber jurado que presentaría los resultados de su encuesta de salida a las 8 PM la noche de la elección, Campos de repente decidió guardar sus resultados y esconderse de las cámaras. 

Sin explicación alguna, el Instituto Electoral del Estado de México también decidió de última hora reducir de 5,204 a 3,324 el número de paquetes electorales abiertos durante el conteo distrital. Aun así, a partir del recuento parcial la supuesta ventaja de Del Mazo sobre Gómez se redujo de 3 a 2 por ciento. En algunas casillas recontadas los votos para Del Mazo sufrieron una reducción drástica, como en la Casilla 2836 Básica donde un servidor pudo observar personalmente como la cantidad de votos para el candidato del PRI pasó de 640 a 81. Uno puede imaginar fácilmente la cantidad de mañas hoy escondidas dentro de los 15,281 paquetes no abiertos. 

En estas mismas páginas (http://ow.ly/WBrX30cMhcN), ya hemos explicado algunas razones por las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si realmente fuera autónomo, tendría que anular la eventual entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. Pero como sabemos que la independencia de las instituciones electorales no es más que un “mito genial” (Pedro Aspe dixit), hay que pensar simultáneamente en otras estrategias para hacer valer la soberanía popular. 

Los ciudadanos no merecemos la desgracia que vivimos, pero sí tenemos una parte de la culpa. Por ejemplo, en el Estado de México cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudo haber registrado como observador electoral independiente, pero muy pocos lo hicieron. 

La elección presidencial de 2018 es demasiada importante para dejarla en manos de las instituciones realmente existentes. Asimismo, el reto es tan grande que tampoco podemos dejar en manos de Morena toda la responsabilidad de cuidar la elección. 

El fraude no solamente constituye un agravio en contra del candidato defraudado sino también en contra de toda la sociedad. Los ciudadanos libres tenemos la obligación histórica de movilizarnos de manera masiva a lo largo y ancho de la república no solamente para votar sino también para defender la autenticidad del sufragio ciudadano en 2018. De lo contrario, podemos estar seguros de que volverán a robarnos la esperanza. 

Dante acertó cuando escribió que “los lugares más calientes de infierno están reservados para aquellos en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad”.  Si la Nación vuelve a cubrirse en oscuridad no será la culpa de López Obrador sino de todos aquellos que se hayan quedado en las gradas observando la carnicería sin levantar un solo dedo. 


Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 11 de junio de 2017

"Nulidad necesaria" (Revista Proceso, 11 de junio, 2017)

John M. Ackerman

La grave violación a los principios constitucionales en materia electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. Si el conteo definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) da como “ganador” a Alfredo del Mazo, la elección tendría que ser anulada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales. 

En cualquier elección con una diferencia reducida entre el primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud del conteo oficial sino también de las condiciones generales en que se desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que determinar hasta que punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtica”, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso. 

A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. 

En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1,2 y 3 de junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al PRI”. 

Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de que estos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. 

En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de miles de votantes. 

En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas” sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM (alertando sobre posibles actos de violencia) y de la FEPADE (citando ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los comicios. 

En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomadas de la fila”, sin ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica porque hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. 

Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del PANAL y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. 

Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, solo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar acabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. 

Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo, apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tuvieran la valentía y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del Presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al diablo”. 

La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y libertad. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2119
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados